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Cuando tenga cédula de identidad, Andrés espera dejar el duro trabajo en los campos de caña azúcar y buscar una vida mejor. Sin embargo, el documento puede tardar. Tal vez, nunca llegue. Andrés nació en República Dominicana, pero su nacionalidad, como le ocurrió a miles, le fue arrebatada hace una década. Su madre es haitiana y su padre un dominicano que no lo reconoció.

"Los dominicanos son muy cuerneros", dice entre risas el joven de 22 años en plena faena en los cañaverales de El Seibo, a unos 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Santo Domingo, la capital del país. Lo dice mientras sus compañeros gritan para mover los bueyes que arrastran una carreta repleta de caña.

República Dominicana y Haití comparten la isla La Española y una frontera de 390 kilómetros que estará dividida por la construcción de un muro fronterizo producto del endurecimiento de las medidas migratorias dispuestas por las autoridades de Santo Domingo. La razón: la crisis en Haití. Cada semana, unos 20.000 haitianos atraviesan el puente internacional de Dajabón, una ciudad fronteriza del noreste dominicano.

A las ocho en punto de la mañana de cada lunes y viernes, un operativo militar dominicano abre las puertas de su territorio a miles de haitianos que se aglutinan en el puente. Unos llevan cascos porque trabajan en la construcción. Otros atraviesan en paso fronterizo con carretillas para mercancías. Muchos con dinero para comprar alimentos, ropa y medicamentos. Transitan bajo la atenta mirada de los militares, que intentan controlar el apuro de los haitianos por ingresar.

Mientras el tránsito discurre por la frontera, Andrés y sus compañeros esperan recolectar unas cuatro toneladas de caña de azúcar. Les pagarán unos US$ 16 dólares que deberán dividir entre los ocho que componen la cuadrilla. "Yo nací aquí. Mi nacionalidad es dominicana", explica Andrés. Tiene acta de nacimiento, pero no cédula, un documental esencial para cualquier trámite. "Me están haciendo la diligencia para obtenerla”, cuenta esperanzado.

Lo que podría ser sencillo no lo es. Hay un problema. En este caso se trata de un muro legal. “Las autoridades quieren que yo tenga la cédula que diga extranjero, y así no se vale", cuenta Andrés, uno de los 250.000 dominicanos de padres extranjeros, la mayoría de ellos haitianos, que perdieron su nacionalidad por un fallo judicial de 2013, aplicado retroactivamente a los nacidos entre 1929 y 2010. Nacer en República Dominicana, un país de 10,5 millones de habitantes, no garantiza obtener la nacionalidad luego de una reforma constitucional sancionada en 2010.

El flujo de migrantes haitianos se disparó por la inseguridad y el caos político en Haití, lo que llevó al Gobierno dominicano a reforzar sus fronteras. Sólo en 2022, más de 160 mil haitianos fueron expulsados desde Dominicana, según el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, una organización. Al menos 60.000 fueron arrestados antes de ser deportados.

El proceso se aceleró desde la sentencia de 2013. Los que como Andrés consiguieron eludir la deportación subsisten como pueden en los “bateyes”, como se conoce en La Española a las precarias comunidades de casas de madera con techos de chapa y letrinas externas en las que viven los trabajadores de la caña. Allí son menos frecuentes las redadas migratorias, a las que están más expuestos si se mudan a las poblaciones urbanas para trabajar, estudiar o ir al médico.

La asimetría entre ambos países de la isla, que los nativos conocían como Bohío, Baneque o Bareque antes de la llegada de Colón, es evidente. Haití exporta a Dominicana apenas US$ 4 millones al año e importa desde el país vecino por US$ 500 millones. Para muchos dominicanos, los problemas llegan desde el otro lado de la frontera. Razón por la que apoyan la construcción del muro fronterizo. Incluso la deportación de haitianas embarazadas que concurren al médico. También de los haitianos que nacieron y crecieron en Dominicana, pese a que tienen vínculo alguno con el país de sus padres.

Otra madre, diferente apellido

Al caer la tarde en uno de los bateyes de El Seibo, los niños juegan en las calles de tierra y grupos de trabajadores se distraen con partidas de dominó. Bromean en creole, la lengua haitiana derivada del francés. La mayoría de los trabajadores de la caña son de Haití, o descendientes de haitianos. La situación viene de lejos.

Se remonta a la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), que impulsó la búsqueda de mano de obra barata en el país vecino. A medida que se complicaba la vida en Haití, los obreros haitianos decidían quedarse en Dominicana. En su mayoría analfabetos, eran registrados en un libro distinto del oficial. Recibían una "ficha". Una suerte de un comprobante de empleo. Ni visa ni residencia.

En la actualidad, el Tribunal Constitucional dominicano los considera "en tránsito". Al hacerlo, en la práctica, les quita la nacionalidad, tanto a ellos como a sus descendientes. Hasta no hace muchos años, algunas familias haitianas pagaban a las dominicanas para que registraran a sus hijos como propios. Obviamente, con apellidos distintos a los de sus padres biológicos.

En 2014, el gobierno de Santo Domingo anunció la creación de un registro especial para los afectados que poseen acta de nacimiento dominicana. Integran el llamado “Grupo A”. Son los podrían optar por la nacionalización. Los que quedaron en el “Grupo B” no tienen ningún documento y se los considerados "extranjeros".

"No vamos a ninguna parte"

El proceso para regularizar la situación, plagado de obstáculos, ya cerró. El movimiento cívico Participación Ciudadana estima que apenas 26.800 personas la normalizaron. En los hechos, quedan cientos de miles de personas que "no son de aquí ni de allá", se lamenta Elena Lorac, de 34 años, activista del movimiento Reconocidos y una de las afectada por la sentencia. "Todas estas políticas de desnacionalización nos dejan ante una vulnerabilidad enorme", explica la mujer.

El problema de los apátridas se da en el contexto de la agria relación que mantienen Santo Domingo y Puerto Príncipe, una relación cargada de xenofobia para los haitianos que viven en Dominicana. "Inmediatamente me señalan, 'esa es haitiana', por mi color de piel y porque tengo pelo crespo", dice María Paul, de 53 años. La mujer asegura haber nacido en Dominicana y que nunca fue registrada.

María accedió a una cédula de "extranjera" que venció y no la pudo renovar. "El Estado entiende que yo nací en Haití y me pone 'inmigrante'. Mis padres sí los fueron, pero yo no lo soy", insiste la mujer, en permanente peligro de ser deportada, pese a que varias oenegés han interpuesto recursos en la justicia, incluida la nulidad del registro civil paralelo creado para los afectados por la sentencia.

"Es un apartheid registral", resume la abogada Patricia Santana. Criticado por endurecer su política frente a Haití con más deportaciones y un muro fronterizo, el gobierno del presidente Luis Abinader prefiere no comentar el problema. Incluso los organismos internacionales que ofrecen apoyo a los afectados son reticentes a hablar. "Estamos aquí, no vamos a ninguna parte porque ni siquiera conocemos Haití”, cuenta Elena.

Mientras en Haití la idea de una nueva intervención militar extranjera cobra fuerza por el aumento de la violencia y el control territorial de las pandillas, las autoridades dominicanas ya encaran la construcción de la segunda etapa del muro fronterizo. Una vez terminado se sumará al otro, al legal, y unas 250.000 personas seguirán en el limbo. Ni dominicanos ni haitianos. Seguirán siendo, como Andrés, los apátridas de La Española.

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