Gas Sayago: Justicia afirma que aún no es posible desvincular a Sendic del caso

Pacheco afirmó que aún hay prueba pendiente, ya que falta que se respondan pedidos de información que se pidieron a Brasil por la empresa constructora OAS (consorcio brasileño acusado de pagar coimas a jerarcas a cambio de contratos de obras públicas en el marco del Lava Jato). El fiscal argumentó que en esta instancia y con las pruebas que hay no es posible acceder al pedido de archivo. La decisión de la jueza fue notificada este lunes a las partes del caso.

Los abogados Laura Robatto y Homero Guerrero, defensores de Sendic, habían solicitado el 19 de febrero el archivo de la indagatoria que lo comprende. Argumentaron que no se observó “conducta delictiva” –como lo establece la resolución número 951/2021 de la Junta de Transparencia y Ética Pública–, y que el tiempo que Sendic estuvo involucrado en la gestión de Gas Sayago, como presidente de Ancap (propietario del 20% de las acciones de la empresa), fue breve. Afirmaron que existe una “notoria ausencia de responsabilidad penal” de su defendido, por lo que resulta “inadecuado” que siga vinculado a la causa.

Al declarar por este caso en noviembre, Sendic afirmó que se fue de Ancap en octubre de 2013. "Recién habíamos adjudicado la construcción de la planta. Todo lo demás pasó después. No tuve participación directa en todo los eventos posteriores”, dijo a la prensa.

Los abogados señalaron que la causa se amplió a partir de un “informe de auditoría de gestión”, contratado por UTE –el otro accionario de la empresa con el 80%– y realizado por la consultora Price Waterhouse Coopers LTDA, que fue "severamente cuestionado y desestimado” por la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona.  También denuncian que la jerarca quiso transmitir a la Justicia una copia del informe de liquidación de Gas Sayago, pero que “los directores de la mayoría no acompañaron su propuesta”. 

Cuando declaró ante la Justicia, el fiscal Pacheco le preguntó a Sendic específicamente por la contratación del consorcio OAS, pero el exvicepresidente respondió que cuando se firmó el contrato él ya no estaba en Ancap. 

Sin embargo, la Justicia esperará a contar con más pruebas para pronunciarse. En la denuncia presentada por UTE, auspiciada por el penalista Jorge Barrera, se planteó que hubo cuatro oportunidades para cancelar el proyecto y ahorrarle al Estado el gasto que tuvo, pese a que se sabía su inviabilidad.

La primera de esas oportunidades –según Barrera– fue en 2012, cuando Argentina decidió desvincularse del proyecto. En ese entonces ya se podía interrumpir los avances y suspender el gasto. Durante esa fecha, Sendic todavía era el presidente de Ancap.