Tan solo en entre enero y junio de 2023, la organización Causa en Común registró un total de 226 masacres en México, según el reciente informe "Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto". Esta organización de la sociedad civil define una masacre como el asesinato de tres personas o más.
Con relación a las atrocidades cometidas en el mismo período de 2022, hubo un aumento del 5%. Si se compara con el periodo enero-junio de 2021, se observa un incremento aproximado de 24%, pasando de 2.644 a 3.285 atrocidades.
Causa en Común considera como atrocidad “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.
A partir de julio de 2022, la onegé considera: “A. Masacre: asesinato de tres personas o más. B. Fosa clandestina: cuerpos o restos humanos enterrados o semienterrados C. Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres: desmembramiento o disolución de un cadáver”.
Los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante el periodo fueron: Veracruz, con al menos 899; Chiapas, con 704; Chihuahua, con 404; Guanajuato, con 253; y Baja California, con al menos 322.
Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Durango y Campeche, con al menos 15 en cada uno; Querétaro, 21; Baja California Sur, con 27 y Ciudad de México, con al menos 50.
En la página web de la onegé Causa en Común se consigna que son “la suma del esfuerzo de dos organizaciones: Ciudadanos por una causa en común y Horizonte y Oportunidad, que se articulan en la defensa de los derechos y libertades, las víctimas y la democracia y sus instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad.
La presidenta de Causa en Común es María Elena Morera, activista ciudadana desde 2001. Desde 2003 a 2009 estuvo al frente de México Unido Contra la Delincuencia. Causa en Común es “una organización civil dedicada a la construcción de ciudadanía, así como a promover mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno que fortalezcan el estado de derecho en México”.
En la página web de Causa en Común dice: “Reconocemos que el arraigo crónico de las violencias que asolan al país es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad y de justicia en los tres ámbitos de gobierno. El reto ante nosotros requiere de una profunda revisión y reconstrucción del orden institucional sobre el que descansan estas tareas”.
Y añade: “En ese sentido, toda política pública orientada a la disminución de las violencias, debe implementarse sobre la base de instituciones sólidas, homologadas en cuanto a sus capacidades técnicas, con suficiente solvencia operativa para atender y adaptarse a las diversas necesidades estructurales, los contextos sociales, económicos y políticos existentes en el país, y en permanente observancia de los derechos humanos”
Para comprender la magnitud de la violencia estatal y paraestatal se enumeran algunos de los hechos más resonantes vividos entre 1986 y 2023.
Masacre de Tlatelolco. El dos de octubre de 1968, elementos del Ejército mexicano y paramilitares atacaron a los miembros de un movimiento estudiantil reunidos en la Plaza de Las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Algunas fuentes calculan que la matanza dejó entre 300 y 400 víctimas mortales. En el cincuenta aniversario de la masacre, México admitió que se trató de un crimen de Estado.
El Halconazo. El 10 de junio de 1971, el grupo paramilitar Los Halcones reprimió de manera violenta una manifestación estudiantil en la Ciudad de México. Se estima que unas 120 personas murieron en la masacre.
Masacre de Aguas Blancas. El 28 de junio de 1995, policías y agentes judiciales del estado de Guerrero detuvieron dos camiones en los que viajaban miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En esa emboscada, a tres kilómetros de la localidad de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos y otros 14 resultaron heridos.
Matanza de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, 45 integrantes de la organización pacífica "Las abejas" murieron a manos de un comando de alrededor de 60 paramilitares, que dispararon contra hombres, mujeres y niños, en el poblado de Acteal, en el estado de Chiapas.
Primera masacre de San Fernando. Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, miembros del cártel de los Zetas ejecutaron a 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres-, en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Los cadáveres tenían las manos maniatadas y habían sido amontonados y abandonados a la intemperie.
Segunda masacre de San Fernando. Un año después, se hizo otro descubrimiento aterrador en una fosa clandestina, donde se hallaron los restos mortales de 193 migrantes, que habían intentado llegar a Estados Unidos. Los cuerpos con tórax y cráneos fracturados evidencian una violencia extrema.
Masacres de Durango. Tras una serie de asesinatos relacionados con el crimen organizado en el estado de Durango, en 2011 y 2012, se descubrieron varias fosas comunes cerca de la ciudad de Durango. Casi 400 cuerpos fueron exhumados.
Masacre de Allende. El 18 de marzo de 2011, sicarios del cártel Los Zetas entraron al municipio de Allende, en el estado de Coahuila, para castigar a presuntos traidores. Los secuestros y saqueos duraron tres días, y, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llegaron a identificar 49 víctimas mortales. No obstante, de acuerdo con otras estimaciones, unas 300 personas desaparecieron tras la masacre.
Matanza de Tlatlaya. El 30 de junio de 2014, militares asesinaron a 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Mientras que los miembros del Ejército aseguraron que las víctimas murieron en un enfrentamiento de fuego cruzado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que la escena del crimen fue alterada posteriormente para hacer creer que los civiles habían atacado primero a los militares. Los responsables fueron detenidos en abril de 2021.
Ayotzinapa. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados y están desaparecidos desde entonces. Otros tres estudiantes fueron asesinados. Fue en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. El cártel Guerreros Unidos es acusado de haber cometido el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades locales y elementos del Ejército.