La justicia de Tennessee (Estados Unidos), certificó la solicitud de visa en calidad de víctima de crimen, a la indocumentada, Juana Villegas, que con nueve meses de embarazo fue detenida en 2008 por las autoridades del condado Davidson y luego sometida al programa 287g, por haber cometido una infracción de tránsito

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En 2011, un jurado determinó que la Oficina del Alguacil, Daron Hall (encargado de la detención), debía indemnizar con US$200 mil dólares, de los 1,2 millones solicitados por la inmigrante Villegas, por "haber sufrido un trato inhumano mientras daba a luz estando en su custodia".
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El caso de Villegas desató una serie de críticas y denuncias sobre la aplicación injusta del 287g en Nashville, por parte de las organizaciones de defensa de los inmigrantes que argumentaron que la mayoría de las detenciones fueron por infracciones menores de tránsito.

A pesar del incidente, Hall anunció a principios de agosto de 2012, que no renovaría su contrato con inmigración para aplicar el programa 287g en su cárcel local, que desde 2007 puso en proceso de deportación a más de 10 mil indocumentados.

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