El proyecto tiene sanción del Senado y seguirá siendo estudiado tras el receso de verano
Que la Defensoría Pública deje de pertenecer al Poder Judicial y pase a ser un servicio descentralizado es un viejo anhelo de los defensores de oficio, que desde hace años reclaman por esta modificación.
En octubre de este año, con un centenar de ellos en las barras, el Senado dio un paso al aprobar el proyecto de ley que estaba a estudio desde 2022. Recibió el apoyo de 29 de los 30 senadores y el avance fue celebrado incluso por el presidente Yamandú Orsi. “Gracias por fortalecer las instituciones que velan por ese derecho fundamental. Gracias a las y los defensores públicos que la pelean día a día”, afirmó.
Pese al amplio respaldo, el proyecto enfrenta ahora algunos escollos en diputados por lo que la comisión que lo está estudiando decidió dejar para 2026 su tratamiento.
El principal es que varios legisladores entienden que el traslado hacia un servicio descentralizado vía ley puede ser inconstitucional, algo que también había surgido en el Senado.
Pero también hay dudas acerca de un artículo –el 11– que traslada los bienes donde funcionan las defensorías. Hoy son del Poder Judicial y pasarían al nuevo servicio descentralizado.
El primero en plantear el tema en la sesión de este jueves fue el diputado Gustavo Salle. El líder de Identidad Soberana dijo que si bien tenía una “objeción de fondo” (porque a su entender jamás podía estar en el Poder Ejecutivo), también había un asunto legal: la Defensoría Pública tiene regulación constitucional.
Recordó que el numeral 6° del artículo 239 de la Constitución señala que a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le corresponde “nombrar a los Defensores de Oficio permanentes”. “Para cualquier alteración -sobre todo de su naturaleza jurídica; sobre todo de su ubicación en un poder del Estado- hay que ir a la reforma constitucional”, expresó.
En el mismo sentido se pronunció el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge. “El proyecto presenta vicios de inconstitucionalidad”, dijo y planteó que si bien el artículo 15 del proyecto trataba de subsanarlo, a su juicio “no resiste el menor análisis”.
“La Defensa Pública del Uruguay remitirá a la Suprema Corte de Justicia el orden de prelación de postulantes para su nombramiento como Defensores Públicos (...)”, dice el artículo.
Para Jorge, la designación de un funcionario “no se limita al dictado material del acto administrativo” sino que importa también “la facultad de decidir cuándo hacerlo, en qué condiciones, sentar las bases de los llamados, cuántos funcionarios designar y un sinfín de etcéteras”.
Para graficar su posición, el diputado puso como ejemplo que de aprobarse el artículo “mañana habría que admitir la posibilidad de que por ley un órgano ajeno al PJ le eleve a la SCJ el orden de prelación para que esta proceda a nombrar también a los jueces”.
Siguiendo con las dudas, el nacionalista Diego Echeverría expresó que debían “mejorar” la redacción para que los reparos sobre la redacción del artículo “no sobrevivan”. “Mi posición es hacer algún tipo de consulta ya no sobre el proyecto, sino sobre este tipo de actos complejos porque creo que ahí está la madre del borrego”, dijo.
A su vez, la colorada Paula de Armas señaló que como no tenían la seguridad y certeza de estar haciendo las “cosas bien desde el punto de vista jurídico”, estaba de acuerdo con dejar el tema para el año que viene.
Quien discrepó con estas posiciones fue el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, que relató que el proyecto tuvo un “profundo estudio” en el Senado en el que habían participado constitucionalistas como Martín Risso o Jaime Sapolinski.
“No compartimos muchas de las valoraciones que se han formulado desde el punto de vista constitucional y también de la interpretación de algunas disposiciones constitucionales, de su alcance, y de cómo se interpreta por parte de algunos señores legisladores una eventual afectación o vulneración de esas disposiciones por una eventual ley de estas características”, expresó.
Pese a esto, y dado que les había llegado hacía poco una respuesta de la SCJ sobre los bienes, planteó dejarlo para 2026.
Al discutirse el proyecto en el Senado, la SCJ planteó su rechazo a transferir bienes a la Defensoría Pública y al tratarse el asunto en Diputados, su presidente, John Pérez, profundizó las críticas.
Pérez dijo que había “un patrimonio del que se nos pretende despojar, sin contraprestación de especie alguna, en clara contravención de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución”.
“Si se consideran únicamente los bienes inmuebles que saldrían del patrimonio del Poder Judicial, se estarían afectando partidas equivalentes a las requeridas para atender las inversiones de todo el Poder Judicial durante un año. Teniendo en cuenta los magros recursos que históricamente se nos han asignado, el Poder Judicial no puede darse el lujo de resignar esos activos. Es evidente que fui oído, pero no escuchado”, señaló según consta en la versión taquigráfica.
En otro documento, al que accedió El Observador, la SCJ detalló que el costo total de lo invertido en la Defensa Pública ascendía a US$ 4,3 millones.
En la sesión de este jueves, Jorge, De Armas y Echeverría manifestaron sus “dudas” respecto a la transferencia de los bienes. “Creo que hay que analizarlo mucho más y en profundidad”, señaló De Armas mientras que Echeverría dijo que será un “lío gigante desde el punto de vista administrativo” pero con “menor complejidad” que la discusión sobre la constitucionalidad.