Diciembre, pesadilla de Cristina

A pesar de las medidas de prevención, existe temor por los saqueos

Empezó la pesadilla de Cristina Fernández de Kirchner. Para una presidenta que adora mencionar la expresión “inclusión social” en todos sus discursos, pocas cosas pueden ser peor que las imágenes de marginales saqueando las góndolas de los supermercados y protagonizando refriegas con la Policía.

Determinada a exorcizar los fantasmas, Fernández viene denunciando, desde hace meses, la existencia de conspiradores que están preparando los disturbios findeañeros como parte del plan para desestabilizar el gobierno.

La última de esas advertencias ocurrió la semana pasada, en su reaparición pública tras la licencia médica. Al terminar su discurso y desear buen año al auditorio de empresarios de la construcción dijo: “Y espero que este fin de año no empecemos con las efemérides. Está todo armado, preparado. Lo sabemos todos. Basta, no empecemos. Si hay otras formas más lindas y legítimas de hacer política que esas”.

Y por más que se permitió el lujo de referirse al tema con cierto aire despreocupado y risueño, queda claro que la posibilidad de nuevos disturbios está entre sus preocupaciones fundamentales.

Es que, por más que siempre quede a mano el argumento de que “estuvo todo armado” y que las protestas no fueron espontáneas, lo cierto es que el gobierno nunca logra evitar pagar un fuerte costo político.

Basta recordar el 10 de diciembre del año pasado, cuando lo que debía ser una fiesta popular por los 30 años de la vuelta de la democracia se empañó por los violentos disturbios en el interior. Y con la ominosa situación de que los televisores mostraban en “pantalla partida” las imágenes de Fernández bailando junto a Moria Casán y otras figuras del espectáculo en el escenario de Plaza de Mayo, mientras a la misma hora en Tucumán había muertos por los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.

Lo que se dice, la pesadilla de cualquier dirigente político.

Para agravar la situación, en Buenos Aires se batían récords de malhumor ciudadano por los apagones, al tiempo que en la city se disparaba el dólar blue, en una clara señal de que se esperaba una devaluación.

Por usar una expresión de la propia presidenta, es “too much” como para permitir la repetición de semejante cúmulo de catástrofes.

El tema que, por lejos, más preocupa a Fernández es el de la posibilidad de saqueos en los barrios marginales donde un alto porcentaje de la población depende de planes de ayuda estatal, y donde se ha naturalizado la expectativa por ayudas extras antes de las fiestas navideñas.

Por lo pronto, se están tomando medidas de prevención. El secretario de seguridad, Sergio Berni, es el funcionario que está a cargo de ese operativo, y en los últimos días ha abundado en declaraciones al respecto. Dio a publicidad una reunión con 150 jueces y fiscales para garantizar un “rápido accionar en casos de saqueos”.

También hubo reuniones con cadenas de supermercados, con el objetivo de reforzar la vigilancia policial.

Pero, además, Berni también recurrió a la estrategia de la denuncia “por las dudas” al hablar sobre “informes muy confidenciales” en los que se revelaba el accionar conspirativo de organizaciones piqueteras ligadas a la oposición.

Esta es la “pata política” del plan gubernamental para diciembre: al señalar sospechosos –en una larga y variada nómina en la cual figuran sindicalistas y líderes partidarios– se busca que los sindicatos y organizaciones opositoras atenúen su nivel de crítica para no quedar ligados al mote de “instigadores de saqueos”.

Aun así, sobrevuela la gran pregunta: ¿alcanzará? ¿Y qué ocurre si alguien enciende otra mecha?

Hay un factor del que el gobierno no quiere hablar en público: en gran medida, la prevención de los saqueos depende de qué tan buena sea la gestión oficial en el reparto de ayuda navideña en las zonas marginales.

El punto clave es que, por más a los funcionarios K le guste culpar a la oposición por armar los disturbios, muchas veces los problemas surgieron en organizaciones vinculadas al propio gobierno.

A veces se genera por problemas logísticos en el reparto de las canastas. Otras, el detonante es el conflicto político entre los “punteros”.

Así quedó por primera vez en evidencia hace dos años, cuando en Bariloche se desataron saqueos por causa de conflicto entre el intendente y un sector peronista opositor.

¿Será este diciembre la excepción? Por lo pronto, ya se habló con supermercados que suelen donar comida en Navidad.

Además, dijeron fuentes vinculadas con la asistencia social en el conurbano, el Ministerio de Acción Social planea un refuerzo de la asistencia. Se trata, de esa forma, de desactivar las marchas de organizaciones piqueteras en demanda de un “bono de fin de año”.

“La gente está bastante contenida por los punteros y van a tratar de que haya la menor cantidad de conflictos posibles; por eso el gobierno va a dar lo que los punteros pidan”, confía el dirigente.

En tanto, en Polo Obrero surgen quejas por la estigmatización que suele hacerse en esta época del año a las organizaciones sociales.

“No está en la cabeza de la gente hacer reclamos si la asistencia efectivamente llega. Hablar de saqueos es más bien una estrategia de Berni porque si no pasa nada, entonces van a poder decir que ellos controlaron la situación”, afirma un dirigente.

Lo cierto es que el gobierno tiene por delante uno de sus mayores desafíos: no solamente instrumentar una ayuda en un momento en el que la caja fiscal tiene varios agujeros, sino asegurarse de que puede gestionar de manera eficiente la logística del reparto, para que todos los beneficiarios reciban su parte a tiempo.

Es el último diciembre antes del año electoral, de manera que es mucho lo que está en juego: además de la paz social, puede verse seriamente herido el mito de la inclusión social.

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