Democracia en Israel: en obras o en demolición

Desde su independencia, y dada la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre la definición confesional del Estado, Israel, un país compuesto por minorías árabes, drusas y circasianas, y por una mayoría de judíos laicos, tradicionalistas y muy minoritariamente ortodoxos, adoptó un inestable e indefinido status quo respecto a la religión. Ello ha impedido el establecimiento de una Constitución, como la que existe en la inmensa mayoría de las democracias occidentales. Y a diferencia del Reino Unido, que también carece de ella tal vez por ser la más antigua y experimentada de todas, tampoco dispone de un Parlamento bicameral. Por defecto, una “ley de razonabilidad”, como la que está en vilo en Israel ante la actual reforma que lidera el gobierno de Benajamín Netanyahu, intenta paliar esa carencia para evitar una posible dictadura de la mayoría sobre los demás segmentos de la sociedad. Dependiendo de quién ha ostentado el cargo de “Asesor jurídico del Gobierno”, amparado por la Suprema Corte, la interpretación de dicha ley se ha hecho más o menos restrictiva para los gobiernos de turno y para la separación de los poderes.

Las reformas que propone la estrecha coalición actual (64 escaños de 120) aspira a eliminar la capacidad de veto judicial a leyes que se consideren de dimensión constitucional o susceptibles de afectar a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, además de hacer inamovible a un primer ministro por cargos criminales probados (casualmente cuatro juicios amenazan al actual premier Netanyhau) y arrogarse una mayoría automática en la comisión que selecciona a los jueces, (tal vez los que juzguen a este mandatario) hasta ahora elegidos exclusivamente por el mismo cuerpo judicial; como en muchos países o elegidos popularmente (salvo para el Supremo) en elecciones directas como en Estados Unidos.

De aprobarse la reforma originalmente propuesta, este o cualquier gobierno con una mínima mayoría parlamentaria absoluta necesaria para ser investido (61 escaños) permitiría al Poder Ejecutivo gobernar sin limitación alguna, incluyendo la improbable (pero posible) cancelación parcial o total de las garantías democráticas una vez desaparecida definitivamente la ya hoy endeble división de poderes. Actualmente esta división sólo se reparte entre dos, a causa de la fusión automática del Ejecutivo con el Legislativo, frente a un único contrapeso: el Poder Judicial.