El mandatario colombiano, Abelardo De la Espriella, endureció la confrontación con las fuerzas de izquierda al presentar el "Libro de la Verdad", un compendio de 130 páginas que reúne denuncias de presuntos casos de corrupción y supuestas deficiencias en la gestión pública durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
“Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que, por su gravedad, implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, afirmó De la Espriella, acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, al presentar el documento ante la Fiscalía.
"No habrá encubrimientos ni impunidad. Quienes hayan saqueado los recursos de la nación deberán responder ante la justicia con todo el peso de la ley", recalcó el presidente.
Restrepo explicó que el libro se sustenta en el trabajo de un equipo de 1.200 profesionales que realizó “un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”. Según el documento, esas investigaciones ya derivaron en la suspensión de procesos contractuales y actos administrativos, la apertura de indagaciones a solicitud del nuevo gobierno y la adopción de medidas preventivas.
La corrupción
El capítulo sobre la supuesta corrupción incluye 23 casos en los que se habría detectado irregularidades en contrataciones, decisiones administrativas tomadas en los últimos días de la administración Petro y uso cuestionable de recursos públicos.
Entre los casos destacados, el informe señala que el Fondo de Tierras de la Reforma Agraria adjudicó 351.463 hectáreas, pero apenas 98.148 cuentan con registro pleno en instrumentos públicos. También se denuncian pagos sin soporte a través de un fondo creado para promover la igualdad, contratos entregados a empresas con capital mínimo, concesiones irregulares de notarías y un proyecto turístico cuyo costo se disparó en 82%.
De la Espriella durante la presentación del libro.
Presidencia
A ello se suma la llamada “nómina paralela”, con cerca de 900.000 contratistas de prestación de servicios que, de acuerdo con el documento, “vulnera los límites normativos y expone a la nación a un pasivo contingente que se cuantifica en billones de pesos”.
Falla estructural
El documento afirma que el análisis de los distintos ministerios y dependencias permitió identificar “patrones de comportamiento, comunes a múltiples sectores”. Esas coincidencias se organizaron en una tipología de nueve conductas críticas que, en opinión del nuevo gobierno, habrían facilitado prácticas corruptas.
La primera señal es la destrucción del rigor técnico, con cargos directivos ocupados por encargo y una dependencia masiva de contratos de prestación de servicios. A ello se suma el colapso de la capacidad tecnológica, con sistemas obsoletos o atados a un único proveedor, y la opacidad en la información pública, donde cifras validadas convivían con reportes sin contraste independiente.
El documento también describe una parálisis operativa que dejó brechas entre lo planeado y lo ejecutado, y una captura contractual que concentró funciones críticas en pocos actores. El panorama se agrava con la expansión del riesgo litigioso, reflejada en el aumento de controversias judiciales y arbitrales, y con la pérdida de control territorial frente a economías criminales, que erosionaron la autoridad del Estado.
Finalmente, el informe señala la fragmentación institucional, con sectores incapaces de articular prioridades comunes, y una capacidad fiscal restringida que condicionó las decisiones de todas las entidades.
No hay delito
Tras la presentación del documento, Gustavo Petro reaccionó, como es habitual, a través de su cuenta de X. “No hay libro forense entregado por Abelardo a la fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”, afirmó.
Añadió que “cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto. En donde haya algún delito su merecido es la pena”.
En otro mensaje indicó: “Propongo un gran frente por la Vida porque está en peligro la Vida y la Soberanía Nacional y las fuerzas más oscuras se Colombia y el mundo tratan de dominar a la sociedad colombiana”.
La réplica
En Colombia la ley les otorga a los partidos de oposición tres espacios de réplica al gobierno nacional a través de los medios de comunicación. El Pacto Histórico, el movimiento liderado por Petro y que en las pasadas elecciones compitió con Iván Cepeda, utilizó este instrumento para criticar cómo la administración de De la Espriella ha enfrentado el terremoto que impactó al país y causó severos daños en ciudades como Cali, Manizales y el Chocó.
En su intervención de nueve minutos, Cepeda exigió que durante el estado de emergencia económica declarado por De la Espriella no se deterioren “los derechos de las personas más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas, que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica”.
En su discurso televisado de 16 minutos, Petro responsabilizó a De la Espriella por la ausencia del tradicional empalme entre el gobierno saliente y el entrante, y sostuvo que esa falta de transición debilitó la capacidad de respuesta frente al desastre provocado por el sismo.
“Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre, un desastre mayor del que había”, dijo Petro.
Uno de los principales cuestionamientos se centró en el buque hospital Benkos Biohó, equipado para atender emergencias médicas, que permaneció siete días detenido en Buenaventura mientras la población afectada requería atención urgente. “El buque hospital estuvo siete días detenido en Buenaventura mientras la gente moría y necesitaba atención”, reprochó Petro al señalar la falta de reacción de las autoridades.
A diferencia del gobierno, que ha reiterado que no recurrirá al aumento de impuestos para cubrir los costos de la reconstrucción, Petro sostuvo que es necesaria una reforma tributaria porque “hay que acudir a quienes tienen las grandes fortunas para financiar la reconstrucción nacional”.
