Es un "peregrinaje": Servicio Civil recaba "artesanalmente" cuánta gente hay en el Estado

El planteo, sin embargo, motivó a su vez una exposición más general sobre los problemas que enfrenta la administración pública para conocer con precisión un dato que a priori parecería de primer orden: cuánta gente tiene trabajando para sí, cualquiera sea la modalidad. 

El director de la ONSC, Conrado Ramos, compareció este miércoles ante Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados y dijo que el dato debería existir, pero que en la práctica es imposible de determinar con certeza en las actuales condiciones, ya que no está centralizada ni bajo formato electrónico uniforme. Su relevamiento, en cambio, ha sido históricamente una tarea compleja que supone un "peregrinaje" de llamadas oficina por oficina en un trabajo casi "artesanal", ilustró Ramos. 

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El jerarca contó cómo hace hace para elaborar los informes que, por ejemplo, la oficina debe incluir al enviarse al Parlamento las leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas. A través de un "gran trabajo" se llama a cada uno de los organismos y así cotejar la información. A esa tarea se dedican la seis personas que trabajan en el Registro de Vínculos con el Estado, sumadas a la Gerencia de Laboratorio y el Observatorio de la Función Pública. 

En la práctica, eso implica relevar la información sobre 153 organismos del Estado, muchos subdivididos en varias unidades ejecutoras distintas. El Poder Legislativo, por ejemplo,  representa tres unidades, que se relevan por separado. En la Administración Central son 15 organismos, junto a los 13 entes autonómos y servicios descentralizados. Varios de ellos incluyen "movimientos permanentes" a nivel funcional, como la Educación Pública, ASSE o la Universidad de la República. 

Los entes industriales y comerciales suponen, en tanto, 16 entidades diferentes. Del lado de los gobiernos subnacionales, hay 38 intendencias y juntas departamentales. El relevamiento también debería incluir a 43 empresas de derecho público no estatal y 28 sociedades anónimas con mayoría accionaria en manos del Estado. 

"Se hace un gran esfuerzo, pero no siempre logramos una actualización completa", indicó. Ramos estimó que el 90% de los organismos públicos responde en forma adecuada. La excepción la constituyen determinados ámbitos que resultan "realmente complejos": allí mencionó a las intendencias, algunas juntas departamentales y el Ministerio de Defensa. 

Todo eso lleva "bastante trabajo manual", señaló el director. A los efectos, un reciente convenio con el Banco de Previsión Social (BPS) le permitió a Servicio Civil acceder directamente a las altas y bajas que se dan en la Caja Civil y, además, al ingreso nominal de cada vínculo. Es que, explicó, ningún organismo público tiene esos datos centralizados. 

"Si uno le pregunta al Ministerio de Economía, no los tiene", señaló. "Tampoco la OPP ni Servicio Civil". 

Al respecto, un trabajo conjunto le permitirá a la ONSC conocer la forma jurídica del vínculo de cada persona. Un detalle que, al principio, al BPS "no le hizo mucha gracia", ya que lo obligó a modificar su sistema informático y así permitir que los distintos organismos puedan incorporar esa información. 

"Los organismos también presentan importantísimos atrasos, errores e inconsistencias en el envío de información, que es lo que tenemos que estar permanentemente cotejando nosotros", apuntó. 

A fines de setiembre y en declaraciones a Búsqueda Ramos había estimado que existían unos 310.000 vínculos laborales en el Estado, aunque admitiendo que esa cifra representaba un "tanteo". 

Servicio Civil eleva hoy al Parlamento cinco tipos de informes. Uno es el Registro de Vínculos con el Estado, que corresponde a las altas y bajas en cada repartición y que , téoricamente, debería actualizar cada semestre. 

"Hoy uno podría decir que no se conoce históricamente con exactitud la cantidad de vínculos jurídicos que se tienen con Estado", admitió Ramos. "Es responsabilidad de cada organismo brindar la información a la oficina, pero es algo que los organismos no suelen hacer". 

También se eleva periódicamente un registros de los ascriptos contratados por cada ministro bajo la modalidad habilitada en la ley de Presupuesto de 2010. Los demás corresponde a los datos de ingreso al Estado de personas con discapacidad, afrodescendientes y trans. 

Este año, la ONSC agregó dos nuevos informes: uno sobre las víctimas delitos violentos que perciben una pensión del Estado, y otro sobre certificaciones médicas. Por otra parte, en la Rendición de Cuentas que cobrará vigencia el próximo 1 de enero se incluyó la obligación de otro informe sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo, entes autónomos y servicios descentralizados que hayan solicitado licencia por enfermedad o accidentes de trabajo. 

El artículo 1 del proyecto obliga a Servicio Civil a incluir en el reporte semestral al Parlmento un listado que permita identificar a todas las personas designadas en forma directa a un puesto de particular confianza en la órbita estatal. Allí deberían figurar asimismo las razones que fundamenten dichas contrataciones, junto a los currículums de los designados. 

"Las designaciones discrecionales son muchas", señaló Ramos. Según explicó, cuando cambia un gobierno esa cifra aumenta y luego tiende a decrecer. En 2015, a comienzos del último gobierno del Frente Amplio, se designó en forma directa a 7.720 personas: 4.168 eran funcionarios. en 2019, al final de ese período, fueron 3.000 las designaciones directas. 

En 2020, a inicios de este gobierno, fueron designadas en forma directa 5.264 personas. 

Ramos sostuvo que sería extremadamente complejo cumplir con el detalle de los currículum vitae,  cuya incorporación hoy no es obligatoria para ningún organismo. Además, si es fuera el caso, la información por lo general no está digitalizada. "Todo es papel", afirmó.