Justicia uruguaya solicitó datos a Argentina por caso El Entrevero

Preguntó si hay indicios sobre delitos precedentes de lavado de dinero

La jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos envió un exhorto a la Justicia argentina solicitando que se responda si hay indicios o prueba relevante sobre delitos precedentes de lavado de dinero de los testaferros del empresario kirchnerista Lázaro Báez que participaron de la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio.

Por esta causa, declararon en Uruguay en calidad de indagados el escribano Adolfo Pittaluga Shaw y el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, quienes no denunciaron ante el Banco Central la operación como sospechosa, a pesar de que, según el experto en lavado de activos Ricardo Sabella, la transacción debió generar sospechas y ser denunciada, como lo exige la ley antilavado.

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En agosto de 2011, Walter Kobilanski vendió 152 hectáreas del campo El Entrevero en US$ 14 millones a Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, socio del difunto expresidente argentino Néstor Kirchner. Tanto Báez como Pérez Gadín son indagados por la Justicia argentina por lavado de dinero.

De la transacción participaron otros dos testaferros de Báez: Maximilano Acosta, que firmó el compromiso de compraventa, y Óscar Guthux, que le cedió el compromiso a la sociedad anónima presidida por Pérez Gadín. Sobre ellos, solicitó información la Justicia uruguaya.

Para que exista lavado se debe probar el origen ilícito del dinero, aun cuando el delito se cometió en otro país, esto es, se debe probar un delito precedente. Pero la legislación uruguaya difiere con la argentina en los delitos precedentes al lavado. Mientras que la evasión fiscal es un delito precedente al lavado en Argentina, en Uruguay no lo es. Por ello, si se comprueba que la organización investigada por el fiscal argentino Guillermo Marijuán lavaba dinero sucio de la evasión fiscal, para las leyes uruguayas no habría delito.

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