“La ausencia de compradores de pasta de coca está provocando hambre en los territorios cocaleros”, reconoció días atrás el presidente Gustavo Petro en una declaración en la cual se hizo eco de las protestas de los empobrecidos agricultores de los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo, regiones que en su conjunto explican las dos terceras partes la producción total de coca del país.
“Los precios se desplomaron. Lo que se ve es un colapso total. Cosechas enteras no se venden y las familias pasan hambre”, dice Andrés Rojas, un cultivador de coca de la región de Catatumbo, en el noreste de Norte de Santander, entre la cordillera Oriental de Colombia y el Lago de Maracaibo. Rojas, que aboga por prácticas sostenibles y la sustitución del cultivo, agrega que la situación se agravó desde mediados del año pasado.
Según los agricultores de Catatumbo, Nariño, Cauca y Putumayo, en los últimos meses prácticamente desaparecieron los compradores de pasta base para la producción de clorhidrato de cocaína, lo que disparó el colapso de la economía local y una situación que definen como de “emergencia humanitaria”. Un panorama que algunos explican por la detención y extradición a los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el líder principal del Clan del Golfo.
La situación, sin embargo, reconoce otros antecedentes. Algunos se relacionan con la demanda. Entre ellas, la “entrega” por parte del cartel a las autoridades colombianas de algunas de las rutas que utilizaba para traficar cocaína como un gesto al plan de paz que impulsa Petro, la destrucción de las pistas clandestinas de aterrizaje, la interdicción de los cargamentos en el Caribe y las crecientes dificultades para sacar la cocaína por Venezuela, además del progresivo cambio en el mercado de las drogas ilícitas por los productos sintéticos.
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El combo provocó una disminución de los flujos de dinero provenientes de los carteles mexicanos hacia las regiones productoras. Sin embargo, hay otro factor. “El aumento de los precios de la coca en los últimos años hizo que muchos agricultores optaran por plantar coca exclusivamente. Esta falta de diversidad agrícola y económica significa que la comunidad se ve todavía más afectada por la caída de los precios. Mucha gente ya ni siquiera cultiva alimentos. Los agricultores están pasando hambre”, explica Rojas.
Quienes trabajan en el territorio aseguran que muchos campesinos abandonaron durante la última década los cultivos alimentarios para producir coca, en parte porque transportar las cosechas desde regiones remotas para venderlas en los centros urbanos tiene un costo prohibitivo debido a la falta de infraestructura rural. En este contexto, las ONG’s locales reclaman al gobierno el restablecimiento de los programas que incentivan con precios sostén la sustitución de la coca por cultivos alternativos.
Esos programas fueron una parte integral del acuerdo de paz de 2016 alcanzado por el entonces presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo rebelde más grande del país en ese momento. La iniciativa, sin embargo, fue abandonada cuando su sucesor, Iván Duque, asumió en 2018 la presidencia y lanzó la “guerra contra las drogas”, enfoque agresivo que obturó la búsqueda de soluciones sociales para la producción de coca.
Los programas, que incluían entre otros cultivos la papaya y el plátano, fueron en gran medida bloqueados, e incluso desmantelados. Tanto es así que, pese a la caída de la demanda y de los precios, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Según los últimos datos disponibles de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), unas 204.000 hectáreas se dedicaron al cultivo de coca en 2021. “Desde entonces, los precios comenzaron a bajar y tocaron fondo a fines de 2022”, señala Daniel Parra, coordinador fronterizo de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).
La lectura de Parra subraya como un factor clave la detención de “Otoniel”, que se declaró culpable, en enero, de dirigir las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, ocasión en la que además reconoció haber contrabandeado “toneladas de cocaína, tal vez cientos de toneladas” a los Estados Unidos. Según Parra, mientras “Otoniel” espera su sentencia, las AGC comenzaron a reorganizarse, desviando su atención del comercio internacional de cocaína, lo que resultó en una menor demanda.
