Institución de DDHH: "No se utilizó la fuerza contra los jóvenes ocupantes"

"En el enfrentamiento con los manifestantes sobre Avenida del Libertador y alrededores, objetivamente no existió, por parte de las fuerzas policiales, un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo y, por tanto, contrario a las normas y estándares nacionales e internacionales en la materia", expresa el informe. "No se utilizaron elementos de mayor fuerza agresiva como granadas de gas o balines de goma. La respuesta policial, por parte de la Guardia Republicana fue, en general, proporcional al nivel de agresión generado por algunos manifestantes", agrega.

"Lo anterior no significa que no se hayan observado casos puntuales por parte de algunos efectivos policiales que mostraron, en forma innecesaria, un uso abusivo de la fuerza. Concretamente esto sucedió en perjuicio del abogado de los ocupantes, Dr. Pablo Ghirardo, lo que fue directamente observado por la INDDHH. Deberá profundizarse en la investigación a partir del análisis de videos u otros registros a los efectos de determinar otras situaciones puntuales de uso excesivo de la fuerza", expresa la INDDHH.

El informe aclara que "no se utilizó la fuerza contra los jóvenes ocupantes", lo que contradice la versión de algunos estudiantes que ocuparon el Codicen. "En el exterior del edificio, pudo observarse que la intervención de la Guardia Republicana no se dirigió al grupo de estudiantes ocupantes (que ya no se encontraban en el lugar), sino, como ya se señaló, se centró en el grupo de manifestantes, muchos adultos y con rostros cubiertos, que enfrentaron con extrema violencia al personal policial", expresa la INDDHH.

En cuanto a la negociación, el informe asegura que "el Ministerio del Interior, a través del Sub-Director de Policía, y los ocupantes, a través del abogado Dr. Ghirardo, intentaron negociar un acuerdo para dilatar la desocupación". Los estudiantes estaban "dispuestos a desocupar todo el edificio y sus espacios comunes excepto las oficinas del Codicen, a cambio de un acuerdo firmado que les garantice una mesa de negociación el día siguiente (23 de setiembre de 2015) con el Codicen, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía". La negociación no prosperó. 10. "Minutos después, regresa el Inspector Perdomo y comunica al observador de la INDDHH que, al no aceptarse por las autoridades las propuestas de negociación, el ministro (Eduardo Bonomi) le dio la orden de proceder al desalojo".

Finalmente, alude al decreto 354/2010, que habilita el desalojo de oficinas públicas por parte de la Policía. "La INDDHH entiende que debe analizarse la legalidad del Decreto 354/2010, en especial, en cuanto a las garantías de la intervención judicial en este tipo de desalojos. Del mismo modo, la norma no es clara respecto a si es aplicable o no a ocupantes que no sean funcionarios públicos".