La jueza Mercedes Maquieira, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9, tomó la decisión de declararse incompetente en el amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) contra 23 prepagas. Esta decisión ha provocado la indignación del Gobierno. Como primera medida, anunciaron que apelarán la decisión.
Maquieira, en un fallo firmado recientemente, optó por trasladar la causa al Juzgado 3 del mismo fuero, a cargo de Juan Rafael Stinco. Su argumento fue que allí se tramita un amparo colectivo, conocido como la “Causa Wilson”, relacionado con las cuotas de las prepagas.
Según fuentes del Gobierno citadas por el diario Clarín, la jueza decidió declararse incompetente porque ya existía un amparo colectivo planteado por un particular en el que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/23. Las mismas fuentes calificaron esta decisión como un “delirio jurídico”.
Además, señalaron que la magistrada no hizo mención alguna a la medida cautelar, pero consideró que ella era incompetente porque podría dar lugar a sentencias contradictorias. En lugar de tomar una decisión, optó por enviar la causa a otra en la que se solicita algo totalmente distinto.
Molestia en el Gobierno
El Gobierno está claramente molesto. La decisión de la jueza retrasa todo el proceso judicial que tiene como objetivo que las prepagas devuelvan lo cobrado por encima de la inflación en los últimos meses. Incluso pone en riesgo el avance del proceso, ya que el Juzgado 3 está actualmente en disputa con otro Juzgado Federal de San Martín en la Corte Suprema sobre un tema de competencia negativa: ninguno de los dos jueces quiere hacerse cargo de la “Causa Wilson”.
Las fuentes del Gobierno afirmaron que Maquieira “introduce al Estado en una misma acción que realizan particulares contra el propio Estado. Algo nunca visto". La postura de la Superintendencia es, obviamente, apelar la resolución. Esto tendrá lugar el viernes, que es el plazo máximo, y se solicitará a la Cámara que revoque lo que decidió la jueza y dicte la medida cautelar.
Además, agregaron que “es realmente muy llamativo el accionar de la jueza. Desde el punto de vista del derecho, lo que hizo no tiene ninguna lógica. Debe actuar con la responsabilidad que el caso amerita. Se trata de corregir un abuso de las prepagas y un tema de salud. Es por esto que es la primera vez que se toma una medida de estas características desde el Estado, a partir de las facultades que tiene la SSS como organismo fiscalizador”.
El amparo de la SSS se dirige contra 23 prepagas con el objetivo de que la Justicia decida si corresponde que estas empresas devuelvan a los afiliados lo cobrado de más desde diciembre (en mayo las cuotas ya se ajustaron) y que además establezca un criterio para los ajustes mensuales de las prepagas. Desde las compañías, al menos tres de ellas ya presentaron sus descargos y sostienen que la SSS no tiene legitimidad como litigante por no ser parte damnificada.
