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Los primeros 100 días de un gobierno, según muchos analistas, son una muestra clave para entender lo que un presidente puede hacer durante el mandato para el que fue electo. Con Luiz Inacio Lula da Silva este período le dejó un margen de maniobra mayor al esperado apenas ganó el ballotage contra su antecesor Jair Bolsonaro el pasado 30 de octubre por exiguos dos puntos porcentuales.

Ese margen escaso, un Parlamento que tiene más opositores que oficialistas, más 13 gobernaciones estaduales en manos de seguidores –o antiguos seguidores en algunos casos- del ex presidente de derecha, hicieron creer a muchos brasileños que Lula podía temblar a una semana de asumir.

En efecto, Lula juró el 1° de enero con un Bolsonaro que había viajado 48 horas antes a Florida, Estados Unidos, para estar cerca –literalmente- de Donald Trump, de quien se considera un aliado. Las redes sociales de los bolsonaristas ya bramaban por un acto destituyente. Y ese fue nada menos que la invasión a los edificios de los tres poderes constitucionales de Brasilia el pasado 8 de enero. A una semana de la toma de mando.

No solo eso. El secretario de Seguridad de Brasilia, que había asumido el 1° de enero después de ser ministro nacional de Bolsonaro, dejó pasar a muchos de los manifestantes que invadieron los edificios y los vandalizaron. Ahora, la Justicia lo metió preso. Y también a muchos de los que estuvieron ese día creyendo que podían torcer el destino del mandatario de izquierda.

Lula logró dialogar esos días con todos los gobernadores –incluyendo los que menos simpatizan con Lula- y todos respaldaron la Constitución y, en consecuencia, el mandato presidencial.

Brasil es una potencia, tiene 235 millones de habitantes, es la octava economía del mundo, tiene un Banco Central con más de U$S 300 mil millones y una diversidad cultural, económica y geográfica que lo convierte en el país más importante de América Latina.

Pero el presidente no va a tener un mandato fácil hasta 2027. Tomó un Estado con políticas públicas averiadas o desguazadas. Necesita fondos para reconstruirlas que deben ser votados por el Congreso, que no le es afín.

Lula gobernó entre 2003 y 2011, y Brasil trepó al quinto lugar por PIB de las economías del planeta. Sacó a 50 millones de personas de la pobreza, logró un crecimiento de las exportaciones sin precedentes. Pero 12 años después el escenario no está lleno de rosas.

Logró la foto de unidad de todas las instituciones, pero también están las fotos de los niños con hambre, de la Amazonía deforestada a niveles de degradación impensados, con minería ilegal a cielo abierto en comunidades originarias que son sometidas por los buscadores de oro ilegales.

El Gobierno desplegó rápidamente una operación de rescate y determinó la expulsión de los garimpeiros, como llaman a los buscadores de oro. Fue una forma de demostrar compromiso con las poblaciones nativas y con el medio ambiente.

Aunque restaurar las políticas ambientales ha sido una de las principales tareas, la deforestación en los primeros tres meses no frenó. Al revés, creció. Y a expensas de las políticas que promueve la ministra del área, Marina Silva, situada más a la izquierda que Lula pero que no puede actuar ante poderes fácticos arraigados en el país.

Aumentaron las multas, reactivaron el Fondo Amazonía, que recibe fondos de otras naciones, pero el pulmón del planeta se degrada y 100 días no sirven para frenarlo con un Congreso de mayoría opositora y con muchos de los productores sojeros y ganaderos que apoyan a la coalición de gobierno pero que no están dispuestos a perder sus beneficios.

En el primer trimestre de este año la Amazonía perdió más de 850 kilómetros cuadrados de selva, la segunda peor cifra para esa época del año desde que hay registrados, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

En cuanto a los programas sociales, que fueron la clave de la labor del Partido de los Trabajadores (PT) en los mandatos previos, Lula le pone músculo. Así, fondeó el Bolsa Familia, de ayudas a las familias más pobres; el Mi Casa - Mi Vida, que da recursos para construcción de vivienda pública; y el Más Médicos, para hacer llegar médicos a las zonas rurales más aisladas y empobrecidas del país.

Lula también anunció la intención de reactivar 14.000 obras de infraestructura que estaban paradas en todo el país desde hace años, ya que defiende que la inversión por parte del Estado debe ser uno de los motores del crecimiento.

A nivel internacional, Lula ha dado señales claras de que Brasil quiere volver a ser protagonista. Ha realizado viajes a Uruguay, Argentina, Estados Unidos y ahora retoma el viaje a China. Además, recibió en Brasilia al canciller alemán Olaf Scholz y al enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry.

También señaló que los BRICS (el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) recobrarán su importancia y que la relación con China será del más alto nivel, incluso con intercambio comercial e inversiones realizadas en reales y yuanes.

A mediados de mes, tras el viaje a China, será parte de los invitados especiales a la reunión del G-7 que se realizará en Hiroshima, Japón, y que tendrá en la agenda el debate sobre la paz en Ucrania, donde Lula va cobrando un papel importante por su buena sintonía con Washington y Beijing.

Pero la política exterior no será suficiente para su desafío político interno más grande: construir una base de aliados sólida en el Congreso Nacional, donde su partido se encuentra en minoría. No está siendo fácil, y muchos proyectos de la legislatura todavía no han arrancado por falta de ese apoyo parlamentario.

La economía es otro punto sensible. Después de saberse que el PIB de Brasil creció un 2,9% el año pasado, Lula advirtió estos días que Brasil "no está creciendo nada", y remarcó que hay que hacer de todo para estimular el crecimiento económico

En las mediciones de opinión pública, según la consultora Datafolha, la más prestigiosa de Brasil, el 38% del electorado considera que el desempeño de su Gobierno es bueno o muy bueno, frente a un 29% que lo califica de malo o muy malo. Son apenas 100 días, los que en general se considera que la ciudadanía suele dar el visto bueno a los mandatarios.

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