19 de noviembre de 2026 5:00 hs

La propuesta legislativa recibió media sanción en el Senado en octubre de 2025 y en noviembre pasó a la Cámara de Representantes. Comenzó a tratarse en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y la última sesión en la que se discutió el proyecto fue el 10 de diciembre de 2025, a cinco días del inicio del receso parlamentario.

El proyecto busca dar autonomía a la Defensoría, que dejará de ser parte del Poder Judicial. Sus impulsores respaldan la propuesta en la idea de que “la efectiva autonomía técnica de quienes hoy ejercen la Defensa Pública debe necesariamente complementarse con la correspondiente autonomía en otras áreas, como la administrativa, presupuestal, la referida al ingreso y a la carrera funcional, la referida al régimen sancionatorio y similares”, tal como se afirma en la exposición de motivos del proyecto presentado en 2022 por los senadores del Frente Amplio.

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La propuesta otorga a las autoridades del servicio descentralizado diversas potestades, que hoy tiene la Suprema Corte, como el nombramiento y destitución de los defensores de oficio. A su vez, le da total autonomía sobre bienes muebles e inmuebles que hoy son del Poder Judicial, punto que ha generado debate y cuestionamientos por lo establecido en la Constitución.

Posturas contrarias y la llave en Cabildo Abierto

El pasado 11 de noviembre, a iniciativa del Frente Amplio (FA), se volvió a tratar el asunto en la Comisión. El diputado del MPP Joaquín Garlo fue el encargado de presentar la voluntad de su partido de retomar el tema y “avanzar con el tratamiento”.

Garlo argumentó que la comisión contaba con los insumos necesarios para proseguir con el asunto a estudio, citando las comparecencias que habían tenido lugar en noviembre y diciembre de 2025, así como “el trabajo que realizara el Senado de la República” previo a su aprobación del proyecto.

Consultado al respecto por El Observador, Garlo sostuvo que "están en condiciones de avanzar" y que les “gustaría” ver el proyecto salir de la comisión este año, pese a que el Partido Nacional y el Partido Colorado "plantearon su oposición" y "se llegó a proponer empezar la discusión de cero”.

En la sesión de este miércoles el tema fue puesto en el orden del día y el FA presentó tres artículos sustitutivos del proyecto original, atendiendo a advertencias hechas, entre otros, por el constitucionalista Ruben Correa Freitas, tal como expresara Garlo en la sesión del 11 de noviembre.

En caso de que el Frente Amplio impulse la votación del proyecto este año en la comisión, y que blancos y colorados se opongan, los votos de los integrantes quedarían empatados cinco a cinco. El voto decisivo en ese caso lo tendría el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto.

Consultado por El Observador sobre la postura de su partido con respecto al proyecto, Perrone respondió: “No tengo nada para decir”.

“No se de qué se trata (el proyecto), cuando sepa de que se trata, voy a tener una postura. No tengo idea de lo que dice”, comentó Perrone, que participó brevemente de la sesión de este miércoles, sin expresar allí su postura sobre la Defensoría.

“Defensoría Pública no sale ni de casualidad”, dijo a El Observador el diputado colorado Juan Martín Jorge, en respuesta a si veía el pase del asunto al plenario en 2026. Jorge añadió: “Está claro que el Frente Amplio está apurado por sacar esto; no lo veo que salga en el corto plazo”.

El diputado de Vamos Uruguay, que en diciembre del año pasado había señalado “vicios de inconstitucionalidad” en el proyecto aprobado por el Senado, opinó que “hay que escuchar a los constitucionalistas, hablar dentro del partido, de la Coalición Republicana; hay que estudiar el tema”, contrario a Garlo, que entiende que los catedráticos ya dieron su opinión con respecto al articulado el año pasado.

Jorge dijo que no se cierra a “cambiar de opinión” si se logran subsanar los déficits y necesidades que tiene la Defensoría actualmente y que fueron planteados en varias ocasiones por sus funcionarios, pero afirmó que “no es por este camino”.

El nacionalista Mario Colman coincidió con el colorado en la necesidad de volver a consultar a catedráticos del Derecho Constitucional sobre las modificaciones propuestas.

En la sesión del 11 de noviembre se dio un intercambio entre Garlo y Colman sobre las posiciones de los constitucionalistas. “Las modificaciones que ustedes plantean, buscando ciertas alternativas en un servicio descentralizado rara avis, es lo que yo entiendo que deberían ameritar nuevas consultas. Estamos cambiando sustancialmente algunos de los aspectos que argumentaron prestigiosos catedráticos, o por lo menos, algunos insalvables, y por ello entendían que era un proyecto inconstitucional”, señaló Colman. Añadió: “Mi opinión es que no deberíamos amputarnos ninguna posibilidad de realizar nuevas consultas y nuevas solicitudes de comparecencia en esta Comisión”.

Los diputados Diego Echeverría, del Partido Nacional (PN) y Paula de Armas, también colorada y de Vamos Uruguay, también apoyaron la idea de realizar más consultas. “No quiero que nosotros nos expongamos como comisión y como cámara a votar algo cuando tengamos duda de la constitucionalidad de algunos de estos artículos”, dijo Echeverría en la sesión.

