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Funcionarios del Sirpa apelaron: fallo crea situación "insostenible"
Abogados advierten que el delito de tortura es de lesa humanidad
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11 de septiembre de 2015 a las 05:00
El juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y a nueve sin prisión por el delito de "tortura". Entre los procesados hay varios dirigentes sindicales, entre ellos, el presidente del Sindicato Único del INAU (Suinau), José Lorenzo López. Los abogados que representan los funcionarios afiliados al sindicato, Juan Raúl Williman y Juan Fagúndez, apelaron ayer el fallo. "Sosteniéndose la imputación realizada por la sede, se abre una puerta cuya consecuencia se tornaría, en las instituciones policíacas, penitenciarias, insostenible", expresa la apelación a la que accedió El Observador.
El sindicato plantea que desde que los 26 funcionarios fueron procesados las provocaciones por parte de adolescentes son cada vez más habituales y las respuestas de los trabajadores, cada vez más limitada. "Si vemos un problema, el compañero cierra con llave la puerta y llama al coordinador para que resuelva cómo actúa", explicó López a Búsqueda.
La apelación asegura que "en el caso de los dirigentes sindicales, quienes se encontraban allí por razones atinentes a su función gremial, su presencia casi inmóvil a un costado o contra una pared no puede nunca interpretarse como cooperación material o moral de la comisión de ningún delito". Luego, alude al presidente del sindicato. "Especialmente en el caso de López, este ingresa por lo menos cuatro o cinco minutos después que ingresa el primer contingente de funcionarios, las reducciones ya estaban realizadas, los puntapiés ya se habían infringido y su presencia absolutamente nominal y a un costado no puede generar reproche penal alguno".
Los abogados también advierten que el delito de tortura es considerado un delito de lesa humanidad. Este tipo de delitos comprende por ley "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". l
El sindicato plantea que desde que los 26 funcionarios fueron procesados las provocaciones por parte de adolescentes son cada vez más habituales y las respuestas de los trabajadores, cada vez más limitada. "Si vemos un problema, el compañero cierra con llave la puerta y llama al coordinador para que resuelva cómo actúa", explicó López a Búsqueda.
La apelación asegura que "en el caso de los dirigentes sindicales, quienes se encontraban allí por razones atinentes a su función gremial, su presencia casi inmóvil a un costado o contra una pared no puede nunca interpretarse como cooperación material o moral de la comisión de ningún delito". Luego, alude al presidente del sindicato. "Especialmente en el caso de López, este ingresa por lo menos cuatro o cinco minutos después que ingresa el primer contingente de funcionarios, las reducciones ya estaban realizadas, los puntapiés ya se habían infringido y su presencia absolutamente nominal y a un costado no puede generar reproche penal alguno".
Los abogados también advierten que el delito de tortura es considerado un delito de lesa humanidad. Este tipo de delitos comprende por ley "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". l
