La CIDH denunció "graves violaciones" y "ejecuciones" en la represión peruana a las protestas
El organismo analizó el desempeño de las fuerzas de seguridad de Perú durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del ahora detenido expresidente Pedro Castillo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las fuerzas de seguridad cometieron "graves violaciones" de Derechos Humanos y posibles "ejecuciones extrajudiciales" contra los manifestantes durante las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo de la presidencia del país y la asunción de la actual mandataria Dina Boluarte en su reemplazo.
El informe, que se nutre de las entrevistas e información recabadas en el terreno durante una visita de los representantes de la organización regional, pero también de los datos complementarios recibidos con posterior a la visita, analiza los episodios de violencia y represión registrados entre el 7 de diciembre de 2022, fecha de destitución de Castillo, y el 23 de enero pasado.
El documento enfatiza que durante ese lapso se registraron situaciones que violentaron "el derecho a la protesta", además de precisar que la respuesta de las fuerzas de seguridad no fue uniforme en todo el territorio nacional y que en algunas zonas se registraron casos concretos de "graves episodios de uso excesivo de la fuerza".
De la información recibida en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso "desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza", lo que se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego.
Si bien el informe no hace un balance de la cantidad de muertos, otros trabajos, como el realizado y presentado la semana pasada por Human Right Watch (HRW), calcula el número de decesos relacionados en forma directa con la represión en 49, entre ellos ocho niños, según se desprende de las cifras provistas de la Defensoría del Pueblo. Del total, 39 corresponden a víctimas "por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos", según la ONG.
Por la ubicación de un número importante de víctimas, la CIDH concluye que muchas ni siquiera estaban participando de las protestas, o se encontraban sólo en las inmediaciones de los focos de mayor conflictividad. En Ayacucho, agrega el documento, se registraron graves violaciones de Derechos Humanos "que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial".
Al tratarse de violaciones perpetradas por agentes del Estado, la CIDH entiende que las muertes ocurridas "podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", que dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar podrían calificarse como una "masacre". En el caso de la localidad de Juliaca, el organismo concluyó que se produjeron situaciones de "uso excesivo e indiscriminado de la fuerza", que resultaron en graves violaciones a participantes en las protestas y terceras personas.
La misión de la CIDH, además, señala que la superación de la crisis en Perú requiere de un "diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial". El documento también formula recomendaciones en materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; atención a víctimas de violaciones de Derechos Humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; y libertad de expresión, reunión y asociación.
El organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), también recomienda al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas, como acciones de "compensación; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia". En este sentido destaca que la reparación exige que “se investigue, juzgue y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos".
El informe se conoce una semana después que HRW denunciara que las fuerzas peruanas concretaron ejecuciones "arbitrarias y extrajudiciales" durante las protestas, ocasión en la que, además, acusó al gobierno de Boluarte de "mirar hacia otro lado" mientras ocurrían las protestas, que estallaron el 7 de diciembre tras la destitución de Castillo y luego que el expresidente intentara disolver el Congreso, acosado por denuncias e investigaciones de corrupción.
Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el mando en medio de reclamos y protestas que exigían tanto su renuncia como un llamado a elecciones anticipadas. Desde entonces, las declaraciones de la mandataria, en las que mostró su intención de cumplir el resto del mandato de Castillo hasta mediados de 2026, encendieron más las protestas, que finalmente se extendieron a todo el país y se multiplicaron todavía más cuando un juez ordenó la prisión preventiva de Castillo.
