La crisis venezolana: un callejón sin salida

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente acrecienta la polarización del país, mientras crece el rechazo internacional

Pese a la condena enérgica y casi unánime de la región, Estados Unidos y la Unión Europea, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pareció salirse con la suya una vez más en su intención de instalar la Asamblea Nacional Constituyente, que comenzará a funcionar a partir de este miércoles.

Cada vez más acorralado por la presión de la comunidad internacional y con su legitimidad en duda –aunque según datos oficiales votaron poco más de 8 millones de personas este domingo, el mandatario continuó adelante con su propuesta, aunque en los hechos la Asamblea Constituyente implica una ruptura del orden constitucional.

Es que Maduro no solo omitió realizar una consulta popular previa para legitimar la Asamblea Constituyente, sino que además le adjudicó plenos poderes para reformar la Constitución vigente desde 1999 a su antojo, con lo cual podrá controlar a sus anchas todos los poderes del Estado.

La Constitución actual había sido aprobada durante el gobierno del difunto presidente, Hugo Chávez.

La oposición, nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificó desde un principio la intención de Maduro como un "fraude".

En ese sentido, la fiscal general, Luisa Ortega, una chavista de la primera hora distanciada del gobierno y convertida en una de sus principales críticas, pareció alinearse con ese concepto.

"Esta Constituyente no tiene legitimidad; veremos a un poder absoluto en manos de una minoría", dijo la funcionaria.

El analista político Nicmeer Evans, que también tomó hace algún tiempo distancia del chavismo, consideró que este domingo marcó un "hito" en el país en cuanto a la ruptura del orden institucional.

La Asamblea Constituyente "amenaza con la disolución de la Asamblea General, quitar a la fiscal de la República y criminalizar la disidencia con penas mayores a 30 años de prisión", dijo en Caracas en diálogo con rEl Observador.

En la misma línea de pensamiento, se expresó el politólogo y profesor universitario, Carlos Romero, al plantear que en el gobierno suspendió "la vida democrática" del país.

Tanto Romero como otros analistas plantean como posible escenario adicional una mayor radicalización de posiciones: por un lado, la del gobierno, en su propósito de mantener el control del poder a toda costa, y por otro, la oposición, con el apoyo internacional, que busca desalojar al chavismo del gobierno de una vez.

Sin legitimidad

Incluso, la dirigencia opositora ya convocó una nueva protesta para este miércoles, cuando en la sede de la Asamblea Nacional tomen posesión de sus cargos los 545 miembros del nuevo oganismo.

Aunque notoriamente la oposición fracasó en su intento de evitar la instalación de la Constituyente, existen dos lecturas antagónicas al respecto.

Mientras por un lado hay quienes sostienen que quedó en entredicho la capacidad de liderazgo y las fisuras hacia la interna opositora, por otro, están los que piensan que el gobierno quedó contra las cuerdas, ya que la Constituyente se instalará sin ninguna legitimidad internacional y severamente cuestionada.

"El gobierno lanzó un operativo sin legitimidad", pero a Maduro "no le importa" pues pretende una Constitución "a su medida", consideró el politólogo Luis Salamanca.

Condena internacional

Mientras, en la comunidad internacional, tanto Estados Unidos, España, la Unión Europea y nueve países latinoamericanos (México, Brasil, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Perú, Colombia y Panamá) señalaron de manera coincidente que no reconocen el resultado de la votación del domingo.

En ese contexto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aplicará nuevas sanciones, esta vez dirigidas a Maduro.

Estados Unidos es el principal comprador de petróleo venezolano, con una importación de 800 mil barriles diarios sobre una producción diaria de 1,9 millones.

En la región, el Mercosur evalúa aplicar la denominada Cláusula Democrática y otros países sumaron su voz de condena.

Empero, Uruguay expuso una posición menos enérgica, pues optó por no sumarse al grupo de quiénes condenas y prefirió llamar al diálogo.

Por añadidura, las pretensiones de Maduro también suponen el comienzo del aislamiento internacional –tanto político como económico– de Venezuela.

En un país que ya padece una severa crisis económica por el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, no es menor que aerolíneas como la estadounidense Delta y la colombiana Avianca hayan suspendido sus operaciones en el país.

Y tampoco que algunas empresas internacionales muestren su disposición a discontinuar sus inversiones en la faja petrolífera del Orinoco o en el denominado arco minero.

De todas formas, Maduro todavía conserva como aliados casi incondicionales a países como China, Rusia, Turquía y Catar, además de Cuba y Nicaragua en Latinoamérica.
(Producción: Fabiana Culshaw)

Ruptura del orden institucional

Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció, el 1 de mayo, su intención de instalar la Asamblea Nacional Constituyente, ya estaba provocando en los hechos una ruptura del orden institucional.

Es que la iniciativa fue convocada sin una consulta electoral previa y con pleno desconocimiento de la Constitución vigente.

Maduro decidió por sí y ante sí instalar ese organismo, que tendrá plenos poderes, para que redacte una nueva carta magna.

La comunidad internacional y la oposición coinciden en que de esa forma se instaurará una dictadura, porque los miembros de la Constituyente podrán, por ejemplo, disolver el Parlamento, que controla la oposición, y destituir a la fiscal, Luisa Ortega.

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