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En pocos días la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se pronunciará acerca de la constitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), contra el que fueron presentados más de cien recursos el año pasado.

En el gobierno existe el convencimiento de que el impuesto es constitucional y que no caerá, pero por las dudas desde hace tiempo ya tiene previstas otras alternativas. El asunto es que si el fallo da la razón a quienes entienden que es inconstitucional e interpusieron sus recursos, se abre la posibilidad a otros dueños de tierras a seguir el mismo camino, sabiendo que la Corte fallará a su favor.

El propio presidente José Mujica alertó un año atrás, en una reunión en la estancia de Anchorena con los intendentes de todos los departamentos, que si el impuesto por alguna razón caía, se buscarían nuevos tributos para recaudar el dinero que se prevé conseguir por la vía del ICIR, destinado al cuidado de la caminería rural.

El próximo 17 de febrero habrá una nueva reunión entre los intendentes y el presidente, principal defensor e impulsor del impuesto, y este será uno de los temas de conversación.

Consultado el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a El Observador que “ya hay alternativas previstas, conversadas con los intendentes”, ante la posibilidad de que la Justicia dé la razón a los reclamos, pero prefirió no adelantar las posibilidades que se manejan, convencido de que el impuesto es “constitucional y sólido” y “cuenta con el respaldo de tributaristas como Leonardo Costa”.

Cánepa agregó que “todos los intendentes respaldan el ICIR porque saben que no está creado para recaudar, sino para desestimular la concentración de la tierra”, y que “la inversión en caminería favorece a la producción, y es una necesidad impostergable”.

El jerarca destacó, además, que a pesar de que el mantenimiento de la caminería es una responsabilidad departamental, el gobierno está “comprometido” en que eso se pueda llevar adelante. “Quienes presentan estos recursos que atacan a la producción del país, en lo último que piensan es en el interés común. Es absolutamente perverso”, concluyó.

Tiene que salir
Varios jefes comunales coinciden con que si la SCJ entiende que el impuesto es inconstitucional, el gobierno busque la forma de generar ingresos para atender lo que se preveía con el tributo.

El intendente de Durazno, Benjamín Irazábal (Partido Nacional), dijo días atrás a Unoticias que si la Justicia falla de manera contraria, se buscará junto al Poder Ejecutivo otro mecanismo tributario para “que quienes utilizan los caminos paguen su mantenimiento”.

El jerarca explicó a El Observador que “el país está creciendo, la demanda de la producción apunta a los caminos, que hay que mantener, y de algún lado tiene que salir ese dinero”. Por eso advirtió que una de las alternativas que se podría analizar es cobrar una tasa a los sectores que hoy no pagan a las intendencias luego de la venta de sus productos. “La producción agropecuaria paga el 1% a las intendencias cada vez que se vende ganado, y contribuyen así con la reparación de los caminos. Pero el sector granero y el maderero no pagan ninguna tasa especial más allá de la contribución rural del campo”, dijo.

Agregó que se necesita dinero adicional “porque la demanda que existe hoy sobre los caminos es muy superior a la que había cinco o seis años atrás”, y dijo que si él fuera un productor rural, en lugar de denunciar el impuesto “lo pagaría y sería un celoso controlador de que los caminos estén en condiciones”.

Gobierno prometió pagar
El intendente de Rivera, Marne Osorio (Partido Colorado), coincidió con que si el tributo deja de aplicarse, “habrá que generar una instancia para sostener lo que el Ejecutivo comprometió para reforzar la inversión en infraestructura productiva”.
De todas formas, adelantó que en la reunión del jueves del Congreso de Intendentes, el gobierno aseguró que este mes ya adelantará a las intendencias US$ 50 millones (de la recaudación del ICIR) para que puedan comenzar a invertir en maquinaria para hacer caminería. Osorio indicó que su intendencia y otras ya comenzaron la compra de equipamiento “a cuenta de ese adelanto”. El dinero aún no se entregó porque el fideicomiso en el que estará incluido se demoró por la presentación de los recursos de inconstitucionalidad.

Por su parte, el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez (Partido Nacional), indicó que así como se respaldó la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear el ICIR, “si llega otra, y si es para beneficio de la gente, se va a aceptar también”. Agregó que la caminería está “en muy mal estado y con el dinero que otorga el Ministerio de Transporte no alcanza para cubrir todo”.

Pero, además, dijo que a la reunión con Mujica, él y otros jerarcas de la región este llevarán propuestas para obras de infraestructura mayores, “como un parque eólico en Maldonado o un puente sobre el río Cebollatí”. Dijo que se plantearán este tipo de obras porque “el dinero del ICIR no es solo para caminería. Es mucho dinero y hay que aprovecharlo para hacer este tipo de obras”, señaló.


“Ya hay alternativas previstas, conversadas con los intendentes. (...) Pero el impuesto es constitucional y sólido”
Diego Cánepa
Prosecretario de la Presidencia

“El país está creciendo, la demanda de la producción apunta a los caminos, que hay que mantener, y de algún lado tiene que salir ese dinero”
Benjamín lrazábal
Intendente de Durazno

US$ 50
Millones. Las 18 intendencias del interior del país se repartirán los cerca de US$ 50 millones que el gobierno adelantará a fin de mes con el objetivo de que inicien la compra de maquinaria para trabajar en caminería.

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