Fiscales "propietarios" del proceso, jueces "amordazados" y la "catástrofe" de los abreviados: críticas de grado 5 a las reformas del CPP

Cualquier otro camino —como “dejar todo como está” o hacer un mix entre la reforma del Ejecutivo y la de los penalistas— sería transferir “el problema hacia el futuro”.

Aller, que aclaró que opinaba en la comisión a título personal y no en nombre del instituto que dirige, se explayó sobre aquellos aspectos más preocupantes sobre el funcionamiento actual del CPP.

En particular, sobre el proceso abreviado, que permite a los indagados reducir la pena a cambio de reconocer los delitos por los cuales son acusados (a excepción de algunos graves y muy graves).

“Es notorio y público que he sido absolutamente enemigo de él, porque me parece que es la catástrofe de un sistema democrático”, dijo Aller al respecto y luego insistió en que él no lo quiere “por ningún lado”.

El problema —explicó el penalista— no radica en la palabra “abreviado”, sino en la forma en la que está concebido y es utilizado en el CPP actual.

Aller argumentó que “no tiene por qué haber un inconveniente” en el hecho de que una persona quiera llegar a un acuerdo y “liquidar su causa criminal” y cumplir con una pena. Dijo que eso existió siempre y que a esos acuerdos no hay que tenerles “miedo”.

Pero aclaró que lo que sucede hoy es algo muy distinto. Aunque evitó decir que los fiscales “amenazan” a los indagados con pedir el máximo de las penas en los juicios, sostuvo que lo que sucede es que los representantes del ministerio público utilizan la “herramienta legal” que hoy tienen a disposición y “aprietan” o hacen “su juego”.

“El defensor no está obligado a aceptarlo; el justiciable, tampoco. Sin embargo, vaya paradoja, la enorme mayoría lo acepta”, señaló el catedrático sobre los acuerdos o juicios abreviados.

De esta manera, para Aller hoy no hay procesos penales y existen “condenados sin proceso”. “Antes teníamos personas presas sin condena. Ahora tenemos personas presas condenadas sin proceso. No sé qué es peor. Pero antes la cantidad (de condenados sin proceso) no era el 90 % y pico. Era el 60 % y pico. Llegamos en alguna situación extrema al 70 %. Es decir que no salimos ganando cabalmente en esto”.

Pese a que se trata de un tema que concentra críticas —tanto de Aller como de otros actores— ninguno de los proyectos de reforma hoy en discusión prevén eliminar los acuerdos abreviados.

Aller también cuestionó el rol de fiscales y jueces en el diseño actual del sistema, ya que consideró que “de ninguna manera” los fiscales pueden ser los propietarios del “automóvil que traslada a la justicia”. “El propietario del proceso, cual si fuese una suerte de título de propiedad, es el fiscal”. Ese rol, dijo, debería quedar reservado para el juez, que además tendría que poder interrogar a lo largo del proceso.

Los jueces hoy, en su opinión, terminaron “amordazados”. “Quien luego tiene que quedarse en el despacho solo —en el sentido metafórico— y tomar una resolución, que es su responsabilidad, es precisamente quien no puede interrogar. Es una cosa rara; si alguien está interesado realmente en algo y quiere saber más, va a preguntar, pero al juez lo amordazamos. Ese fue un error —un error grave, a mi modo de ver— que en su momento lo dijimos, pero no tuvimos suceso”.

Al cierre de su intervención, Aller evitó calificar de “bueno o malo” uno u otro proyecto, pero insistió en que hay que cambiar “toda la espina dorsal” y no seguir “poniendo parches”.

Durante la comisión, la senadora frenteamplista Constanza Moreira dijo no ser partidaria de redactar un nuevo código, mientras que la presidenta de la comisión, la senadora blanca Graciela Bianchi, dijo sentirse “absolutamente incapaz” de lograr que salga de la comisión un nuevo proyecto, pese a entender que sería lo correcto.

Sin embargo, afirmó que el Partido Nacional buscará redactar un nuevo código, algo que “desde el punto de vista político, será muy difícil”.