Juezas sancionadas por afectar "prestigio" de la Justicia

La sanción impuesta a Tejera (que actualmente está al frente de un juzgado civil de Cerro Largo) y a Bajac (que ahora es titular de una sede de paz de Fray Bentos) es la menor en la escala disciplinaria prevista en la ley Orgánica de la Judicatura (15.750).

El máximo órgano judicial aplicó la sanción a las magistradas en función de lo que prevé el numeral 1º del artículo 112 de la ley, que señala que los jueces incurren en responsabilidad disciplinaria "por acciones y omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas puedan resultar perjuicio para el interés público o descrédito para la Administración de Justicia".

La denuncia contra las juezas, promovida por el Colegio de Abogados de Treinta y Tres, planteó una situación de falta de garantías en algunos expedientes y también señalaron que las magistradas invocaron su condición de tal en situaciones de la vida cotidiana donde el cargo que ostentaban no era relevante.

"Las desafortunadas intervenciones de las sumariadas crearon una imagen negativa para la administración de Justicia, lesionando su prestigio", sostiene la resolución de la SCJ.

La sanción aplicada a las juezas fue adoptada por mayoría de cuatro ministros (Ricardo Pérez Manrique, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Felipe Hounie). Solamente la magistrada Elena Martínez se pronunció, en minoría, por aplicar una sanción de mayor gravedad, que implicaba quitarles el derecho a ascender de categoría por dos el plazo de dos años.

A mediados de mayo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, trasladó a la fiscal Sandra Fleitas, que se desempeñaba en Treinta y Tres y también había sido denunciada junto con las juezas Tejera y Bajac.La fiscal fue sancionada con seis meses de retención de medio sueldo y fue enviada a cumplir funciones a la ciudad de Chuy.