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La guerra entre Clarín y Cristina al rojo vivo

La mandataria intimó al grupo mediático a deshacerse de la mayoría de sus estaciones emisoras antes del 7 de diciembre

Por  Redacción
Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner

El gobierno de Argentina emplazó el sábado a uno de sus principales detractores en la prensa, el Grupo Clarín, a que venda la mayoría de sus estaciones emisoras, y afirmó que el 7 de diciembre marcará el día en que los monopolios de medios de comunicación ya no podrán estar por encima de la ley.

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El Grupo Clarín, dueño de 240 sistemas de cable, 10 estaciones de radio y cuatro canales de televisión además de su diario insignia, recurrió las cláusulas antimonopolio de la ley de medios por considerarlas inconstitucionales. La ley de medios fue aprobada en 2009 y limita el número de licencias que puede poseer una empresa.

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Clarín, detractor implacable de la presidenta Cristina Fernández, señaló que muchos juristas apoyan la posición del grupo de medios, de que incluso si el 7 de diciembre expirara la medida cautelar a su favor tendría un año más para activar un plan de desinversión, mientras espera recibir un posible fallo favorable.

En un mensaje televisivo que comenzó a transmitirse durante los partidos sabatinos de fútbol, que atraen gran auditorio, el gobierno llamó la fecha límite como "7D" y señaló que ese día llegará la "diversidad" y la "democracia" a los medios de comunicación en Argentina.

El gobierno dijo que ese día sacará de inmediato a concurso público las estaciones de televisión por cable del Grupo Clarín que excedan el máximo autorizado si éste no ha acatado la ley. Agregó que se garantizarán las fuentes de trabajo y que la transferencia de las licencias a nuevos dueños fomentará la existencia de más puntos de vista.

En anticipación a una nueva oleada de acusaciones de que pretende acallar a la disidencia, el gobierno dijo en su mensaje:

"El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación, el Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza los medios de comunicación en la república argentina. 7 D, de diciembre, de diversidad, de democracia".

Sin embargo, Clarín respondió de inmediato con su propio anuncio, en el que acusó al gobierno de intentar una maniobra ilegal y señaló que la propia ley de medios establece un plazo de un año a partir del 7 de diciembre para resolver la demanda de inconstitucionalidad.

"¿Qué se busca en este relato oficial?", preguntó Clarín en el anuncio. "¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el estado de derecho en la Argentina?"

En la edición de Clarín en internet, el grupo sugirió que el gobierno busca atacar a quien desafía la doctrina oficial, y la atribuyó a la amplia cobertura que el grupo dio la semana pasada a las protestas antigubernamentales más grandes que se hayan efectuado en años en Argentina.

"Esos espacios de la publicidad del Estado volvieron a utilizarse para hostigar a los que no difunden el 'relato oficial''', señaló Clarín .

"Y lo anunció el gobierno nueve días después de que los medios de Grupo Clarín fueran casi los únicos que cubrieran las masivas movilizaciones y cacerolazos contra el gobierno, mientras que los medios que dependen directa o indirectamente del gobierno decidieron no emitir o minimizar dichas protestas, en sintonía con la línea que se bajó desde la Casa Rosada", apuntó.

Hubo condenas casi inmediatas de parte de Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien dijo que ese organismo sigue atentamente la situación y la discutirá a profundidad el mes próximo, durante su asamblea anual en Sao Paulo.

"Éste es un ataque contra los principios básicos de libertad y democracia", consideró Muñoz. "Es la misma vía que ha seguido (el presidente Hugo) Chávez en Venezuela, al cerrar los medios que critican al gobierno".

Fernández ha echado mano de casi todos los mecanismos gubernamentales a su disposición para atacar a Clarín, cuyos medios impresos y noticiosos critican casi todos los actos de la mandataria. La directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, afrontó durante años acusaciones de adopciones ilegales hasta que se descartó mediante pruebas de ADN que sus hijos tuvieran vínculos con alguna de las víctimas de la junta militar de la década de 1970 que estaban registradas en una base de datos.

Sin embargo, ejecutivos del Grupo Clarín y otro medio crítico importante, el periódico La Nación, afrontan todavía un posible juicio por violaciones a los derechos humanos, bajo acusaciones de concertar una asociación ilícita con los dictadores para controlar a la única empresa proveedora de papel periódico.

Ambos medios acudieron a tribunales para impedir que el gobierno intente controlar el suministro de papel periódico.
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