La ANEP estudia un documento que busca que se reconozcan “todas las violencias ocurridas en el lugar” y se rechacen las “explicaciones justificatorias”
Familiares de víctimas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) y sus referentes podrían sentarse a la misma mesa para discutir qué hacer hoy con la llamada Cárcel del Pueblo.
Eso propone un documento de trabajo que está estudiando el Consejo Directivo Central de la ANEP, quien está a cargo de ese edificio histórico, uno de los símbolos de la violencia política que ganó al Uruguay desde los años 60 y de la posterior dictadura militar que se prolongó entre 1973 y 1985.
La propuesta plantea que otros muchos actores se sumen a ese diálogo tendiente a encontrar el mejor modo de conservar y sacar provecho al local donde el MLN-T mantuvo en cautiverio a muchos de sus secuestrados, y que luego fuera utilizado como centro clandestino de detención por las Fuerzas Armadas.
El documento que analiza el Codicen lleva como título “Propuesta de intercambio interinstitucional para la preservación, investigación, musealización y uso educativo de la ‘Cárcel del Pueblo’” y fue elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de ANEP.
“La denominada ‘Cárcel del Pueblo’, ubicada en Juan Paullier 1190, Montevideo, constituye un sitio de especial relevancia para el abordaje de la memoria histórica, el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país”, dice el documento al que El Observador tuvo acceso. “El inmueble forma parte de una historia compleja y dolorosa, vinculada a la violencia política y social de las décadas de 1960 y 1970. Su preservación, investigación y eventual apertura a la comunidad requieren un abordaje riguroso, plural, interdisciplinario y respetuoso de las diferentes memorias y experiencias involucradas”.
La propuesta busca “generar un espacio de intercambio” amplio que permita analizar diferentes alternativas para el edificio y que contribuyan “a la construcción de una memoria democrática, al conocimiento histórico y a la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos”.
“¿Qué debe hacer una democracia con los lugares en los que diferentes actores ejercieron violencia y privaron ilegítimamente de libertad a otras personas?”, se preguntan los autores del documento.
Para llegar a una respuesta válida, el documento propone “identificar y analizar los marcos jurídicos, patrimoniales y administrativos aplicables, en articulación con la INDDHH y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria”.
También “se propone convocar a representantes de organismos públicos, instituciones educativas, ámbitos académicos, museos, especialistas y organizaciones sociales vinculadas con la memoria, los derechos humanos, la educación y el patrimonio”.
La lista de convocados a aportar en la búsqueda de un destino para la Cárcel del Pueblo es por demás extensa e incluye a directivos de la ANEP; representantes de varias facultades de la Universidad de la República (Derecho, Ciencias Sociales, Psicología, Comunicación, etc); organizaciones de estudiantes; Museo de la Memoria; Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria; investigadores especializados en memoria, derechos humanos y pasado reciente; organizaciones sociales y colectivos de memoria; referentes de la sociedad civil en Montevideo; vecinos del entorno del inmueble; personas vinculadas con la historia del sitio y con la preservación de la memoria histórica; Red Nacional de Sitios de Memoria; Crysol – Asociación de expresas y expresos políticos del Uruguay; Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otros colectivos de familiares; Serpaj; sobrevivientes y familiares de las personas secuestradas por el MLN-T en ese lugar; representantes o referentes históricos del MLN-T; PIT-CNT; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Educación y Cultura; Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación; Archivo General de la Nación; Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia; varias unidades de la Intendencia de Montevideo; comerciantes e instituciones culturales cercanas; centros educativos de la zona.
Respecto a los referentes históricos de la guerrilla se advierte que deberán ser “convocados para aportar información y asumir la discusión sobre esa primera etapa, pero sin otorgarles control exclusivo sobre el relato”.
Entre los objetivos a conseguir se enumeran varios que incluyen:
“Preservar los espacios materiales significativos, especialmente el subsuelo, las formas de acceso, las estructuras de confinamiento y las huellas que puedan documentarse”. También “crear una exposición permanente, pequeña y rigurosa, sobre las dos etapas del inmueble”, “incorporar testimonios audiovisuales de sobrevivientes y familiares” e “instalar una señalización exterior clara, que explique que allí ocurrieron secuestros cometidos por una organización armada y, posteriormente, detenciones clandestinas y torturas ejecutadas por agentes estatales”.
También se propone “organizar visitas educativas mediadas, con materiales diferenciados para adolescentes, docentes y público general” e integrar la Cárcel del Pueblo “a una ruta montevideana de sitios de violencia política y terrorismo de Estado”.
Todo deberá hacerse respetando la “centralidad de las víctimas y sobrevivientes”, el “reconocimiento de todas las violencias ocurridas en el lugar”, diferenciando entre “violencia de una organización política y terrorismo de Estado” y rechazando las “explicaciones justificatorias o celebratorias”.
Se concluye que “el sitio puede constituirse en un espacio de reflexión sobre la violencia política, el autoritarismo, el terrorismo de Estado, las vulneraciones de derechos humanos y la importancia de la convivencia democrática. Para ello, será necesario garantizar un abordaje histórico riguroso, plural y respetuoso, evitando simplificaciones y promoviendo el diálogo entre diferentes actores y memorias”.
Pablo Caggiani, presidente del Codicen, dijo que la propuesta está siendo analizada y se está en una etapa de trabajo en relación al documento.
En octubre de 2025 la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció que su cartera donaría la Cárcel del Pueblo a la ANEP.
En el anterior gobierno del presidente Luis Lacalle Pou el edificio había sido abierto para visitas del público.
La decisión de Lazo generó críticas en la oposición y también de Daysi Iglesias, una de las integrantes del Codicen.
El Ministerio de Defensa Nacional también cedió a la ANEP el apartamento donde vivió, hasta su detención el 26 de junio de 1976, la maestra Elena Quinteros, desaparecida durante la dictadura cívico-militar.
El apartamento fue cedido al Ministerio de Educación y Cultura y recientemente la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria resolvió declarar ese apartamento como “sitio de memoria”.
