Justicia rechaza recurso de amparo y continuarán con demolición del San Rafael

La magistrada había ordenado el pasado martes frenar al menos hasta este jueves cualquier tipo de demolición en el Hotel San Rafael, un edificio icónico de Punta del Este que desde el año pasado forma parte de un proyecto hotelero del empresario italiano Giuseppe Cipriani y el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly. La detención se dio luego de que Rey presentara un recurso de amparo para que se interrumpa el derrumbe.

Con la resolución de la jueza Valletti, las obras de demolición del edificio podrán ser retomadas.

Según había informado el grupo Cipriani, el hotel San Rafael sería demolido para luego ser reconstruido “ladrillo por ladrillo”, algo que para Rey es un disparate. “Pensemos que el San Rafael fuera una pintura de Torres García. Podríamos fotografiarla, medirla, conseguir el mismo soporte, destruirla y reproducirla con la tecnología actual desde cero. ¿Sería igual? Lo leeríamos como una falsificación”, había explicado el catedrático.

El plan de inversión para el histórico hotel San Rafael de Punta del Este supera los US$ 450 millones, e implica levantar un complejo al que se denominará Cipriani Ocean Resort and Club residences, con una primera fase de 70 habitaciones de hotel, 75 apartamentos privados y casino. El plan incluye además poner a la venta el año que viene 90.000 metros cuadrados de residencias adicionales.

Con diseño del uruguayo Rafael Viñoly, en la parada 11 de la playa Brava, se prevé  la construcción de dos torres horizontales articuladas con el viejo edificio del hotel, que en principio iba a ser remodelado, pero que según dijeron los encargados del proyecto finalmente deberá ser demolido por problemas arquitectónicos en la estructura. Se estima que la construcción empleará unas 1.000 personas durante cinco años y 800 todo el año una vez terminado el complejo. En la etapa de construcción 70% de los nuevos puestos de trabajo deberán ser ocupados por trabajadores radicados en Maldonado, según se definió a través de un decreto del legislativo departamental. Según fue comunicado, la inversión inicial es de US$ 180 millones.