La disputa política por la concesión del “Parador Nelson ” en la rambla de Parque Rodó sumó este jueves un nuevo capítulo: la oposición votó en la Junta Departamental enviar el caso al Tribunal de Cuentas, organismo que ya ha cuestionado la decisión de la Intendencia de Montevideo de extender por 20 años y sin licitación el permiso de Burger King para explotar el predio.
La decisión de la oposición se tomó como respuesta a lo ocurrido seis días atrás, cuando la posibilidad de crear una comisión investigadora naufragó por la negativa de los ediles frenteamplistas.
La intervención del Tribunal de Cuentas -prevista en el artículo 273 de la Constitución- será un paso intermedio para la oposición: “No descartamos ir a fiscalía, pero este es un paso previo. En la Junta no nos dejan investigarlo, que sea el Tribunal de Cuentas el que lo haga, que es el órgano institucional que puede observar los actos administrativos. Después del pronunciamiento veremos los pasos a seguir”, dijo a El Observador el edil nacionalista Gonzalo Gómez.
En el predio ubicado frente a la Playa Ramírez funcionaron varios restaurantes: Rumi, Soprano´s y, más recientemente, PYG. Ahora está en obras y, según supo El Observador, la cadena de comida rápida aún no tiene una fecha prevista para el estreno del local.
El caso
La polémica con el parador comenzó en el final de la administración anterior de la Intendencia de Montevideo, cuando Mauricio Zunino ya había suplantado a Carolina Cosse.
En noviembre de 2024 Adiser S.A. (Burger King) compró la concesión que tenía la empresa Kerifos. Días después y sin hacer licitación pública ni pedir autorización de la Junta Departamental, la IM extendió por 20 años la concesión.
Sin embargo, el contrato original entre Kerifos y la IMM había vencido en mayo de 2024.
¿Cómo un privado pudo cederle a otro algo que ya no tenía? El argumento de la intendencia fue que se aplicaba la teoría de la imprevisión, donde un imprevisto permite cambiar las condiciones del contrato. Esto es porque el parador estuvo parado siete meses durante la pandemia y la intendencia entendió que, terminado el plazo original, se podían extender siete meses más.
El Tribunal de Cuentas lo cuestionó y notificó lo ocurrido a la Junta Departamental, dado que cualquier cesión que se extienda por más tiempo que el periodo de gobierno de un intendente debe pasar por el legislativo departamental.
Pero la administración departamental entendió que no estaba ante un nuevo contrato, sino una extensión de uno existente y siguió adelante.
Desde la oposición también cuestionan que el contrato original debía haberse caído en marzo de 2023, cuando Kerifos acumuló su tercer mes impago. El pliego de licitación indicaba que el contrato se rescindía en ese caso. En total, la empresa no abonó 22 mensualidades y acumuló una deuda de $13 millones con la IM, informó Gómez, que realizó el informe de la comisión pre investigadora.
“Hicieron todo a medida de Burger King y no lo van a reconocer. Puede haber contravenciones al Código Penal y a la Ley Cristal”, expresó Gómez, que indicó que se enviarán todos los expedientes e informes elaborados por la oposición para que el Tribunal se pronuncie por segunda vez. En esta ocasión, "con todos los elementos".
¿Por qué no se votó la investigadora?
El edil frenteamplista Juan Ceretta explicó a El Observador que el oficialismo no acompañó la creación de la comisión porque las investigadoras buscan “conocer cosas que no se conocen y en este caso no hay ninguna respuesta que no se conozca”.
“Lo que hay son dos maneras de interpretar los hechos que ocurrieron, la oposición dice que son irregulares, no convenientes y eventualmente delictivos, nosotros decimos que son convenientes, regulares y no constituyen delito. Se busca encontrar algo turbio donde no lo hay”, expresó.
Sobre el cuestionado proceso de cesión del contrato, Ceretta matizó: “Hubo atraso en el pago y se presentó la oportunidad de dárselo a otro. Es obvio que la IM va a querer pasar de uno que no paga a uno que paga. Y quiero que me paguen todo lo que me deben. ¿Querés cederlo? macanudo, cuando lo vendas poné en la cuenta todo lo que debés”, reconstruyó sobre el proceso de cesión de Kerifos a Adiser.
Consultado si la concesión no debería haber pasado por una licitación, como observó el Tribunal de Cuentas, Ceretta replicó: “Es una opción. ¿Fue un mal negocio recibir que te paguen lo adeudado? Quizá hubiera venido KFC en la licitación y hubiera pagado más, es contrafáctico. Lo cierto es que lo viejo no te lo iban a pagar, tenías que iniciar un juicio contra un concesionario insolvente”.
Además, consideró que hay un “error jurídico” de la oposición al entender que el contrato era nulo por el impago de tres meses.
“Es cierto que el pliego establece que el contrato se considera rescindido en ese caso, pero en los contratos administrativos con el Estado eso lo tiene que exigir la intendencia. La IM tiene que realizar el acto administrativo y notificar al concesionario. No se produce por arte de magia. La IM decidió no hacer eso. Fue una cuestión de conveniencia. ¿Era bueno rescindir en la pandemia? No lo sé. Quizá lo mejor era comunicar la rescisión, llamar licitación, es contrafáctico, no sé si hubiera dado mejores resultados”, explicó.
