Gobierno tramita 10 casos por semana de tala ilícita de árboles

Cuando el miércoles de la semana pasada notificaron a la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de la tala ilegal de monte nativo al este del Pueblo Bolívar en las costas del río Santa Lucía, otros infractores repetían acciones del estilo en varios departamentos del país.

Mientras el helicóptero del Ministerio de Defensa sobrevolaba Canelones, desde donde descubrirían la deforestación, en paralelo "existía la posibilidad de que talaran bosques en el este" del país, reconoció en diálogo con El Observador el titular de la DGF, Pedro Soust.

"Y capaz que en ese momento también había infracciones en Artigas y Paysandú", agregó el jerarca que tiene a cargo la unidad ejecutora responsable de todos los bosques de Uruguay, sean nativos o no.

Luego de que desde el aire observaron una máquina retroexcavadora con oruga derribando árboles en Bolívar, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, realizó algunas llamadas telefónicas para dar aviso de lo sucedido.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y el MGAP quedaron al tanto de la situación. Posteriormente, el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, llamó a Soust para avisarle que hubo una intervención en el bosque del Santa Lucía. "Ellos ya habían hecho toda la intervención por su cuenta en lo referente al tratamiento con el propietario del bosque. No intervenimos en eso pero sí estamos a la orden para lo que se precise", explicó el director de la DGF, quien valoró esta tala como "agresiva" aunque menor a otras deforestaciones ilícitas ocurridas desde 2010, en las que se decomisaron tractores, camiones, avionetas, maquinaria pesada y hasta una casa rodante.

La DGF cuenta solo con cuatro personas que salen al campo a investigar. Por esta razón es que –sostuvo Soust– son necesarios los convenios con otras intendencias y con el Ministerio del Interior para ejecutar los procedimientos de fiscalización. La Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) y la Guardia Rural asisten a la unidad ejecutora del MGAP a la hora de aplicar la autoridad ante los casos de tala ilícita.

El martes pasado, autoridades del gobierno establecieron un protocolo de control de la cuenca del Santa Lucía que incluye vigilancia aérea, marítima y terrestre, además de los controles satelitales y ciudadanos.

Orsi adelantó a El Observador que la idea es "hacer un vuelo mensual". La coordinación intergubernamental, en tanto, estará a cargo de Alejandro Nario, director de la Dinama.

"El que lo ha hecho una vez no lo hace dos veces", manifestó Soust, en referencia a la nueva modalidad de multas que rige para los casos de tala ilícita.

En el 2000 las sanciones pasaron de costarle al infractor US$ 400 por haber talado cerca de 15 hectáreas a US$ 12.500 por hectárea. Incluso, la DGF ha aplicado multas de US$ 600 mil, indicó su titular. Además, se obliga a quienes hagan la vista gorda a la ley forestal vigente de 1987 (votada por todos los partidos políticos) a publicar en dos periódicos locales o nacionales la irregularidad, al tiempo que se los obliga a reponer los árboles talados. Es que el monte nativo, además de ser parte del patrimonio cultural, se reproduce solo y es altamente eficiente en la fijación de dióxido de carbono.

A la oficina de la DGF llegan "entre 8 y 10 expedientes semanales con multas que se aplican", indicó el jerarca, y aclaró que aunque "no son grandes cantidades", sí son "ejemplarizantes".

Respecto a la poca difusión que estos operativos tienen en la prensa, Soust dijo que no le interesa "hacer de esto una propaganda". También hacen inspecciones en las barracas (de leña); hay un registro de bosque nativo, todo productor tiene derecho a registrar su bosque en el padrón y queda inscrito con un número. "Si llegamos a la barraca y no tiene nada y nadie sabe de dónde lo sacó (la madera), esa barraca va a ser multada", advirtió.