Las sociedades envejecidas llegaron para quedarse. Y aunque eso esconde una muy buena noticia –que los seres humanos vivimos más y mejor–, también trae consigo grandes desafíos financieros.
En Uruguay, la ley de urgente consideración dio el puntapié para discutir una reforma integral del sistema de seguridad social que otorgue mayor viabilidad y sostenibilidad a las pasividades de las próximas generaciones.
Pero mientras los focos de esa reforma se posan sobre temas candentes como la edad de jubilación o los mecanismos de ahorro, el gobierno y los especialistas también ponen un ojo a otros asuntos vinculados a la tercera edad, y que estarán arriba de la mesa durante la discusión.
Allí asoma, por ejemplo, el tema de los cuidados, así como otras políticas que hoy aseguran la atención de las personas en la tercera edad.
Si bien el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) tiene pocos años de vida –su creación data de 2015–, en el gobierno actual consideran que ese modelo basado en una asignación presupuestal fija es “muy difícil” de sostener en el tiempo, y por eso promueven discutir modificaciones durante el rediseño total del sistema previsional.
El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y el subsecretario Armando Castaingdebat se reunieron con Rodolfo Saldain, presidente de la comisión de expertos que redactará una propuesta de reforma, y conversaron acerca de las perspectivas de las políticas de cuidados.
El experto en seguridad social y expresidente del BPS planteó la diferencia entre los modelos sustentados en un presupuesto fijo de rentas generales, como el uruguayo –basado a su vez en la experiencia española– y otros modelos que se nutren de aportes por concepto de seguro social, como sucede en Japón o los Países Bajos, y señaló que había que estudiar bien esos ejemplos.
El jueves pasado, durante su comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, Bartol adelantó algunas de las ideas que ya manejan.
“Entendemos que la reforma de la seguridad social tiene que incluir una reforma del sistema de cuidados y un cambio de modelo en muchos aspectos. Un ejemplo es el modelo de financiamiento. Realmente es muy difícil que un sistema de cuidados con una población que envejece progresivamente se pueda atender con un presupuesto nacional que salga de rentas generales. Hay que ir a un modelo de ahorro previo. La gente tiene que ir previendo, como en muchos países, que el día de mañana puede llegar a estar en situación de dependencia y necesitar que alguien lo atienda”, argumentó el ministro.
También dijo que “incluso habrá que pensar –para los trabajadores informales– la forma en que la persona termine viviendo junto con otros en algún sistema de protección”. Uno de los desafíos planteados es cómo asegurar los cuidados a las personas que “llegan al final de sus vidas sin ahorros y sin ingresos”.
Bartol señaló que el Estado ha venido “corriéndola de atrás” en la asistencia a los más viejos, ya que se han acumulado diferentes abordajes que funcionan como “parches” pero no dan un enfoque “integral”.
Como ejemplos de las asistencias que hoy se ofrecen a personas de la tercera edad mencionó la pensión por vejez que sirve el Banco de Previsión Social (BPS), el cupo cama que otorga ese organismo a los que realizaron aportes, los refugios de 24 horas a cargo del Mides, los asistentes personales del Sistema de Cuidados y el subsidio de asistencia a la vejez otorgado por el Mides a adultos de entre 65 y 70 años con carencias críticas.
Las prestaciones financiadas con recursos del Mides, dijo Bartol, son atendidas con “un presupuesto acotado” y exigen un rediseño.
El jerarca también contó en el Parlamento otros problemas de diseño del Sistema de Cuidados, sobre todo en lo vinculado a los asistentes personales.
Bartol llamó a modificar “el sistema de elección de las personas, porque hoy quienes eligen a una persona para que los cuide no lo conocen de antemano y de ahí viene la alta tasa de personas que tienen un asistente durante un tiempo y después no tienen más”.
Según dijo, hay 6.600 personas con asistente social pero otras 4.700 no eligieron o lo cancelaron.
Otro “problema” a solucionar, advirtió el ministro, refiere a la relación laboral con los asistentes. Bartol señaló que hoy “la inmensa mayoría de los que tienen asistente lo tienen subsidiado en un 100% pero si quieren despedir a esa persona no cuentan con los recursos para hacerlo, y entonces muchas veces no la despiden, pero tampoco la tienen trabajando”.
Eso ocurre, según afirmó, porque sus remuneraciones son pagadas por el BPS pero eso no incluye el despido que queda “a cargo” del usuario. La situación lleva, a su vez, a que el BPS sigue pagando pero la persona se quedó sin cuidador porque no puede afrontar ese despido.
