Diferencias en el Frente ponen en riesgo siete proyectos de ley
Reforma de AFE, marihuana, internación de adictos, regular los slots, recursos para la educación, cambios en la Armada y trasladar la dirección de DDHH
Al segundo gobierno del Frente Amplio (FA) se le fueron acumulando para el final del mandato distintos temas que a largo de la gestión generaron resistencia y diferencias a la interna de la izquierda. Ahora, ante el fin de la administración, esos puntos deberán ser resueltos en poco más de cinco meses ya que el año electoral es, por tradición, el que tiene menor actividad parlamentaria. En al menos en siete de esas habilitaciones normativas todavía persisten diferencias entre los sectores que trancan la aplicación de los proyectos.
1. El Frente Amplio tiene pendiente la aprobación del proyecto de ley que busca controlar el mercado de la marihuana, una iniciativa que también habilitará el autocultivo y la venta de cannabis en farmacias. Se preveía aprobarlo en abril pero todavía está trancado por la negativa del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez. La fecha para tratar el tema en el plenario de Diputados es el 31 de julio, aunque Pérez sigue sin confirmar su voto y tiene en un brete al oficialismo.
2.El partido de gobierno también mantiene la incertidumbre sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para proponer la internación compulsiva de adictos. La iniciativa tuvo resistencias de los sectores y fue frenada en el Parlamento. Algunos legisladores creen que el destino será un cajón.
En tanto, en el marco de la última Rendición de Cuentas de la administración del presidente José Mujica, las diferencias sobre un conjunto de temas tranca la discusión parlamentaria del proyecto de ley.
3. El último de esos choques surgió por las diferencias internas en torno a la reestructura que impulsa el Poder Ejecutivo para que la sociedad anónima constituida entre la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) pueda operar servicios ferroviarios de pasajeros.
Hay sectores del Frente Amplio partidarios de retirar de la iniciativa el artículo introducido por el Ministerio de Transporte para ampliar las potestades a la empresa pública de derecho privado.
Aunque en un principio el ministro de Transporte, Enrique Pintado, defendió los cambios, la presión ejercida por el Partido Socialista, integrantes del MPP, la lista 711 y el Frente Izquierda de Liberación (Fidel), que rechazan darle a la sociedad anónima el transporte de pasajeros, torcieron el brazo del Ejecutivo. Ayer, en la comisión de Presupuesto de Diputados, incluso el presidente de AFE, Jorge Setelich, manifestó estar en contra de la propuesta, dijeron a El Observador participantes de la reunión.
Además de alegar un principio de privatización en la gestión, los sectores contrarios a la reforma advierten que la mejor forma de operar el servicio ferroviario es en la órbita pública. Tras esas intervenciones, el ministro Pintado afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a buscar una redacción del artículo que tenga consenso.
Los legisladores acordaron tratar el tema en una reunión privada de la bancada para evitar discutir delante de la oposición (ver recuadro).
4. En la Rendición de Cuentas, ya hubo diferencias internas en torno a los recursos para la educación. Pese a la presión del Ejecutivo, hay diputados que pretenden ir más allá del 3% de aumento para los docentes que planteó el equipo económico. La senadora Lucía Topolansky dijo que busca recursos para recortar y asignar a esa área y el ministro Fernando Lorenzo contestó que no cree posible que los encuentren.
5. En el marco de iniciativas incluidas en esta ley, también hay resistencia dentro del FA al pasaje de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación a la órbita de Presidencia.
6. La fusión bajo un mismo cuerpo de la Prefectura Nacional Naval con la Armada Nacional también es objeto de polémica según dijo el diputado Gustavo Bernini a La Diaria.
7. Otro tema que genera incertidumbre en la izquierda, en este caso por fuera de la Rendición de Cuentas, es el juego clandestino (ver página 3). El gobierno enviará al Parlamento un proyecto para regular el mercado ilegal de las tragamonedas, negocio que mueve US$ 170 millones al año. El diputado del MPP por San José, Walter De León, adelantó a El Observador que no acompañará ese proyecto que legalizará “una actividad clandestina”.
