A lo largo de su campaña electoral, Trump planteó su oposición a los acuerdos multilaterales de comercio, entre otros, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) con Canadá y México. El déficit comercial con México y la pérdida de puestos de trabajo, en especial en la industria automotriz, fueron algunos de sus principales argumentos.
En consecuencia, a fines del pasado mes de abril el presidente Trump estuvo a punto de firmar un decreto para salir del tratado. Pero la presión del sector privado, en especial de los agricultores sureños, logró a cambio abrir una instancia de renegociación, que fue iniciada en el pasado mes de agosto.
México fue un beneficiario importante del Nafta, principalmente porque varias empresas norteamericanas muy importantes acudieron a radicarse para aprovechar el menor nivel de salarios. Sus exportaciones a Estados Unidos crecieron seis veces y en la actualidad representan 75% del total. Ellas ocupan a 1.000.000 de trabajadores de bajo nivel de calificación en comparación con 250.000 en Estados Unidos y 125.000 en Canadá.
La disparidad de salarios es fundamental para explicar esta realidad: el salario inicial en una industria mexicana en la frontera es de US$ 2,50 la hora contra un mínimo de US$ 9,25 en el vecino del norte.
Así las cosas, la semana pasada terminó la quinta ronda de la negociación entre los tres países, con dos instancias más previstas para este mes y el próximo. La idea es terminar la negociación en marzo del año próximo, puesto que después habrá elecciones tanto en México como en Estados Unidos, que pueden abrir una nueva etapa en la relación entre ambos países.
Hasta ahora la negociación está bloqueada, principalmente por tres propuestas de Estados Unidos que no son aceptables para las otras partes. Ellas son la finalización automática de un eventual nuevo tratado al cabo de cinco años si los tres países no acuerdan antes lo contrario; un aumento de la cuota de contenido estadounidense en los insumos de la importación automotriz desde el actual 62,5% hasta 85%; y la derogación de ciertos mecanismos de solución de controversias. Con relación a la primera propuesta, México y Canadá han planteado la opción de un diálogo conjunto cada cinco años para evaluar la marcha del acuerdo y coincidir en eventuales reformas.
Para evitar un final abrupto de la negociación, los tres países prefirieron centrarse en algunos puntos de consenso en telecomunicaciones, energía y comercio electrónico. Pero sobre los temas de fondo, se mantiene el desacuerdo.
Sin el Nafta, Estados Unidos y México deberían cobrarse entre ellos las tarifas más altas que ahora aplican a otros países miembros de la Organización Mundial de Comercio, que son de 7% en México y 3,5% en Estados Unidos. Esta eventualidad tendría un costo para los tres países en términos de crecimiento y empleo, en especial para México. Hay diversas estimaciones sobre el particular, todas coincidentes sobre este efecto negativo. Pero el resultado concreto dependerá en buena parte de las decisiones individuales de las empresas norteamericanas, que pueden ser muy distintas según los casos.
Frente a un cambio tan radical, ellas se tomarán un tiempo antes de definir su estrategia de futuro, teniendo en cuenta que México seguirá siendo muy competitivo con relación a su vecino del norte. Por ello algunas empresas volverán a Estados Unidos, otras irán a ciertos países de Asia también con sueldos bajos y otras se quedarán en México con la intención de pasar el efecto de las nuevas tarifas de importación a mayores precios para los consumidores.
Aunque un futuro aún más adverso para México sería que Washington ignore a la OMC y fije los niveles de arancel que considere más conveniente según los casos. Trump ya ha amenazado más de una vez con este extremo, que tendría efectos devastadores no sólo en el ámbito bilateral sino en todas las reglas que regulan el intercambio mundial.
En este marco, el compromiso electoral tan fuerte de Trump con relación al Nafta y sus propuestas tan extremas presentadas en el proceso de renegociación anticipan la inminencia de la decisión de ruptura de dicho acuerdo. Empero, hay todavía algunos obstáculos de consideración por delante. Desde el comienzo de este proceso, México ha multiplicado sus gestiones ante los gobernadores, congresistas y empresarios de Texas, California, Arizona, Nuevo México y Alabama, que concentran casi el 60% de las exportaciones norteamericanas al vecino del sur. Porque son ellos los que deberán afrontar los perjuicios más directos de una ruptura del Nafta, en vísperas de la elección de medio término de noviembre del año próximo.
Además, si bien esta previsto que un socio del Nafta pueda abandonarlo con seis meses de preaviso, hay algunas cuestiones por dilucidar. Porque si bien en las últimas décadas el Congreso ha delegado en la Presidencia el poder para negociar acuerdos comerciales con otros países, ello no cubre la cuestión de a cuál de los dos poderes corresponde aprobar la salida. Es fácil imaginar entonces la sucesión de instancias políticas y judiciales que podrían darse a partir de una decisión presidencial de abandono del Nafta.
De todas formas, parece muy difícil que una vez más Trump quede desairado en el cumplimiento de uno de sus principales compromisos electorales. Quizá una postergación transitoria del Nafta pueda permitirle una nueva tregua para avanzar hacia el objetivo final. Falta poco tiempo para saberlo.
