Demanda por US$ 186 mil tras 936 días de reclusión indebida

Los ahora reclamantes, que exigen una indemnización al Poder Judicial por el daño moral sufrido, fueron acusados por una rapiña de la que fue víctima un hombre en su casa de Solymar. En ese momento, el juez de Ciudad de la Costa, Juvenal Javier, consideró que había pruebas para imputarlos por ese ilícito.

Sin embargo, al finalizar el proceso, la jueza Marcela Vargas (que quedó a cargo del expediente) entendió que las pruebas reunidas durante el proceso no eran suficientes para condenarlos a cinco años y ocho meses de prisión como había pedido la fiscal Silva Mascaró, y absolvió a los acusados disponiendo su liberación. De esa forma la Justicia puso fin a 936 días de privación de libertad que ambos jóvenes vivieron en la cárcel de Canelones, "el tercer peor lugar de reclusión del país (luego del Penal de Libertad y Comcar)", dicen en la demanda presentada contra la Suprema Corte de Justicia.

En total, los dos jóvenes, representados por los abogados Nicolás Pereyra y Christian Paullier, reclaman US$ 186.800 (US$ 93.400 para cada uno).

"Han transcurrido buena parte de mis mejores años en reclusión, imputado por un supuesto delito inefable (un delito de rapiña muy especialmente agravado) que no se demostró hubiere cometido. Con todo la lesión, el descrédito y el estigma social que eso significa para el resto de mi vida, aunque se hubiere proclamado judicialmente mi inocencia", señala la demanda a la que tuvo acceso El Observador. Por aspectos formales, los abogados presentaron un reclamo por cada implicado, pero los argumentos son los mismos para ambos casos.

Daño

Los reclamantes detallan varios aspectos de la reclusión y los daños generados, como el haber presenciado reyertas entre los internos, algunas de ellas con resultados mortales.

A las demandas se adjuntó un informe de una psicóloga que acredita los perjuicios padecidos por los reclamantes. "No tenía espacio suficiente para poder dormir, en la celda en la que me alojaba había 3 camas para 6 u 8 reclusos. Ello le produjo secuelas psicológicas permanentes", alega el texto del reclamo civil.

Por otra parte, en el caso de uno de los demandantes, se apunta a la responsabilidad del Poder Judicial por el accionar incorrecto de un defensor de oficio que no rebatió los argumentos de la fiscal cuando pidió la condena de cinco años y ocho meses.

En 2017 entrará en vigencia en nuevo Código del Proceso Penal, que instaurará un sistema oral, acusatorio y público que acota el uso de la prisión preventiva y al reducir sensiblemente los plazos de los procesos se estima que llevará a que situaciones de este tipo no se repitan o, en su caso, hará que la resolución absolutoria no demore tanto tiempo.