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En el primer semestre del año el gobierno aún no logró aprobar ni una de las 50 prioridades legislativas que tenía para 2012. Y a partir del anuncio del pasado miércoles, unas cuantas más se sumarán al debate que desde ya se advierte extenso y engorroso.

Apenas anunciadas las 15 medidas de seguridad los legisladores oficialistas Alvaro Vega y Víctor Semproni advirtieron que el debate debía darse rápido y que los proyectos tendrían que estar en marcha antes de fin de año. El Poder Ejecutivo incluso advirtió a los diputados y senadores frenteamplistas que en diez días comenzaría a enviar los proyectos.

Pero con el atraso con el que viene la discusión de temas clave para el gobierno como la despenalización del aborto, la modificación en la ley de adopciones, la creación del Instituto Nacional de Educación (IUDE) o la regulación de la tenencia de armas, entre otros, es difícil imaginar que las nuevas iniciativas tengan pronta concreción.

Y si los parlamentarios logran superar las diferencias –internas y con la oposición– y apurar el debate, indefectiblemente las otras prioridades dejarán de serlo y muchos de los “compromisos 2012” que estableció el gobierno a principios de año deberán seguir esperando.
Pero además el asunto excede la voluntad de los parlamentarios. En algunos de los puntos que el gobierno lanzó como parte de su estrategia para abordar la inseguridad existen vacíos y dudas que llevará tiempo bajar a tierra (ver recuadro). Por ahora, el debate se da sobre suposiciones.
Nadie sabe
El Frente Amplio, a pesar de las diferencias que muchos de sus integrantes tienen con algunas propuestas concretas –en especial la que endurece penas a los menores infractores– evitó salir a plantear un debate duro. Esto se debe en parte a que el gobierno matizó entre estas medidas contrarias al discurso histórico de la izquierda, otras como el anuncio de legalizar la venta de marihuana, largamente reclamado por algunos sectores en la interna del FA.

Pero también se debe a que nadie sabe bien de qué se trata en detalle lo que el gobierno está impulsando. Los parlamentarios no se han animado a opinar más allá de titulares porque no conocen a cabalidad lo que llegará a sus manos.
A las dudas se suman las marchas y contramarchas en los anuncios, que comenzaron a aparecer el día previo del anuncio oficial de las medidas. Así se bajó del documento final la prevista regulación de los medios de comunicación, que incluía a las redes sociales y preveía controlar las imágenes que emiten los canales de televisión. Lo que quedó sobre la mesa fue incluir a los informativos en el horario de protección al menor, aunque aún no está definido cómo se controlará (ver página 8).

Y así, bajo la premisa de que el gobierno no quiere dar más detalles sobre los distintos proyectos a impulsar, prima la incertidumbre. Uno de los temas que generó más dudas es el de la legalización regulada de la venta de marihuana. Las preguntas sin respuesta sobre cómo se implementará el nuevo sistema por el cual se pretende que el Estado se haga cargo de su venta son innumerables, y parte de esa situación se debe a que el gobierno no consultó ni a los técnicos de la Junta Nacional de Drogas, ni al Ministerio de Salud Pública ni a la Brigada Antidrogas, entre otras cosas.

Es que además, el debate por la legalización no estaba previsto para incluirse en el paquete de medidas por la seguridad. Según dijo a El Observador el diputado Aníbal Pereyra (MPP), se anunciaría más adelante “para evitar lo que pasó”, sobre que la discusión pública se centrara en ese aspecto. El legislador criticó las “confesiones personales como la del secretario de Presidencia (Alberto Breccia, quien dijo que cuando fumó marihuana sintió ‘paz y alegría’)” que “no agregan nada”.
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