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La educación en la diana

Los estudiantes llevan tres meses de masivas protestas con pocos avances

Por  Pedro Dutour
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A ritmo de caceroleos, marchas multitudinarias, choques con la Policía y una tenacidad que pone contra las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera, los estudiantes chilenos no piensan dejar tranquilas las calles hasta que vean cumplida su reivindicación: la reforma del sistema educativo del país, un modelo que ha sido utilizado como ejemplo en la región pero que genera descontento en Chile.

En enero pasado, Piñera presentó una serie de medidas para cambiar el desarrollo de las aulas, ideas que cayeron mal desde el principio en los sindicatos estudiantiles. “Será un año de protestas”, avisaron. Y así, desde hace tres meses, en los que demandan mejoras en la calidad de la educación, los estudiantes secundarios y universitarios han congregado manifestaciones de más de 100 mil personas; ha habido protestas en Santiago así como en la isla de Pascua. Empujan para lograr algo que reclaman desde la vuelta de la democracia en 1990.

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El fin del lucro o del negocio en las universidades, la gratuidad en la enseñanza pública –en Chile se paga matrícula–, el retorno al Estado de la dirección del sistema de enseñanza, la desmunicipalización que le llaman, y el fin del endeudamiento forman parte de la plataforma base de los reclamos estudiantiles que, además, conllevan un ausentismo a las aulas que preocupa a las autoridades.

“El problema es que Chile encabeza la lista de países en que los privados pagan más por la educación. Algo así como el 70% del gasto en educación de los universitarios es pagado por el estudiante, el otro 30% lo financia el Estado y este nivel es de los más bajos del mundo”, dijo a El Observador, Matko Koljatic, profesor de la Universidad Católica de Chile que, no obstante, está de acuerdo con que las instituciones universitarias lucren.

“Más del 89% de la población respalda las manifestaciones, no somos un grupo ideologizado que defiende lo indefendible”, afirmó a El Observador, Paul Floor, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Estudiantes de Chile, que esta semana estuvo en Montevideo en el XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Aclaró que las protestas, en las que ha participado, son pacíficas.

A raíz de la presión, el gobierno presentó hace más de 10 días una propuesta de 21 puntos para comenzar a dialogar y negociar: más que nada, planteó bajar las tasas de interés a los créditos universitarios e incrementar recursos (hoy el Estado gasta el 0,3% de su PBI en educación superior). Los estudiantes la rechazaron y la administración de Piñera advirtió que no presentará una proposición alternativa. No resultó ser el primer “no” estudiantil. Antes, a inicios de julio, el mandatario había propuesto un gran acuerdo nacional por la educación, conocida como GANE y dirigida a la educación terciaria, con un fondo de US$ 4.000 millones. Fue denegado por los alumnos.

Para entender las protestas hay que introducirse en el sistema chileno, que no es tan sencillo. La educación básica y media es de provisión mixta. Están los colegios particulares o privados –que pueden ser religiosos o de iniciativa empresarial–, y los estatales. Estos son los municipales, que representan el 40% de la población escolar y liceal y que, como parte del Estado, reciben un subsidio que hoy apenas llega en promedio a unos US$ 80 por alumno al mes. Las clases de estos colegios, que reciben a personas de bajos recursos, suelen ser muy numerosas, con profesores que hacen muchas horas. El nivel de los alumnos suele ser de los peores a nivel nacional.

Los estudiantes que protestan piden que esos centros educativos dejen de pertenecer a los municipios y se transformen en nacionales, para así alcanzar mayores recursos estatales. Es una opción que el gobierno de Piñera acepta a medias; de hecho, el Estado está aumentando los subsidios en algunos colegios municipales, pero el proceso está acusando una gran lentitud.

Floor, estudiante de Ingeniería en Aviación por la Universidad Técnica Federico Santamaría de Santiago, recalcó que el sistema público secundario “está destruido”. “Los municipios ponen los recursos sin ningún criterio nacional, sin ningún estándar. Por lo tanto, hay colegios que son muy precarios. Entonces no se puede comparar a un niño que sale de ahí a uno que viene de un colegio privado que a veces paga incluso más que en la universidad. Cada año los alumnos de los municipales sacan peores resultados y no superan la prueba de ingreso a las universidades”.

Esta realidad, según este dirigente estudiantil, hace que la entrada a la universidad sea “sumamente discriminatoria”. Las universidades estatales representan el 30% de los alumnos y las privadas un 70%. Las primeras, claro está, reciben subsidios del Estado y las segundas, las más tradicionales, también. Pero a las universidades, que tienen un examen de ingreso, llegan los más capacitados, o sea, los que fueron a colegios privados y los que pertenecen a las clases media y alta. En este sentido, los que hoy protestan insisten en que la educación es elitista pese a la oportunidad de becas o créditos.

Es más, los créditos han dejado a mucha gente endeudada porque, al haber financiamiento del Estado por poco que sea, las universidades aumentaron los precios de las matrículas. Por ejemplo, la Universidad de Chile, que es estatal, cuesta entre US$ 8.000 y US$ 10 mil por año, dependiendo de la carrera. Con ese precio, suena lógico que los estudiantes no quieren pagar más.

“Los altos aranceles que se cobran en la universidad hacen que las familias que no tienen ese dinero sean discriminadas para ingresar a la educación superior e incrementan las diferencias sociales”, aseveró Floor.

Este tema del financiamiento de los estudiantes ha estado en el candelero por muchos años. Lo que reclaman los estudiantes movilizados, que representan algo así como el 10% de la población estudiantil y paradójicamente provienen de las estatales (el otro 90% asiste a clases normalmente), es que las personas que son dueñas de entidades educacionales no deberían lucrar con las subvenciones y otros subsidios fiscales. De ahí, el fin del lucro como eslogan. Lo que dicen es que toda la plata que pasa el Estado debería ir a mejorar la calidad de la educación y no como lucro de los dueños”, señaló Koljatic.

El negocio de las universidades se presenta aun más rentable ante el gran incremento de alumnos que tuvo lugar en los últimos 20 años, época en que gobernó la Concertación de centroizquierda y que profundizó el sistema. En ese período, el número de estudiantes universitarios saltó de 200 mil a 1 millón, en buena medida gracias a la iniciativa privada. En Santiago pululan las universidades y hay muchísima competencia entre ellas. Para Piñera, que no tiene ganas de revisar el lucro en las universidades, esto está muy bien. El jueves dijo que “nada es gratis en esta vida, alguien tiene que pagar”.

Los estudiantes han alcanzado algunas pequeñas victorias, como lograr que el gobierno los reciba pese a la exigencia de este de cesar las protestas para discutir; el cambio de gabinete y la salida del ministro de Educación Joaquín Lavín; y la brutal disminución de la popularidad de Piñera que, lejos del tiempo de gloria que supuso el rescate de los 33 mineros en octubre pasado, hoy apenas alcanza el 26%, la más baja para un presidente en tiempos democráticos.

Pese a esos triunfos, las mayores demandas de los estudiantes aún no han sido contempladas. El gobierno ha hablado de una reforma constitucional para cambiar la educación, pero esto tampoco convence. Será cuestión de tiempo, de perseverancia y de hasta qué punto aguantará la presión el presidente Piñera.
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