Pese al poco tiempo que queda y a que aún continúan recibiendo delegaciones de la sociedad civil, el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la Comisión de Hacienda, dijo a El Observador, que “en principio hay acuerdo para tratar que se vote a principios de diciembre en el plenario”.
“Ahí, la idea nuestra, de la Coalición Republicana, es presentar modificaciones”, afirmó Rodríguez, aunque aseguró que “el proyecto en general va a ser acompañado”.
El próximo miércoles 18 de noviembre se presentarán ante la comisión las autoridades del Banco República (BROU) mientras que el 19, lo harán el equipo económico y el Banco Central (BCU). La idea con esas visitas es “darle cierre” al tema para pasarlo a la Cámara, explicó Rodríguez.
Tanto el legislador colorado como el nacionalista Pablo Abdala confirmaron que sus partidos apoyarán la votación en general, pero que se plantearán cambios al texto normativo propuesto por el Ejecutivo.
Abdala —también miembro de la Comisión de Hacienda— dijo a El Observador, que tienen dudas sobre el capítulo 3, principalmente en relación a la nueva institucionalidad que el proyecto otorga a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, ya que se busca convertirla en un servicio descentralizado. “Así como está planteado, no nos gusta la propuesta, se le otorgan amplísimos poderes y la integración del directorio es sui generis, se crea (para ello) un mecanismo de llamado a concurso”, apuntó el diputado. Agregó que si bien se persigue la profesionalización e independencia de los integrantes, tal como está planteado el texto, se condiciona demasiado al Poder Ejecutivo y al Senado, por las venias, en el nombramiento de los directores.
Abdala apuntó que otro “capitulo polémico” es el que tiene que ver con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Dijo que los cambios en su carta orgánica han generado una discrepancia con investigadores y trabajadores, y que el instituto se encuentra trabajando en una propuesta sustitutiva que presentará a la comisión.
Pese a esas modificaciones que ve necesarias y a las discusiones sobre el artículo 140, uno de los principales escollos en la discusión parlamentaria y pública, Abdala señaló que entiende que el proyecto “sale este año”.
A marzo: reforma del Código del Proceso Penal
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento, en marzo de 2026, un proyecto de ley para reformar el Código del Proceso Penal (CPP), elaborado por el Grupo Asesor Técnico (GAT) coordinado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. El texto presentado, planteaba reformas de unos 180 artículos del código actual, vigente desde 2017.
No exento de críticas, el proyecto inició su camino en el Senado y, desde abril está en tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta. El estudio del proyecto estuvo a cargo de una subcomisión integrada por los senadores Graciela Bianchi, del Partido Nacional (PN), Constanza Moreira, del Frente Amplio (FA) y Andrés Ojeda, del Partido Colorado (PC). Esa subcomisión se disolvió en la última sesión de la comisión, el 27 de octubre.
En esa reunión, el FA informó que la voluntad del partido era “priorizar” la reforma. “Ese sería nuestro tema desde acá a fin de año —aunque seguramente nos va a llevar más tiempo—, con el objetivo de lograr un consenso o un acuerdo lo más amplio posible, que luego pueda ser refrendado en la Cámara de Diputados”, dijo Moreira en la pasada reunión de la comisión.
El oficialismo pidió al resto de integrantes que se convirtiera en el tema primordial, con excepción de urgencias. La comisión se reunirá este martes 17 de noviembre.
Consultado por El Observador, Ojeda dijo que el proyecto ha tenido un camino “errático” desde su llegada al Poder Legislativo y consideró imposible que el asunto pase al plenario del Senado antes de fin de año. Apuntó que el principal escollo para un acuerdo entre oficialismo y oposición en la comisión está en el rol que otorga la reforma al juez.
“Es un punto de difícil acuerdo”, señaló Ojeda, que a su vez aseguró no estar dispuesto a “aprobar reformas simbólicas o cosméticas”, remarcando la necesidad de una reforma de fondo del CPP y lo problemático de “gastar la bala de la reforma” innecesariamente.
