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JEP investiga falsos positivos: la impactante cantidad de civiles asesinados por el ejército durante la guerra en Colombia
Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como "bajas en combate", informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La cifra de "falsos positivos", como se conocen en Colombia, es mayor de lo que se había reconocido en el pasado y muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones, "se registró el 78% del total de la victimización histórica".
"El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo", dijo la JEP.
La corte calificó lo ocurrido como un "fenómeno macrocriminal".
Cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica de los "falsos positivos", con la que las fuerzas armadas buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales.
Además, obtenían premios, permisos y beneficios.
La investigación de la JEP es el llamado Caso 3, abierto luego de que surgieron denuncias ante la Fiscalía General, la cual estableció que la etapa más crítica ocurrió entre 2006 y 2008.
La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados algunos soldados o suboficiales. Investiga qué tanta influencia y decisión tuvieron los altos mandos.
"Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009", dice la JEP a través de la a Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Tanto los mandos militares, como el expresidente Uribe, han rechazado las acusaciones.
El expresidente calificó de "sesgado" el informe de la JEP publicado este jueves, pues, dijo, tiene como objetivo "desacreditar a mi persona".
"No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas", dijo Uribe al enlistar una serie de acciones que tomó en el pasado sobre este tema.
La herida abierta
Una de las heridas más profundas que arrastra Colombia los últimos años son los llamados "falsos positivos".
En 2008 estalló el escándalo que ocasionó que varios laureados militares fueran enviados a los tribunales.
Por ese entonces Colombia llevaba cinco décadas enfrascada en una guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la que sólo firmó la paz en septiembre de 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.
El escándalo estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
Una investigación del Congreso había calculado que más de 2.000 personas resultaron víctimas del caso.
En aquel entonces, se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles.
La JEP fue creada por el acuerdo de paz para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado con las FARC. Tiene como objetivo juzgar a exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
Los falsos positivos fueron una de las manifestaciones más crueles de la guerra en Colombia.
Y aunque muchos colombianos ya eran conscientes de ello, el informe de la JEP ha generado sorpresa porque revela dos cosas inéditas.
Primero, la magnitud del esquema de cuotas en el ejército: los números de investigaciones preliminares hablaban de un máximo de 3.000 víctimas de los falsos positivos.
Que la cifra aumente a 6.402 sugiere que los falsos positivos fueron una práctica menos aislada de lo que dijeron las instituciones señaladas.
Pero, además, el informe apunta a que el trabajo previo de la Fiscalía fue deficiente, lo que algunos han interpretado como un intento de encubrimiento.
La JEP no es precisamente una entidad exenta de polémica. El expresidente Álvaro Uribe ha abogado por su disolución con el argumento de que no garantiza la sanción de los victimarios del conflicto.
Sin embargo, la JEP es un ente del Estado: una alta corte con fundamento constitucional que es difícil desbaratar.
Los críticos del expresidente aseguran que su oposición a la JEP tiene que ver con una supuesta intención de enterrar crímenes que lo incriminan.
Según el informe, el 78% de las víctimas de los falsos positivos murieron durante su gobierno.
Uribe reaccionó pronto a las revelaciones, reiterando su crítica a la JEP por "sesgada". Aunque es poco probable que el informe de la JEP modifique el balance de poder y el apoyo del expresidente, sí se espera un nuevo debate sobre la existencia y futuro de la JEP.
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