La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que a partir de 2018 las sociedades anónimas del Estado y las empresas paraestatales (como las subsidiarias de Ancap) se sometan al control del Tribunal de Cuentas y la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Si bien el proyecto de Rendición de Cuentas todavía tiene que terminar de ser aprobado en Diputados y pasar a la Cámara de Senadores, la iniciativa del diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, fue respaldada por todos los partidos políticos.
De esta forma las empresas como Alcoholes del Uruguay (ALUR), una empresa pública que se rige por el derecho privado, deberán presentar informes ante la Asamblea General y la contratación de funcionarios y sus salarios estará controladas por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Este tipo de empresas se rigen por el derecho privado y con esta iniciativa pueden ser controladas como el resto de las dependencias estatales.
"Es un paso muy importante. Al fin el Frente Amplio se dio cuenta, luego de varias gestiones desafortunadas, que es necesario el contralor del Estado y que esto no repercute en su eficiencia", dijo Penadés a El Observador.
