Escollos con UPM

Persisten cruciales áreas de trabazón como el tren, el canon, las exenciones y los reaseguros

M. Natalevich

Los muchos escollos que dilatan el acuerdo con UPM ponen en riesgo sus ventajas, económicas para el país y electorales para el Frente Amplio. Pese a que el presidente Tabaré Vázquez lo viene anunciando como inminente desde febrero, persisten cruciales áreas de trabazón.

Incluyen el tren, el canon que la empresa finlandesa pagaría al gobierno, las exenciones impositivas a UPM y los reaseguros. El gobierno confiaba en obtener inversión privada, a través de la ley de participación público privada (PPP), para financiar buena parte de los US$ 1.000 millones que el Estado necesita para mejorar el deficiente sistema ferroviario y obras conexas. Estas mejoras en infraestructura son esenciales, como contrapartida estatal a los US$ 4.000 millones que UPM invertiría en la nueva planta de celulosa.

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Pero el tiempo pasa y los fondos privados no aparecen, lo que pone al gobierno ante la necesidad de arbitrarlos con más endeudamiento público. Esta perspectiva fue la causa principal de la renuncia de Andrés Masoller, figura clave en el Ministerio de Economía que objetó el eventual impacto adverso de ese curso en el alto déficit fiscal actual, que el gobierno no logra abatir. Tampoco se termina de definir el canon que UPM pagaría al gobierno, tema relacionado con las exenciones tributarias a la empresa. Y persisten desacuerdos sobre los reaseguros que requieren tanto el gobierno como la empresa para el caso de que una de las partes no cumpliera alguna de las cláusulas contractuales. Todo estos puntos han trascendido pese a que el gobierno mantiene los detalles de las negociaciones en secreto. Por más que puede entenderse la reserva oficial por la complejidad de las discusiones, desde la oposición se la objeta con el argumento razonable de que la nueva planta de celulosa, si se concreta, trasciende al actual período de gobierno, por lo cual debería tomarse el tema como política de Estado, con participación de toda la estructura partidaria.

Es probable que Vázquez ejercite su autoridad presidencial para cerrar eventualmente el acuerdo. Lo necesita tanto por su impacto en generar actividad como para ayudar a recuperar la fuerza electoral que la alianza de izquierda viene perdiendo según las encuestas. Pero su empeño enfrenta no solo los cuestionamientos de la oposición por la falta de transparencia. Además de Masoller, otras figuras del oficialismo son renuentes a que se excedan las concesiones del gobierno a UPM. Señalan que cuando se negoció la primera planta en Fray Bentos, la situación más frágil de la economía imponía ser benevolente con la empresa. Pero estiman que ahora, con el país en crecimiento, se está en condiciones de ser más exigente.

No está claro aún cómo se definirán, si se definen, las discrepancias dentro del gobierno, con la oposición y con UPM. La construcción de la planta será útil para el país siempre que se logre un justo equilibrio entre los intereses de ambas partes. Pero si finalmente queda en la nada se agregará a la larga lista de grandes proyectos frustrados desde que el Frente Amplio llegó al poder. Incluyen el optimista anuncio de gas y petróleo hecho por Vázquez en su primera presidencia y, bajo la administración Mujica, la explotación minera de Aratirí, el puerto de aguas profundas, la regasificadora y la recuperación ferroviaria por empresas de China que nunca aparecieron.

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