AFP

EEUU sanciona a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos

Entre los sancionados figura un exvicepresidente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el defensor del Pueblo

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26 de julio de 2017 a las 14:08

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El gobierno estadounidense, a través de su departamento del Tesoro, impuso el miércoles sanciones contra trece funcionarios y exfuncionarios venezolanos por abusos contra los derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia, con el fin de presionar al gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.

El paquete de sanciones se concentra en funcionarios actuales o pasados "asociados con las elecciones o por quebrantar la democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción", señaló el Tesoro.

Entre los sancionados está el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el Tesorero de la Nación, Carlos Malpica Flores, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el comandante general del Ejército, Jesús Chourio, el vicepresidente de finanzas de Pdvsa, entre otros.

Lucena es una de las organizadora de las elecciones de este domingo y es a quien la oposición achaca la culpa por posponer las elecciones regionales que estaban planificadas para 2016. Además las presidenta del CNE bloqueó la posibilidad del referéndum revocatorio contra Maduro.

Después de un tiempo de guardar silencio respecto a Venezuela, la administración Trump lleva algunas semanas lanzando advertencias al gobierno de Nicolás Maduro.

La semana pasada presidente de EEUU amenazó a Venezuela con la posible imposición de "medidas económicas que serían fuertes, firmes y rápidas" en el caso de que el presidente venezolano continuara con su intención de avanzar en la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente.

En ese momento Donald Trump tampoco descartó sancionar tanto al Estado venezolano como a empresas empresarios privados.

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