En el FA temen que ley que pena empresarios afecte su campaña

A pocos meses del comienzo de la campaña electoral, los partidos políticos ya están buscando fondos para financiar la carrera hacia octubre y eventualmente noviembre del año próximo. Y los dirigentes frenteamplistas se han encontrado con un problema entre los empresarios a los que han llamado pidiendo colaboración económica: la ley de responsabilidad penal empresarial por accidentes laborales.

Al tratarse de esa ley las presiones son de ambos lados. Por un lado está el gremio de la construcción (Sunca), que se moviliza, y del otro lado los empresarios, que colocan el tema en todos los foros que pueden. Así el Frente Amplio recibió en el Senado esta iniciativa que establece la responsabilidad para situaciones de “peligro” laboral. Los partidos Nacional y Colorado ya adelantaron que rechazan el texto. El oficialismo, con los votos suficientes para aprobar cualquier proyecto, busca “equilibrios” en medio de un año electoral.

Es que antes de las presidenciales, que serán en octubre de 2014, es cuando se pone especial atención a cada movimiento político. El proyecto que puede llevar a prisión a empresarios que incumplan cuestiones de seguridad laboral, ingresó la semana pasada a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Alta. El primer invitado fue el ministro Eduardo Brenta (Trabajo) y el subsecretario Nelson Loustaunau.

También estaba invitado el PIT-CNT pero sus dirigentes no llegaron, a pesar que es un tema que últimamente incluyeron en sus discursos públicos.

Según consultas de El Observador en el Parlamento, en la bancada de senadores oficialistas no todos imprimen la misma tenacidad en aprobar un texto que, a varios, no les convence. Los senadores prefieren no hacer declaraciones públicas pero comentan a sus allegados que deberá haber un “equilibrio” en medio de posiciones encontradas de empresarios y trabajadores en un tema “sensible”.

El texto no irá al freezer, dicen en el Frente Amplio, pero los senadores reclaman tiempo para “estudiarlo en profundidad”, afirman que “no se aprobará con liviandad” y que “la bancada aún no lo trató”, lo que se interpreta como que no hay mayor apuro en aprobarlo.

Diputados

El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau comentó que el Poder Ejecutivo “ni aprueba ni desaprueba” este proyecto que surgió del seno del Partido Comunista, del Partido Por la Victoria del Pueblo y del Sunca.

Lo dijo luego de concurrir a Diputados donde el texto recibió modificaciones. Loustaunau se encargó de aclarar que la redacción no salió del gobierno aunque dio su opinión técnica para mejorarlo.

Por su parte, la oposición tiene dudas sobre el alcance del proyecto. El senador Francisco Gallinal (Partido Nacional) propuso convocar a la Suprema Corte de Justicia y catedráticos en derecho penal y laboral para ver si la norma no colisiona contra otras ya existentes. La propuesta fue bien vista por el ministro Brenta. Gallinal informó que actualmente hay leyes que sancionan penalmente en caso de un accidente laboral fatal. Sin embargo, dijo Brenta, habría que preguntarse por qué eso no ocurre, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años hubo más de 150 trabajadores muertos por accidentes de trabajo y no hubo procesamientos salvo en un caso.

El texto fue aprobado en Diputados el miércoles 6, en una sesión donde el líder del sindicato de la construcción, Oscar Andrade ingresó a sala para votar como diputado suplente del Partido Comunista. Afuera del Palacio y en varias plazas de capitales del interior el debate era transmitido en directo por pantalla gigante.

En este tema el Sunca sacó a su gente a la calle y asumió un rol protagónico al ser la construcción, por las características de la actividad, donde más mueren obreros por accidentes laborales. Desde el año 2000 a la fecha, 102 obreros de la construcción perdieron la vida en sus empleos. Según la estadística del gremio, 43 murieron al caer desde alturas, 19 por aplastamiento con máquinas o muros y 1 electrocutados.

“Colocar a un trabajador sin protocolo de seguridad, sin habilitación municipal ni de bomberos es un delito”, dijo Andrade en su rol de diputado, instancia para la cual vistió la camisa anaranjada que identifica a los obreros de la construcción.

El artículo uno del proyecto de responsabilidad penal empresarial establece que el empleador o quien en su nombre ostente la dirección de la empresa y que no adopte los medios de resguardo y seguridad laboral, de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud, o la integridad física del trabajador, será castigado con tres a 24 meses de prisión.

En el Senado, el comunista Eduardo Lorier empujará para que el proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial sea aprobado, pero sabe que otros sectores pueden presentar objeciones. l

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