Este miércoles, De Armas solicitó enviar una nota al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que se expida ante la comisión sobre la eventual situación presupuestal de la Defensoría como servicio descentralizado. En esa sesión no se votó para convocar a los expertos constitucionalistas.

¿Inconstitucional o no?

El proyecto, a estudio parlamentario desde 2022, fue objeto de debate ya en su tratamiento en el Senado, durante el 2025, luego que se sacara del archivo. Aprobada por 29 votos en 30, la propuesta fue rechazada por el senador nacionalista Carlos Camy, basado en su “convicción de que afecta la constitucionalidad por invadir la esfera de la Suprema Corte de Justicia”.

A su vez, en la cámara alta se vieron diferencias a la interna del Partido Colorado. El senador Andrés Ojeda defendió la propuesta, opinando que responde a un “reclamo constante y justo de los defensores”, y señaló necesaria separar la Defensoría de la SCJ, por entender esta dependencia como “incompatible” con la misión del organismo que nuclea a los 317 defensores públicos.

Por su parte, el senador Pedro Bordaberry, que votó a favor del proyecto en el plenario, mostró en sesión y desde entonces varios reparos. “No estamos haciendo la mejor ley”, afirmó en aquel momento el líder de Vamos Uruguay, que remarcó como necesario dedicar tiempo a “afinar” el articulado de la norma propuesta en la Cámara de Diputados.

“Yo creo que lo mejor es dejar todo como está” dijo Bordaberry el 2 de noviembre de 2026 en una publicación de X, a lo que añadió: “Pero en minoría asegurar que los ingresos son por concurso, que los decide la Suprema Corte y que a esta no le quitan presupuesto no es poca cosa; ahora en Diputados es el momento de las decisiones a fondo; y seguiremos ahí la defensa”. En otra publicación, el colorado advirtió que en la cámara baja el FA, impulsor del proyecto, ”no tiene mayoría”.

El diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle planteó el año pasado una “objeción de fondo” con la propuesta, al entender que la Defensoría no debe estar bajo tutela del Ejecutivo y al indicar que el cuerpo de defensores tiene regulación constitucional. El numeral 6º del artículo 239 de la Constitución señala que a la SCJ corresponde “nombrar a los Defensores de Oficio permanentes”, por lo que Salle, al señalar esto, dijo que para “cualquier alteración” de su naturaleza jurídica y en particular de su ubicación dentro de un poder del Estado, “hay que ir a la reforma constitucional”.

La postura de la SCJ

A su vez, durante la discusión en el Senado en 2025, la SCJ envió una nota a la comisión en la que advirtió que no se pronunciaría sobre si el proyecto es inconstitucional o no, dado que la corporación “no tiene un rol de control preventivo de la constitucionalidad” de un proyecto, sino que se expide una vez que la ley existe como tal, si alguien presenta un recurso.

Sin embargo si expresó preocupación por el artículo 11 del texto propuesto, que versa sobre el patrimonio de la Defensoría como eventual servicio descentralizado. El proyecto señala que la nueva Defensoría será titular de “los bienes muebles, inmuebles y derechos de cualquier naturaleza de los que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, fuera titular el Poder Judicial y que se encuentren afectados al funcionamiento de la Defensa Pública”. Establece también que la SCJ individualice mediante resolución cada uno de los bienes a transferir.

Ante esto, la SCJ manifestó que esa medida impacta de forma directa en la economía del Poder Judicial, “privándola de bienes que han sido adquiridos, mantenidos y mejorados a lo largo de los años con ahorros significativos y reasignaciones internas, muchas veces en detrimento de necesidades igualmente relevantes”.

Los tres artículos que propone modificar el FA

El Frente Amplio presentó este miércoles a la comisión los textos sustitutivos de tres artículos del proyecto, inspirados en recomendaciones de Correa Freitas.

El primero de los textos a modificar es el literal M del artículo 10, que versa sobre las facultades del director nacional de la Defensoría. En ese punto, se otorga al funcionario la “potestad disciplinaria sobre todo el personal”. Ante los señalamientos de plausible inconstitucionalidad, ya que la destitución de un defensor de oficio corresponde a la SCJ, el FA propone que el texto indique que, cuando un proceso disciplinario culmine con la máxima sanción posible, se requerirá la intervención del Poder Judicial.

En segundo lugar, el artículo 15 establece —tal cual está hoy en el proyecto— que la Defensoría remitirá a la SCJ, el orden de prelación de postulantes para su nombramiento. El oficialismo propone, atendiendo las advertencias sobre un eventual incumplimiento del numeral 6 del artículo 239 de la Constitución, el establecimiento de un tribunal encargado de elaborar ese orden de prelación, que sea integrado por miembros del servicio descentralizado propuesto y de un representante de la SCJ, para que esta no sólo esté encargada del nombramiento final.

Por último, el artículo 23 del proyecto, que refiere a derechos adquiridos de los funcionarios de la Defensoría, se atendieron reparos planteados por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y se determinó que "la transformación de órganos o cargos" que se hagan por la ley podrá implicar "para directores, defensores, procuradores y funcionarios la disminución o afectación de las retribuciones o compensaciones complementarias que por todo concepto perciben los actuales titulares de las mismas, así como tampoco de derechos legalmente, estatutariamente o reglamentariamente [adquiridos]".

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