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España: por qué la exhumación de los restos de Francisco Franco todavía tendrá que esperar pese a la aprobación de un decreto que ampara el proceso
La tumba ha sido descrita como nullun símbolo divisivonull.
Para unos, es un monumento que glorifica el régimen de Francisco Franco, para otros es un símbolo que honra a los muertos de la Guerra Civil española.
Por eso el nuevo gobierno socialista español comenzó el proceso para exhumar los restos del general del monumento que él mismo ordenó construir y donde fue enterrado el 23 de noviembre de 1975.
Este viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros un decreto que autoriza el desenterramiento del mausoleo del Valle de los Caídos, a 50 km al oeste de Madrid.
El decreto otorga amparo jurídico a la exhumación por medio de una modificación de la Ley de Memoria Histórica.
Y ahora deberá ser convalidado por el Congreso de Diputados en un plazo de 30 días.
Pero, aunque la medida con casi toda seguridad conducirá a la salida de los restos de Franco del mausoleo, el proceso podría no ser tan sencillo.
En junio, cuando asumió el gobierno liderado por Pedro Sánchez, este anunció la propuesta para proceder a la exhumación de los restos del general, e indicó que esta se llevaría a cabo en julio.
Pero, poco después, el gobierno admitió que enfrentaba problemas con la familia Franco, que se niega a la exhumación.
Se espera que este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, dé a conocer cómo será el mecanismo legal diseñado para dar cobertura jurídica a la exhumación y con el cual se eviten litigios promovidos por la familia del general.
Convalidación
Una vez que se conozcan los detalles de este mecanismo, los grupos parlamentarios definirán sus posicionamientos para votar si aprueban o no el decreto.
Los socialistas, que cuentan con solo 84 de los 350 diputados, necesitan apoyo de otros grupos parlamentarios ya que los opositores Partido Popular (PP) de centroderecha, y Ciudadanos (liberales), que suman 166 escaños, anunciaron que no votarán a favor del decreto.
Ciudadanos, que se cree se abstendría en la votación, reclamó a Sánchez no haber buscado consenso ni un acuerdo sobre el decreto y sobre sus planes para convertir el monumento en un memorial que represente a todos los españoles.
El PP, por su parte, dijo que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional porque el decreto nullestá reservado solo para asuntos de urgente necesidadnull.
Los que sí se muestran dispuestos a apoyar al gobierno son Podemos (izquierda), y el PNV (nacionalistas vascos), así como ERC (independentistas catalanes), aunque en su caso presentan condiciones.
El gobierno, sin embargo, confía en que el decreto será aprobado porque su convalidación exige solo mayoría simple.
La exhumación, sin embargo, será compleja. Porque además de los grupos políticos se requiere el consenso de la familia del general y de la Iglesia, que gestiona la basílica.
La familia, aunque se opone, no podría actuar una vez que el decreto fuera aprobado, y no se cree que la Iglesia ponga impedimentos ante un decreto aprobado por el Parlamento.
De manera que, por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que se levantará la losa de granito de 1.500 kilos que cubre la tumba de Francisco Franco.
Controversia
La principal disconformidad con el mausoleo, que reclaman partidos y organizaciones de izquierda, es que la tumba de Franco, que gobernó España durante casi cuatro décadas, está en el mismo lugar donde se encuentran enterrados republicanos muertos durante la guerra.
El mausoleo fue construido entre 1940 y 1958 por unos 20.000 presos políticos para rendir homenaje y servir de tumba a quienes cayeron luchando en lo que Franco calificó como su nullgloriosa cruzadanull, la Guerra Civil.
Un total de 15 presos republicanos perdieron la vida en la construcción del panteón, coronado por una cruz cristiana de 150 metros de altura que pasa por ser la más grande del mundo.
Además de Franco, en el Valle de los Caídos están enterrados José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange Española, el único partido admitido durante el franquismo) así como 33.872 combatientes caídos durante la Guerra Civil.
Actualmente, la Justicia española tramita peticiones de familiares de republicanos enterrados a la fuerza en el Valle de los Caídos y cuyos restos intentan recuperar.
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