El cambio en el sistema de certificaciones médicas, que implica que el Banco de Previsión Social (BPS) dejó de controlar el estado de salud de quienes se presentan para obtener el beneficio, significó para el organismo pagar casi US$ 53 millones de más que si siguiera con el mecanismo anterior. El banco dejó de controlar directamente en julio de 2010.
Sin embargo, la directora del BPS, Elvira Domínguez, comentó a El Observador su sospecha de que el gran salto en la cantidad de beneficiarios se debe a las “facilidades” otorgadas para acceder al pago de la licencia médica. De hecho, una auditoría encargada por el BPS al Fondo Nacional de Recursos para verificar la calidad de las certificaciones que otorgan las mutualistas, confirmó el temor de la jerarca. El trabajo, en sus primeras conclusiones, detectó abusos y una serie de irregularidades que determinaron que se diera de alta a 20 personas de 108 casos estudiados. Además, en 85 certificaciones hubo dudas por lo que fueron enviadas para su revisión a una junta médica.
Los controles para verificar la certificación que realizan médicos de las mutualistas, su fundamentación y que el tiempo de duración de la certificación sea adecuado a la patología diagnosticada, comenzó a aplicarse en instituciones de salud de Montevideo, Canelones, Soriano, Paysandú y San José.
Según supo El Observador, el Fondo Nacional de Recursos tiene previsto aplicar un esquema de auditorías que abarcarán a centros sanitarios de todo el país.
Desde el cambio del sistema, momento en el cual el BPS dejó de encargarse de las certificaciones, el número de personas que recibe el pago por enfermedad se incrementó mes a mes en forma continua. “El diseño anterior tenía más barreras, había que pasar por dos certificaciones, y se exigía el pago de un timbre” antes de acceder al pago, comentó Domínguez.
El nuevo diseño “que se hizo de buena fe para agilizar los trámites”, olvidó “el riesgo moral del que hay que protegerse y así surgieron los abusos”, comentó la representante empresarial.
Para Domínguez, habría que “capacitar a certificadores para que profesionales del banco definan si una persona amerita o no el pago del subsidio”.
