En marzo algunos medios publicaron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían asesinado a tres muchachas. El testimonio llegó a un oficial del Ejército y era contundente: tres jóvenes de 15, 16 y 17 años habían desertado de la guerrilla en el departamento de Guaviare, intentaron escapar y no lo consiguieron. Fueron capturadas nuevamente, maniatadas durante un mes y un consejo de guerra decidió fusilarlas.

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El lunes pasado, el director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, confirmó el suceso en un comunicado que afirmaba: “Los niños y adolescentes colombianos no pueden seguir siendo el blanco de estos grupos que actúan con alevosía cuando los reclutan ilícitamente, cuando siembran minas antipersonales, cuando los secuestran, los torturan y los utilizan para delinquir”.

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Para el 9 de abril había organizada una gran manifestación en Bogotá: cerca de un millón de personas salieron a las calles para mostrar apoyo al proceso de paz que encabeza el gobierno de Juan Manuel Santos.

Esa paz, un anhelo que tiene más de 50 años, es el sueño de muchos.

Según el estudio de la politóloga Natalia Spinger y un equipo de 80 investigadores, publicado en agosto de 2012, en Colombia hay 18 mil menores reclutados por la guerrilla y los movimientos armados.

Sin embargo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sostiene que la cifra es demasiado elevada y que habría que contrastar esos números. Como no hay un método exacto para definir la cantidad de reclutados, es muy difícil establecer con precisión cuántos son.

De acuerdo con las estimaciones recogidas en informes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, se estima que la cifra puede estar entre los 8.000 y los 11 mil.

Para José Luis Campo, activista de la ONG Benposta a favor de los derechos de los niños, el problema principal es que el Estado no tiene un plan claro para atender a los menores si la guerra se termina.

El gobierno colombiano sostiene que desde 1999, cuando se creó un programa para atender a menores desvinculados del conflicto se han atendido cerca de 5.000 casos. Campo tiene miedo de que si se firma la paz, la guerrilla mande a los niños para sus casas como si nada hubiera pasado.

El reclutamiento infantil y adolescente es rechazado por el derecho internacional humanitario, que protege a los civiles en los conflictos armados de todo el mundo. Según las Naciones Unidas, el reclutamiento de menores de 15 años constituye un delito de lesa humanidad y está penado por la Corte Penal Internacional.
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