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DGI confía en que inspecciones por offshore detectarán evasión
Por magnitud del operativo, el organismo espera reliquidaciones de IRPF
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15 de abril de 2016 a las 05:00
La Dirección General Impositiva (DGI) espera que el cruzamiento de información que está realizando en el marco de los inspecciones por las offshore de residentes uruguayos permita comprobar la evasión de impuestos como el IRPF. De confirmarse esa presunción, se procederá a la reliquidación de ese tributo y se aplicarán las sanciones que se crean necesarias, dijo ayer en conferencia de prensa el director de Rentas, Joaquín Serra, luego de explicar los avances en los operativos que realizó el organismo esta semana tras la filtración de los Panamá Papers.
Si bien el organismo recauda hoy unos US$ 15 millones por IPFP en el exterior –una cifra relativamente menor respecto a los ingresos otros tributos–, Serra consideró relevante transmitir un mensaje de tolerancia cero con este tipo de evasión fiscal. "Quizás el impuesto no genera rendimientos espectaculares como en otros países. Más allá del dinero, hay aspectos que tenemos que preservar como sociedad. No podemos dejar la sensación de que hay personas que porque tienen poder económico o la posibilidad de armar ingenierías sofisticadas, estén en condiciones de evadir. Vamos hacer los máximos esfuerzos para que esa situación no se dé", afirmó.
El jerarca comentó a El Observador que no hay un plazo definido para culminar con el operativo porque el universo de investigación "es bastante amplio".
La DGI está realizando cruzamiento de datos con listas públicas internacionales, países con los cuales Uruguay tiene acuerdos para intercambio de información tributaria, y también con datos propios de la DGI, respecto a pagos y retenciones de estos titulares de offshore residentes.
Serra informó ayer a la prensa algunos detalles generales sobre los controles que realizaron un grupo de 40 inspectores en estudios jurídicos, contables y de servicios, a raíz de la información surgida de los Panamá Papers. El director de la DGI dijo que en algunos casos la información debió ser incautada, pero en la mayoría hubo colaboración. Solo dos empresas se negaron a dar datos al organismo. En ambos, los estudios que entendían que el secreto profesional impedía que la información fuera proporcionada. "La DGI entiende que la compraventa de una participación patrimonial no está amparada en el secreto profesional, y es un información de terceros que se puede solicitar e intimar a la entrega, cosa que hemos hecho", argumentó Serra.
"Tendremos que ir resolviendo caso a caso. No en todos los casos habrá situaciones de evasión fiscal, en algunos es probable que sí. Ahí es que procederemos a la liquidaciones de los impuestos y la aplicación de las sanciones correspondientes", aseguró.
El jerarca explicó que como la DGI está obligada a "mantener el secreto tributario", no puede brindar información de ninguna persona física y sociedad en particular. No obstante, Serra aseguró que el organismo ya trabaja con un "número significativo" de casos.
"Vamos a abarcar la totalidad de los casos (offshore) que tengan relevancia fiscal", dijo Serra, que agregó que no solo los controles se limitan a sociedades constituidas en Panamá, sino a otros paraísos fiscales. Para el jerarca "es posible" encontrar irregularidades porque cuando se hacen operativos de esta magnitud "se encuentran situaciones de incumplimiento tributario". El jerarca recordó que desde 2011 los rendimientos de "capital mobiliario" (préstamos, intereses por depósitos bancarios, o distribución de utilidades de sociedades no residentes) están obligadas a pagar un 12% sobre el rendimiento de capital. "Esa evasión es la que estamos buscando y la que queremos determinar", precisó Serra.
Si bien el organismo recauda hoy unos US$ 15 millones por IPFP en el exterior –una cifra relativamente menor respecto a los ingresos otros tributos–, Serra consideró relevante transmitir un mensaje de tolerancia cero con este tipo de evasión fiscal. "Quizás el impuesto no genera rendimientos espectaculares como en otros países. Más allá del dinero, hay aspectos que tenemos que preservar como sociedad. No podemos dejar la sensación de que hay personas que porque tienen poder económico o la posibilidad de armar ingenierías sofisticadas, estén en condiciones de evadir. Vamos hacer los máximos esfuerzos para que esa situación no se dé", afirmó.
El jerarca comentó a El Observador que no hay un plazo definido para culminar con el operativo porque el universo de investigación "es bastante amplio".
La DGI está realizando cruzamiento de datos con listas públicas internacionales, países con los cuales Uruguay tiene acuerdos para intercambio de información tributaria, y también con datos propios de la DGI, respecto a pagos y retenciones de estos titulares de offshore residentes.
Serra informó ayer a la prensa algunos detalles generales sobre los controles que realizaron un grupo de 40 inspectores en estudios jurídicos, contables y de servicios, a raíz de la información surgida de los Panamá Papers. El director de la DGI dijo que en algunos casos la información debió ser incautada, pero en la mayoría hubo colaboración. Solo dos empresas se negaron a dar datos al organismo. En ambos, los estudios que entendían que el secreto profesional impedía que la información fuera proporcionada. "La DGI entiende que la compraventa de una participación patrimonial no está amparada en el secreto profesional, y es un información de terceros que se puede solicitar e intimar a la entrega, cosa que hemos hecho", argumentó Serra.
Caso a caso
"Tendremos que ir resolviendo caso a caso. No en todos los casos habrá situaciones de evasión fiscal, en algunos es probable que sí. Ahí es que procederemos a la liquidaciones de los impuestos y la aplicación de las sanciones correspondientes", aseguró.
El jerarca explicó que como la DGI está obligada a "mantener el secreto tributario", no puede brindar información de ninguna persona física y sociedad en particular. No obstante, Serra aseguró que el organismo ya trabaja con un "número significativo" de casos.
"Vamos a abarcar la totalidad de los casos (offshore) que tengan relevancia fiscal", dijo Serra, que agregó que no solo los controles se limitan a sociedades constituidas en Panamá, sino a otros paraísos fiscales. Para el jerarca "es posible" encontrar irregularidades porque cuando se hacen operativos de esta magnitud "se encuentran situaciones de incumplimiento tributario". El jerarca recordó que desde 2011 los rendimientos de "capital mobiliario" (préstamos, intereses por depósitos bancarios, o distribución de utilidades de sociedades no residentes) están obligadas a pagar un 12% sobre el rendimiento de capital. "Esa evasión es la que estamos buscando y la que queremos determinar", precisó Serra.