Otra que se postergará: causal jubilatoria anticipada
En octubre de este año el Ejecutivo envió otro de los proyectos clave para el gobierno, en este caso en materia de Seguridad Social. La propuesta establece crear una causal de retiro anticipado a los 60 años de edad para quienes cuenten con 30 años de servicios o aportes laborales en BPS, AFAP y cajas paraestatales facultadas.
El pasado 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión especial de representantes que discutan el proyecto de ley. Este espacio parlamentario —integrado por siete diputados del FA, dos del PN, dos del PC, uno del Partido Independiente y otro de Identidad Soberana— tendrá plazo hasta el 10 de marzo de 2027 para expedirse sobre la propuesta legislativa.
La comisión se reunirá por primera vez la semana que viene. Pese a la aspiración oficialista de que el proyecto fuera aprobado este año, desde la coalición republicana dan por seguro que el proyecto pasará para el año que viene. “No hubiera sido serio (que se tratase) en 30 días”, expresó Abdala, que añadió que la idea es “trabajar intensamente en febrero” en la comisión especial. Desde el Frente Amplio, se matizó que resta ver qué decide la comisión la próxima semana para ver si se trabaja en la norma propuesta durante el receso.
La causal jubilatoria anticipada no es bien vista por la oposición, que considera que se busca "ir para atrás” con respecto a la reforma de la seguridad social aprobada en 2023, según dijo a Canal 5 el colorado Conrado Rodríguez.
Desde el gobierno se afirma que la nueva causal prioriza a los trabajadores más vulnerables, para que puedan anticipar el retiro y percibir una jubilación similar a la vigente antes de ña reforma impulsada por la anterior administración. “Ahora podrán jubilarse a los 60 años y tendrán una jubilación mejor o superior”, dijo al momento del envío al Parlamento el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
Universidad de la Educación deberá esperar
Gestado en 2025, el proyecto que busca crear la Universidad de la Educación, también proveniente del Poder Ejecutivo, entró en enero de este año y comenzó a tratarse en la Comisión de Educación y Cultura del Senado en marzo.
La norma planteada busca establecer un nuevo ente autónomo universitario dedicado a la formación terciaria de profesionales de la educación —maestros, profesores y educadores sociales— que pueda otorgar títulos de grado, pregrado y posgrado.
El proyecto continúa a estudio de la Comisión de Educación, que aún resta por recibir delegaciones externas de cara a diciembre. Según señaló a El Observador el senador colorado Robert Silva, lo más probable es que el proyecto quede para el año que viene.
El legislador comentó que desde el Frente Amplio se está preguntando la posición de blancos y colorados sobre la creación de la UNED, que aún están dialogando dentro de sus partidos qué postura tomar de cara a una eventual votación. De pasar al plenario del Senado, el proyecto deberá obtener una mayoría especial de dos tercios de votos allí y luego en Diputados para ser aprobado.
Nacionalidad: sin consenso sobre la ley interpretativa de la constitución
El proyecto de ley interpretativa de la Constitución en materia de nacionalidad, planteado desde el Ejecutivo para que se considere como “nacionales o uruguayos” tanto a ciudadanos naturales nacidos dentro o fuera del territorio y “sin excepción (a) los ciudadanos legales por naturalización”, fue enviado en octubre al Parlamento y se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados.
Según dijo a El Observador Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio y vicepresidente de la comisión, el grupo de trabajo definió darle prioridad al proyecto que modifica agravantes a delitos vinculados a estupefacientes, particularmente lo que tiene que ver con el ingreso de droga a cárceles, crimen penado mayoritariamente a mujeres.
Desde la coalición distintas legisladores han demostrado públicamente su oposición a la propuesta de ley interpretativa, como también lo han marcado algunos constitucionalistas. La oposición ve muy difícil que se pueda avanzar este año hacia un consenso y según pudo saber El Observador, se evalúan propuestas alternativas.
