En zona de turbulencia
Mientras los acreedores de Pluna buscan un acuerdo extrajudicial, el gobierno quiere negociar
El cimbronazo que causó en el gobierno la declaración de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de la exaerolínea de bandera Pluna es grande. Todo el esquema de salida ideado por el gobierno de José Mujica cayó con la opinión mayoritaria de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y ahora enfrenta una contingencia de deudas y más deudas –producto del reclamo de acreedores–, el posible deterioro y pérdida de valor comercial de los siete aviones Bombardier que custodia desde hace más de un año, y demandas por daños y perjuicios.
La fuente del gobierno, además, advirtió que si el síndico “no cumple con lo que la ley le obliga, los aviones se convertirán en chatarra”.
Sin embargo, los reclamantes no estatales hacen otra interpretación del presente escenario. Y proponen sentarse a negociar con el síndico y el gobierno para explorar un acuerdo extrajudicial. Si este se concreta, debe ser validado por la jueza del concurso, Teresita Rodríguez Mascardi.
El abogado Fernando Cabrera, asesor jurídico de la Liga de Defensa Comercial, que representa a los acreedores de Pluna que son empresas, dijo a El Observador que en los últimos días estuvieron reunidos para presentar al gobierno una propuesta de acuerdo que ya habían manejado meses atrás.
Estos reclamantes interpretan que el Estado saldrá perdiendo en el concurso porque Pluna Ente pasa a ser un crédito subordinado y por lo tanto no se puede sumar con los otros organismos del Estado y cobrará último en la lista de acreedores. Según explicó Cabrera, el acuerdo está previsto en el artículo 150 de la ley de concurso (18.387). Implica firmar un compromiso de pago del Estado aparte de los créditos de Pluna, y como contrapartida se queda con los aviones. A su vez, los acreedores se comprometen a no demandar al Estado y a no hacer otros reclamos.
Basado en sus cálculos, realizados de acuerdo a los balances presentados por Pluna al momento del cierre de la empresa, si el Estado pusiera US$ 70 millones se solucionaría el tema.
Cabrera indicó que a julio de 2012, el pasivo de Pluna era de US$ 370 millones. A esa cifra hay que restarle los US$ 160 millones de los seis aviones adquiridos en contrato de leasing (arriendo con derecho a compra), ya devueltos al fabricante, y otros US$ 140 millones de otras deudas ya pagadas.
Con esos US$ 70 millones se cubrirían los créditos que reclaman los acreedores, a juicio del directivo de la liga.
De todos modos, aclaró que el monto está sujeto a que se realice la verificación de los créditos porque recién ahí se va a saber cuánto reclaman los acreedores y a cuánto asciende el pasivo.
Además, Cabrera señaló que este puede ser un “concurso calificado”, en el que al final del proceso la jueza resuelva condenar al administrador a hacerse cargo de los costos. “En este caso el Estado asumió un pacto de indemnidad, por lo que puede pasar que sea condenado a pagar” todos los gastos del concurso, advirtió.
Entonces, si se firmara ese acuerdo, el Estado puede evitar una posible condena. Además, le permite quedarse con los aviones, tres de los cuales tiene previsto entregar a la nueva aerolínea de los extrabajadores de Pluna, Alas Uruguay, y los restantes cuatro los venderá, como tenía pensado.
En ese acuerdo denominado “cesión de activos”, según la ley concursal, se aclara a texto expreso que el cesionario no asume responsabilidad alguna por los créditos que al momento no se hubieran verificado. De esta manera, se evita que quien no se presentó hasta ese momento pueda hacerlo, por ejemplo los acreedores de Brasil tras la quiebra de la asociación de Pluna con Varig.
Se desconoce si los extrabajadores de Varig se presentaron en el concurso. Hasta el momento los créditos de los acreedores del concurso no han podido ser verificados porque, poco después de iniciado, se aprobó la ley que creó el fideicomiso y se presentaron los recursos de inconstitucionalidad que obligaron a la jueza a mandar el expediente a la SCJ.
Gabriel Ferreira, síndico del concurso en representación de la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), dijo a El Observador que la semana próxima presentará el recurso de inconstitucionalidad para que todos los acreedores queden comprendidos en la sentencia de la SCJ.
Luego, cuando vuelva el expediente, realizará la tarea de verificar los créditos y recién a partir de ese momento se comenzará a evaluar las alternativas. Ferreira admitió que el acuerdo extrajudicial es una de esas opciones.
La abogada representante del grupo de casi 200 pasajeros damnificados, Gisleine Barboza, dijo ayer a El Observador que está abierta a buscar “una solución”. “Todo acuerdo es posible, siempre y cuando sea dentro de la ley y del concurso”, agregó.
Será la jueza de concurso la encargada de interpretar y aplicar el fallo. Hasta que no le llegue el expediente, Rodríguez Mascardi no tomará una posición, dijo a El Observador.
El profesor de Derecho Concursal y exasesor jurídico de la Liga de Defensa Comercial, Camilo Martínez Blanco, también planteó el acuerdo con los acreedores como la salida al problema. En su opinión, los acreedores podrían venderle los aviones a la nueva aerolínea Alas Uruguay, ya que es la única interesada en adquirirlos. “El síndico no tiene dinero para mantener los aviones. Hay una promesa de venderle a la cooperativa. No es descabellado que se firme un convenio entre los acreedores que convalide la venta a Alas Uruguay”, señaló.
Por su parte, según supo El Observador, el abogado Ricardo Olivera García, quien fue el creador de la ley que la Corte declaró inconstitucional, sugirió al gobierno tras la caída de la ley, el acuerdo extrajudicial con los acreedores como una alternativa posible.
