Al comparecer ante esa comisión las autoridades del ministerio habían explicado que el artículo se incluyó a raíz de la “petición” de una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que presta funciones en pase en comisión de la Cancillería. A raíz de esa explicación fue que se dijo que se trataba de un artículo con “nombre y apellido”.
Goyeneche es recordada por la campaña del No la baja (que tuvo como imagen a los colibríes), que en 2014 triunfó sobre la campaña de Pedro Bordaberry, que buscaba bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Luego tuvo un rol protagónico en la Intendencia de Montevideo, como directora de Desarrollo Social, donde la catapultó la frase de que los indigentes “tienen derecho” a vivir en la calle.
Años atrás había dicho que la odiaban por ser mujer, joven y progresista. “Yo hago un análisis generacional de lo que me pasa, un análisis con perspectiva de género. Estoy totalmente de acuerdo con que si yo fuera hombre, las agresiones serían diferentes. Pero el origen de todo esto sigue siendo el No a la baja… no me lo perdonan”, había dicho a Qué Pasa de El País en 2017.
Hoy ya no será tan joven pero es cierto que se convirtió en un blanco fácil de la oposición. Puede ser que en el pasado le hayan dado duro por ser mujer, pero no parece que tenga que ver con este hecho.
Aún así, el Frente Amplio centralizó el tema en una declaración en que la violencia política basada en género “puede operar mediante mecanismos de exposición, descrédito y señalamiento que buscan erosionar la legitimidad de las mujeres que ocupan responsabilidades públicas, convirtiéndolas personalmente en objeto de escarnio”. Agregaron que los que ejercen esa violencia “tergiversan hechos, personalizan decisiones institucionales y alimentan dinámicas de hostigamiento y disciplinamiento”.
Se aclaró que ella “no pidió la creación de un beneficio para sí misma”, sino que realizó una consulta (por mail al respecto al pago del rubro salarial que antes cobraba). Luego, fue Cancillería la que decidió “elaborar una norma” para contemplar a los otros funcionarios no presupuestados en el cobro de este tipo de partidas.
Se terminó dando un hecho insólito porque sus compañeros legisladores no la apoyaron en sala, pero la propia fuerza política reavivó el tema —que ya había muerto— con un comunicado posterior.
El debate de fondo
Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto
Dante Fernández / FocoUy
El artículo no se votó. Fin del capítulo Goyeneche, que no creo dé para más.
Lo que sí da para bastante más es la falta de control sobre el mecanismo de los pases en comisión y las cosas que se hacen en determinados organismos del Estado. Un ejemplo claro: la Fiscalía.
Además, el tema cae en un momento en que el descreimiento y el enojo con los políticos se agranda gracias a todo aquello que pueda ser visto como un beneficio especial para "la casta".
Como decía el politólogo Mauro Casa, consultado para esta nota de Santiago Soravilla sobre proyectos de ley para controlar gastos, “beneficios” que antes se veían normales, ahora se observan como “privilegios” desmedidos, debido a que la desconexión entre la sociedad y la política “es muy grande”.
En relación al mecanismo de los pases en comisión, implica que un funcionario pueda prestar funciones en una oficina distinta a la suya (que lo convoca para la tarea), pero que siga cobrando el sueldo de su organismo de origen. Además, mantiene el derecho a la carrera administrativa.
Conrado Hughes, que fue director de la OPP en el gobierno de Lacalle Herrera (1990-1991), contó en el programa Esta boca es mía que en 1987 se autorizó a los legisladores a que tuvieran hasta dos pases en comisión. Pero en 1991 eso se llevó a cuatro y luego a cinco. Y, además, se agregaron 10 por ministro. “Tenemos senadores que tienen gerentes del BCU que van a conversar con el senador por $400 mil”, cuestionó en el programa de TV.
Los pases en comisión están previstos para el presidente de la República, el vicepresidente, los legisladores, los ministros y los subsecretarios, los intendentes departamentales y los ediles. Luego se sumó a los directores de los servicios descentralizados y los entes autónomos.
Lo peor es que no existen mecanismos de contralor sobre los horarios y las tareas de estos empleados públicos.
De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública que hizo La Diaria, ninguna oficina del Parlamento —ni en Senadores ni en Diputados— lleva a cabo contralor alguno sobre los funcionarios públicos que allí prestan servicio en régimen de pase en comisión, debido a que se encuentran “bajo responsabilidad de cada parlamentario”.
En contrapartida con el desbunde que puede ser el Parlamento, donde se suelen completar los 5 cargos y es preceptivo (el organismo al que se le pide no puede decir que no) y nadie los controla, a la Fiscalía —a la que el Parlamento no le da recursos y tienen importantes carencias de personal y materiales— el Estado le niega los pases es comisión.
Así lo afirmó el secretario general, contador Pablo Velazco, cuando fueron al Parlamento el 20 de julio, justamente por Rendición de Cuentas. Explicó que ante la carencia de personal, “hoy se tienen diez; se piden diez más” pero se pide “estar en igualdad de condiciones con los pases que hacen la Administración Central y legisladores". "Es decir, que sean preceptivos, porque está pasando que esos diez cupos que tenemos, cada vez que se piden, se niegan”.
De hecho puso el ejemplo de que “se pidió el pase en comisión de un funcionario administrativo, grado de ingreso, salario más bajo, sin responsabilidad, sin gente a cargo, en un organismo de los más grandes, ejecutor del Presupuesto Nacional, y se dijo que no". "Se imaginarán que de ahí para arriba cualquier solicitud también va a ser negativa”, apuntó.
Otro ejemplo de la Fiscalía es el de la ya famosa contadora Carina Liguori, que estaba en pase en comisión desde el Banco Central para trabajar en las investigaciones de lavado y estafas más grandes como Conexión Ganadera, República Ganadera, Larrarte, Berruti, Sunca, Armada. Sin embargo, antes de que esas causas pudieran concluir, el BCU la llamó y se tuvo que ir.
La propia fiscal de Corte, Mónica Ferrero, se refirió al tema en la comisión parlamentaria y dijo que en el pasado, con el viejo código, contaban con los contadores del Poder Judicial. “Pero cuando se creó este código no sé si no se dieron cuenta o qué pasó, pero tenemos delitos muy importantes, con damnificados que superan la cifra de 1.000, y no tenemos contador”, dijo.
También contó que estando trabajando en la elaboración del Presupuesto, (los estaban citando para ir al día siguiente al Ministerio de Economía) y le “sacaron por pase en comisión para la Torre Ejecutiva a la contadora" que tenían "para el tema del Presupuesto". “Nosotros tenemos que resolver el tema de los pases en comisión, porque se nos va la vida”, decía.
Nadie puede creer que la situación con respecto los pases en comisión vaya a cambiar pero sí debería ser hora de que existan controles y, al menos, que exista una distribución pareja y justa en el Estado.
El "clima de época" exige poner fin a privilegios injustificados.
