Por unanimidad y con 73 votos en sala, Diputados aprobó a última hora de este martes una declaración en donde la Comisión Investigadora sobre los posibles actos de inteligencia de Estado en democracia, que se disponía a recibir los testimonios de Oficiales Generales retirados de las Fuerzas Armadas que tuvieron a su cargo Servicios de Inteligencia, reclama al Ministerio de Defensa ante la negativa a concurrir a dicha Comisión de los exdirectores: Juan A. Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins.
La moción fue pedida por el diputado Luis Puig en nombre de la bancada oficialista.
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"La actitud de los mencionados exdirectores, constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación cometida por la Cámara de Representantes a esta Comisión. La imposibilidad de contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, impide conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad, y las órdenes y las directivas que dictaron. La negativa a concurrir a las citaciones muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores", apunta la declaración.
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La Comisión citó a siete directores de inteligencia desde 1985 a la actualidad, siendo los que estuvieron entre 1985 y 1999 los que se negaron a concurrir. Sí lo hicieron el Contraalmirante retirado Manuel Burgos y el vicealmirante Carlos Giani, ambos se desempeñaron como jerarcas al frente de Inteligencia después del año 2000. Por su parte, si bien Oscar Otero se excusó de ir, dijo que iba a hacerlo.
La comisión cuenta con documentos que prueban las tareas de inteligencia militar entre 1985 y 1999 con espionaje sobre partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Hasta este lunes solo habían pasado por la comisión ministros y exministros de Defensa y del Interior.
La gran mayoría de los jerarcas aseguraron desconocer las actividades de inteligencia militar durante su periodo a pesar de que los documentos dejan claro la existencia de espionaje.
A nivel formal, el Parlamento no puede obligar a asistir a las personas citadas por las comisiones, la idea de la declaración es transmitirle al Ministerio de Defensa la situación, ya que si bien son militares retirados responden a disciplina militar, según explicó a El Observador el diputado Iván Posada.
La declaración:
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