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Elecciones en Guatemala: qué va a pasar con la lucha anticorrupción liderada hasta ahora por la CICIG en el mandato de XXX
Desde hace varios años es uno de los temas que más se habla en Guatemala: por primera vez en la historia reciente se emprendió una lucha contra la corrupción que llevó a prisión a destacados políticos y empresarios.
El caso más notable fue la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti quienes permanecen encarcelados.
Un elemento fundamental de esta cruzada es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El gobierno de Guatemala ordena la expulsión de la Cicig
Sin embargo, el organismo desaparece el 3 de septiembre, después que el actual gobierno no renovó el acuerdo para su permanencia en el país.
Y ahora muchos se preguntan cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el próximo gobierno de…
El ganad@r de la segunda vuelta de los comicios presidenciales no planteó en su estrategia electoral un acuerdo con Naciones Unidas, para que la Comisión mantenga sus operaciones.
De hecho en la campaña tampoco se refirió abiertamente al tema. Es una de las razones para la inquietud de muchos guatemaltecos.
Otra es el perfil de la virtual presidente, quien enfrenta varios procesos abiertos por financiamiento electoral ilícito y fraude (EN CASO DE QUE GANE SANDRA)
Otra es el perfil del virtual presidente, quien fue encarcelado por algunas ejecuciones extrajudiciales cometidas en la cárcel de Pavón en 2006.
En ese tiempo Giammattei era director del Sistema Penitenciario de Guatemala. El ganador de la elección presidencial permaneció diez meses en la cárcel antes de ser absuelto. (EN CASO DE QUE GANE GIAMMATTEI)
Iván Velásquez, comisionado de la Cicig: en Guatemala "hay una ruptura del Estado de derecho"
Algunos ven difícil que se mantenga la lucha contra la corrupción como sucedió en los últimos años, sobre todo porque hasta ahora son pocas las posibilidades de que la Comisión siga en el país.
"En campaña no se manifestó públicamente acerca de la Cicig y por tanto queda ambigua su posición", le dice a BBC Mundo Edie Cux García, de la organización Acción Ciudadana.
Optimismo
A pesar del incierto panorama algunos creen que es inevitable mantener la batalla contra la impunidad.
"Se ha producido una gran transferencia de capacidades el Ministerio Público con el objeto de que la lucha contra la corrupción pueda seguir, más allá de la Cicig" le dice a BBC Mundo Matías Ponce, vocero del organismo internacional.
"Hay un fuerte respaldo popular, entre 75 y 80% de la población manifiestan su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, y a la continuidad de la tarea de la Cicig".
Parte de este apoyo empezó a gestarse en 2015, cuando por varias semanas miles de personas protestaron en las calles de la capital.
Las movilizaciones provocaron la renuncia de Pérez Molina y Baldetti, involucrados en una red de corrupción en el sistema de aduanas.
El caso se conoció como La Línea y en la investigación participó la Cicig.
De ese período nació un proceso de organización ciudadana que impidió, por ejemplo, que se modificaran las leyes para amnistiar a los acusados de corrupción y delitos de guerra.
También evitaron que el presidente Jimmy Morales expulsara a la Comisión Internacional en septiembre pasado.
"Estoy convencido que Guatemala es distinta a partir de 2015" le dice a BBC Mundo Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos.
"El país salió de la anomia, nos volcamos a las plazas contra la corrupción y la impunidad".
Este respaldo permitirá que, más allá del presidente electo, se mantendrá la tarea que en acompañó la Cicig asegura Matías Ponce.
"Será la independencia del Ministerio Público y del sistema judicial los garantes de que se continúe el combate a la corrupción en Guatemala, más allá del presidente de la república".
La época Jimmy Morales
La Comisión se creó a finales de 2006 por un acuerdo entre la ONU y el gobierno del entonces presidente Oscar Berger.
El objetivo fue colaborar en la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como redes de corrupción político empresariales.
Una de sus funciones es fortalecer a las instituciones locales de justicia, como el Ministerio Público y la Fiscalía contra la impunidad, así como brindar capacitación y tecnología para facilitar las investigaciones.
Desde 2007, cuando empezó a operar formalmente, la Cicig colaboró en más de 120 investigaciones de alto impacto que desarticularon al menos 60 estructuras criminales.
Esto provocó que más de 300 personas recibieran sentencias por diferentes delitos, entre ellas el expresidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti.
Aunque los casos en que participó incomodaron a políticos y empresarios, la etapa más complicada para la Cicig empezó en 2017.
Ese año colaboró en una investigación sobre presunto financiamiento electoral ilegal que involucró a familiares del presidente Jimmy Morales.
El mandatario acusó al comisionado Iván Velásquez de extralimitarse en sus funciones, y desde ese criticó constantemente a la Comisión.
En enero pasado Morales anunció que se cancelaba definitivamente el convenio con la ONU que permitía la existencia de la Cicig.
La clave
Los candidatos que compitieron en la segunda vuelta electoral, Sandra Torres y Alejandro Giammattei, evitaron hablar de la Cicig durante la campaña.
Pero ambos coincidieron en que mantendrían la lucha contra la impunidad, la cual debe quedar completamente en manos de las autoridades de Guatemala.
Una de las propuestas es crear una Comisión Nacional contra la Corrupción que tenga funciones similares a las de la Cicig. Pero con matices.
Giammattei, postulado por el partido Vamos, asegura que lo importante es cambiar al sistema político.
"Los guatemaltecos ya vimos que hay que atacar fuertemente a la corrupción pero no sólo como lo hizo la Cicig, metiendo a la cárcel al corrupto" dice a BBC Mundo.
"Al final la corrupción es producto de un sistema que la fomenta. Perseguir al corrupto por perseguirlo es correcto, pero si el sistema lo promueve no se resuelve nada".
Pero la tarea le toca sólo a los guatemaltecos, insiste. "Eso sólo lo puede hacer la gente y el propio Estado".
"No necesitamos ayuda de los organismos internacionales para que nos vengan a decir que hacer, mejor que no haya gobierno de Guatemala y que sea uno internacional".
Sandra Torres, en cambio, sugiere que aceptaría la participación internacional en el combate a la corrupción, pero no explica de qué forma pretende hacerlo.
"Estamos conscientes que es importante fortalecer al Ministerio Público y sus capacidades nacionales", dijo a periodistas.
"Planteamos la necesidad de determinar si continuamos con un modelo de lucha contra la corrupción acompañado de la comunidad internacional, que tiene experiencia en ese tema".
