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Informe oficial señala a Botana por desvío de fondos

La Junta Departamental presentó el documento de la Junta de Transparencia ante la Justicia Penal

5 de agosto de 2014 22:29 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Intendente de Cerro Largo
Intendente de Cerro Largo

Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó que la administración del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, desvió fondos aportados por el Ministerio de Vivienda para la construcción de 67 hogares hacia una cuenta de un empresario que le vendió luminarias a la comuna para el estadio de Melo. Además, advirtió que se produjo un aumento de 40% en el pago a funcionarios municipales que no estuvo presupuestado.

“Parte de los fondos destinados a la construcción de las viviendas acordados en el convenio tuvieron un destino distinto, habiéndose desviado los mismos para el pago de la luminaria del estadio municipal”, expresa el informe.

El documento fue tratado este lunes en la Junta Departamental de Cerro Largo, que resolvió presentarlo en la Justicia Penal, puesto que el documento reconoce “la existencia de graves irregularidades, disparidad entre el manejo de fondos públicos extrapresupuestales y lo informado al Ministerio de Vivienda, faltas disciplinarias y administrativas, incumplimiento de convenio, violación de normas legales y constitucionales que afectan el principio de buena administración y de buena administración financiera, ‘sin perjuicio de violentar –en uno y otro caso- normas de rango constitucional’”.

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La Junta Departamental denunció a Botana ante la Justicia penal por estas y otras irregularidades. El lunes, la Junta resolvió presentar el informe ante la Justicia con votos de 16 ediles en 22, informó a El Observador el vicepresidente de la Junta, Ademar Silvera,. El Herrerismo y el Frente Amplio apoyaron la iniciativa, mientras que Alianza Nacional y el Partido Colorado votaron en contra. El intendente Botana integra Alianza Nacional.

Viviendas por luces del estadio
El 19 de setiembre de 2011, la Intendencia de Cerro Largo firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda para la construcción de situaciones habitacionales, “asumiendo el ministerio un aporte de 63.881 UR (US$ 1,5 millones) para financiar materiales, asistencia técnica y mano de obra”. “Por su parte, la Intendencia se comprometía a aportar el predio, a administrar los fondos y a depositarlos en cuenta extrapresupuestal que se abriría a tales efectos. Se obligaba además a asegurar el suministro de materiales y herramientas, proporcionar equipos técnicos para asesorar a las familias destinatarias, suministrar mano de obra, así como a financiar y construir la infraestructura sanitaria y eléctrica”, informó la Jutep.

En el informe de Revisión Limitada por Contador Público “el intendente declara que los fondos recibidos se han aplicado para los fines dispuestos”; sin embargo, el ministerio advirtió el año pasado que “el avance de obra respecto a las 67 viviendas era de un 9,86%”.

El dinero fue depositado en una cuenta del Banco República destinado, según el convenio, específicamente para esos fines. Pero la Jutep verificó que desde esa cuenta se retiraron fondos para la compra de luminaria para el estadio de Melo.

La compra no fue por licitación, como exige la normativa por el monto de la operación (US$ 90 mil más IVA), sino que se trató de una compra directa por razones de urgencia, alegó el intendente. A su vez, dado que las luces debían importarse de Argentina, el empresario pidió “que se abonara el precio previo al inicio de los trámites aduaneros necesarios, extremo que habría sido aceptado”, agrega el informe. La Jutep sostiene que el pago por adelantado genera “dudas”.

Pagos sin presupuestar
El Tribunal de Cuentas de la República observó la Rendición de Cuentas 2011 y 2012 de la Intendencia de Cerro Largo por otorgar “partidas salariales a funcionarios sin existir norma presupuestal que lo autorice”. Se trata de “pagos por remuneraciones a los funcionarios a través de tiques alimentación, compensaciones sobre sueldos y compensaciones a los directores. Dicha facultad (...), incumple lo preceptuado en el artículo 86 de la constitución”, expresa el informe.

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