El expresidente Horacio Cartes disuelve sus empresas tras duras sanciones de los Estados Unidos “por corrupción desmedida”
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ex mandatario y también al actual vicepresidente Hugo Velázquez acusados de “socavar las instituciones democráticas en Paraguay"
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes publicó un video en sus redes sociales anunciando la disolución de su grupo empresarial por las sanciones recientemente impuestas en su contra por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron y, ante eso, decidí no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias, por lo que prefiero dar un paso al costado”, sostuvo Cartes.
En un comunicado, el Grupo Cartes anunció “la reorganización de las compañías que lo integran”, por lo cual disuelve la sociedad entre el expresidente de Paraguay y su hermana Sarah Cartes, así como la liquidación de las sociedades incluidas en la lista de la OFAC. También se aclaró que procederá al “traspaso de las acciones de Horacio Cartes a favor de sus herederos legítimos como un anticipo de herencia”.
La Fiscalía General de Paraguay había iniciado la investigación contra el ex mandatario y también contra el actual vicepresidente, Hugo Velásquez, tras las sanciones de los Estados Unidos.
Las sospechas de que el grupo Cartes realizaba acciones de contrabando de cigarrillos son de vieja data. Pero en julio de 2022, según la OFAC, Cartes presuntamente "obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo" de un posible enjuiciamiento y daño político.
Eso motivó que la dependencia del Departamento del Tesoro norteamericano sancionara a Cartes y a Velázquez “por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay”, según puede leerse en la página oficial del Departamento del Tesoro.
A su vez, las sanciones se extienden al grupo de empresas de Cartes que están establecidas en los Estados Unidos: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., “por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes”.
La decisión se basa en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de Derechos Humanos y corrupción en todo el mundo.
Se trata de una norma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Serguéi Magnitski en noviembre de 2009 quien denunció actos de corrupción en Rusia.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, Brian E. Nelson, fue durísimo respecto del caso Cartes, al referirse al motivo de las sanciones y las justifica por “la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas”.
Según el Departamento de Estado, Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. “Su carrera política se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito. Se unió al Partido Colorado en 2009, proporcionando inversiones e incentivos para convencer a los dirigentes de eliminar el requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial del partido”.
Agrega que Cartes “pagó a los miembros del partido hasta US$ 10.000 a cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”.
Además, según el informe de Washington, “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro”.
El informe afirma que Cartes “aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.
En 2017, Cartes prometió US$ 1.000.000 de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiría postularse para un segundo mandato en 2018”.
Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo “sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta US$ 50.000 mensuales”.
OFAC también colocó en la nómina de acusaciones a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., empresas que son propiedad o están manejadas por Cartes.
Respecto de Hugo Velazquez, actual vicepresidente de Paraguay, la página del Tesoro de los Estados Unidos señala que también “se involucró en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva”.
Ante esto, Velázquez dijo en Asunción que la acusación en su contra "es un invento, una falsedad" que lo motiva "más aún para no renunciar".
A su vez, consigna que tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, “una entidad designada como Organización Terrorista Extranjera”. Según el informe, Hezbollah “realizó regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos”.
Consigna que “representantes de Cartes y de Velázquez cobraron sobornos en estas reuniones”.
Las consecuencias son que todas las propiedades e intereses de Cartes y Velázquez en los Estados Unidos están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, también se bloqueó cualquier entidad que fuera propiedad, directa o indirecta, en un 50% de una o más de las personas indicadas.