“Creemos que las AGC pueden haber comenzado a enfocarse en otras fuentes de ingresos ilícitos, como la minería ilegal, la extorsión y las ventas de sustancias ilícitas dentro del país, en lugar del contrabando internacional”, dice Parra. El enfoque señala que el alejarse del negocio de la producción de cocaína a gran escala podría ayudar a las AGC en sus conversaciones de paz con el gobierno de Petro. En la práctica funcionaría como “una forma de retribución”, según Parra.
Los medios colombianos apuntan que la disminución del negocio de la producción de cocaína también podría estar ocasionada por la orden del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la actualidad el grupo insurgente más importante, de no sembrar coca ni sacar pasta base de las regiones productoras. ¿La razón?: el cultivo estimula el interés y la competencia con otras organizaciones. Como antecedente citan lo sucedido en Arauca, donde el ELN ordenó erradicar centenares de hectáreas de coca que había en el departamento.
No obstante, el factor clave en la caída de los precios sería la mayor demanda de drogas sintéticas, que son más fáciles de fabricar. “La compra de grandes cantidades de amoníaco, ácido sulfúrico y permanganato de sodio activa una señal de alerta. Algunos laboratorios pueden estar cambiando su producción. El fentanilo, por ejemplo, se volvió cada vez más popular y puede estar desplazando a la cocaína”, evalúa Parra.
Rojas señala otro factor que hace bajar los precios de la coca: la violencia. Específicamente en el Catatumbo, donde grandes extensiones del territorio están controladas por el ELN. El grupo rebelde monopoliza la venta de pasta base, ejerciendo la violencia si es necesario. Eso le permite fijar precios sustancialmente más bajos. “Actualmente, están ofreciendo menos de la mitad de lo que pagaban hace un año. Además, los compradores ya no vienen a nosotros. Tenemos que ir hacia ellos y esperar que estén comprando”, afirma Rojas.
La competencia también aumentó a medida que la producción de cocaína se expande regionalmente en América del Sur, según la UNODC. El organismo señala que el cultivo de coca en Perú aumentó aproximadamente un 30% en 2021 hasta alcanzar las 76.158 hectáreas. En Bolivia, en tanto, cuyo gobierno dio por finalizado el acuerdo de cooperación que mantenía con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el área de cultivo se incrementó un 4% en el mismo período, hasta las 30.500 hectáreas.
En lo inmediato, tanto los expertos en la problemática como muchos cultivadores recibieron con beneplácito la promesa del presidente Petro de volver a implementar los programas de sustitución e invertir en oportunidades económicas alternativas. Sin embargo, “hay falta de fe en que el gobierno cumpla con sus promesas”, advierte Rojas.
“El gobierno debe demostrar que tiene la voluntad y la capacidad para cumplir sus promesas”, dice Gimena Sánchez-Garzoli, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en los Andes, una organización que trabaja con los países andinos en procura de afianzar los Derechos Humanos. Según Sánchez-Garzoli, la mayoría de los agricultores que se inscribieron en los programas anteriores quedaron en la estacada cuando erradicaron sus cultivos de coca con la promesa de pagos gubernamentales que nunca llegaron.
Rojas asegura que los cultivos alternativos pueden prosperar. Si bien sus cosechas de coca perdieron valor, las de alimentos se están volviendo más rentables. Hoy, con tan pocos agricultores locales produciendo frutas y verduras, la mayor parte de los alimentos frescos que se consumen en la región provienen de otras zonas. “Es posible que tengamos que cultivar plátano en lugar de coca. A largo plazo, una economía dependiente de la coca simplemente no es sostenible”, afirma Rojas.
Los campesinos de las zonas productores argumentan que los pequeños agricultores dedicados a la producción de coca son la base de la pirámide. “Somos los pobres rurales. No somos narcos”, dice Rojas. “Nuestra comunidad necesita diversificar la producción agrícola para sobrevivir, pero mientras el gobierno se niegue a alentar el desarrollo de otras opciones, esta dependencia continuará”, concluye.
(Con información de agencias)
