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Jueza condenó al Estado a pagar deudas con judiciales y actuarios

La deuda oscila entre US$ 40 millones y US$ 50 millones; la Justicia no dispuso el monto adeudado que será establecido en la sentencia de ejecución

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17 de marzo de 2015 a las 22:15

La jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, falló a favor de los funcionarios judiciales y los actuarios en su demanda contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y condenó al Estado (a la SCJ y al Ministerio de Economía) a pagarles el reajuste salarial de 26% aprobado en la ley de presupuesto que comenzó a regir el 1º de enero de 2011. Si bien se estima que la deuda con los 3.400 funcionarios judiciales y los 400 actuarios oscila entre US$ 40 millones y US$ 50 millones, la jueza no dispone el monto adeudado.

El monto adeudado será establecido en la sentencia de ejecución. Pero tanto el ministerio como la SCJ pueden apelar el fallo de primera instancia.

Los funcionarios reclaman que se les pague el aumento salarial desde el 15 de abril de 2011, pero en la sentencia de primera instancia a la que accedió El Observador, la jueza condena al Estado a pagar lo adeudado desde diciembre de 2012, cuando los funcionarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que interpreta la ley de presupuesto que comenzó a regir en 2011 y que intentó anular el aumento salarial para los funcionarios judiciales.

La jueza establece además una “condena de futuro” para que el Estado siga pagando a los funcionarios el reajuste establecido por ley.

El conflicto se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo resolviera en 2010 en la Ley de Presupuesto incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la SCJ están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial. A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales. Por eso la deuda generada se arrastra desde 2011.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) presentará hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en diciembre del año pasado, que establece un aumento de 8%, en lugar del aumento de 26% establecido en la ley de presupuesto.

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