Google recibió 120.000 peticiones de derecho al olvido

Hace tres meses que el buscador recibe solicitudes de europeos que quieren borrar sus malos recuerdos de la web y el total de URLs afectadas ya se acerca al medio millón

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09 de septiembre de 2014 a las 15:47

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Google ha recibido más de 120.000 peticiones de ciudadanos europeos que desean ejercer el llamado "derecho al olvido". Así lo ha anunciado hoy la compañía tecnológica en Madrid, ciudad en la que ha celebrado la primera audiencia pública del Consejo Asesor creado para recabar opiniones de expertos en torno a la aplicación del derecho al olvido.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconocía el pasado otoño en una sentencia que los ciudadanos tienen el derecho a ser "olvidados" en internet, es decir, que pueden reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.

El pasado mes de mayo Google creó un formulario para que los ciudadanos de la UE puedan solicitar la retirada de información de los resultados mostrados por el buscador cuando consideren que es inadecuada o irrelevante. Hasta el 1 de septiembre, la tecnológica de Mountain View (California) ha recibido 120.000 solicitudes relativas a 457.000 URLs, aunque no ha hecho público el número de requerimientos a los que se ha respondido con el borrado del enlace de los resultados de búsqueda.

Entre el 29 de mayo y el 30 de junio, Google recibió 70.000 solicitudes, una cifra que se ha incrementado en 50.000 requerimientos desde entonces. La eliminación de los enlaces en los resultados del buscador solo se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por los hechos relatados

La sentencia del TJUE, de carácter vinculante, dictamina que los ciudadanos europeos pueden exigir a los buscadores de internet la retirada de enlaces a informaciones que ya "no tienen relevancia ni interés público" y resulten perjudiciales para esas personas implicadas. Son Google y las compañías responsables de otros buscadores los que han de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.

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